Juristas piden el fin de “la excepcionalidad” en el Derecho Penal tras el fin de ETA

Expertos vinculados a la judicatura, abogacía y las instituciones han pedido la adecuación del Derecho Penal al final de ETA y el fin de “la excepcionalidad”. En este sentido, han apostado por suprimir el régimen de detención incomunicada y el delito de enaltecimiento del terrorismo por “colisionar con la libertad de expresión.

La Fundación Sabino Arana ha editado, con motivo del tercer aniversario del anuncio de ETA de cese de la violencia, un número monográfico de la revista 'Hermes' que recoge las reflexiones que expertos en Derecho Penal llevaron a cabo en tres seminarios celebrados desde 2012.

En el último de ellos, desarrollado el pasado mes de junio, tomaron parte, entre otros, el presidente del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, Juan Luis Ibarra; el fiscal jefe del Tribunal Superior del País Vasco, Juan Calparsoro; el magistrado del Tribunal Supremo, Joaquín Giménez; o la catedrática de Derecho Penal de la Universidad Autónoma de Barcelona, Mercedes García Aran.

La revista ha sido presentada este lunes en Bilbao en un acto que ha contado con la presencia del presidente de la Fundación Sabino Arana, Juan Mari Atutxa, el director de Hermes, José Antonio Rodríguez Ranz, y la abogada y exvocal del CGPJ Margarita Uria.

Entre las conclusiones alcanzadas por los expertos, y que han sido plasmadas en un documento, se encuentra la necesidad de suprimir el régimen de detención incomunicada, así como la superación de la excepcionalidad que afecta al “deterioro de las garantías en materia de secreto de las comunicaciones e inviolabilidad del domicilio”.

Abogan además por la eliminación del delito de terrorismo sin pertenencia o colaboración con banda armada, además del de enaltecimiento por “colisionar con la libertad de expresión”.

“Por lo que se refiere a la protección de la dignidad de las víctimas abogamos por su exclusión del Código Penal, por una tutela extrapenal de su honor y dignidad”, ha reconocido Margarita Uria.

Asimismo, han recordado que el principio que debe regir la fase de ejecución de las penas debe ser el de la reinserción y, por ello, han insistido en la idea de permitir “el acceso de los presos a las condiciones de vida que la favorezcan”. Para ello, abogan por el cumplimiento de las penas por parte de los reclusos cerca de sus casas, así como la excarcelación de los internos que padezcan enfermedades graves o incurables.

Por lo que se refiere al papel de las víctimas, los expertos reivindican el derecho de éstas a la verdad, la justicia y la reparación. “No obstante, estos derechos no justifican la excepcionalidad que supone el incremento de su legitimación activa en la fase de ejecución de las penas”, han subrayado.

En este contexto, Margarita Uria ha considerado que llegará el momento en que puedan hacerse presentes todos estos principios, pese a que, “sin modificaciones normativas, se ha visto los últimos años que la propia Audiencia Nacional ha tenido interpretaciones adecuadas a la realidad como en las sentencias de Segi o Egunkaria”.

ANIVERSARIO DEL ANUNCIO DE ETA

En su intervención, el presidente de la Fundación Sabino Arana, Juan Mari Atutxa, ha recordado que este lunes se cumple el tercer aniversario del comunicado de ETA de cese de la actividad armada y ha considerado que “todas las víctimas merecen verdad, justicia y reparación”. Asimismo, ha enmarcado la “violencia policial, torturas, guerra sucia y otras violaciones de derecho” en “una mal entendida lucha antiterrorista”.

Tras apostar por una memoria “viva, sin ira ni odio, así como inclusiva”, una memoria “de memorias”, Atutxa ha subrayado que el nuevo tiempo “exige también una nueva justicia”.

En este contexto, ha defendido además que en todo proceso de paz “la de los presos es una cuestión sensible que, sí o sí y desde la legalidad, hay que afrontar”.

“El nuevo tiempo necesita de aportaciones decisivas por parte de los dos actores principales, ETA y el Estado. La de ETA en términos de entrega de las armas, disolución y reconocimiento del daño. Y del Estado en términos de desactivar y dejar sin efecto el arsenal legislativo, procesal y penitenciario de excepción construido los últimos años”, ha concluido.