La impunidad mata. Sí, y también el estar en lista de espera manipulada y alargada por los administradores mata si “no llegas a tiempo” (eufemismo para decir “si no llegas vivo”) a una operación quirúrgica o a quimioterapia. O si llegas al CAP en pleno infarto pero resulta que han cerrado las urgencias de noche y las más cercanas están a una hora. Y también, desgraciadamente, han recortado el SEM (Sistema d’Emergències Mèdiques), que son las ambulancias que te deberían ir a recoger.
Los brutales recortes de CIU en la sanidad catalana están matando a personas con nombres y apellidos, amigos y vecinos, y, cuando no las mata, les empeora la salud durante la larga espera para ser atendidos, diagnosticados y tratados, espera que, según el mismo conseller de Salut Boi Ruiz, ha aumentado un promedio del 42% bajo su administración.
Los recortes en la sanidad catalana matan a corto plazo. Pero la impunidad de los que los llevan a cabo mata a largo plazo. Si no obligamos a estos administradores a responder por los recortes en nuestra sanidad, ponemos en peligro la vida de nuestros hijos, nietos y otras futuras generaciones. Es verdad que vivimos con un sistema jurídico en el que aún pervive el franquismo, como explica el ex fiscal de corrupción Carlos Jiménez Villarejo en su reciente libro. Y también es verdad que 35 años después de la muerte de Franco aún vivimos con miedo a exigir responsabilidades a los políticos. Nos hemos acostumbrado, generación tras generación, a que la impunidad es parte de la cultura de la pandereta.
Pero somos muchos los que ya nos hemos hartado de aceptar lo inaceptable, esos delitos que nos privan de nuestros derechos y que nos matan. Por eso varias organizaciones comunitarias hemos presentado una querella criminal contra Boi Ruiz y otros 3 altos cargos de la administración sanitaria catalana, querella basada, sobre todo, en que el artículo 542 del Código Penal dice que es un delito el impedir a los ciudadanos el ejercicio de sus derechos cívicos. Y el acceso a los servicios sanitarios es un derecho cívico.
Los grupos que firmamos esta querella, la Liga del Síndrome de Fatiga Crónica, ATTAC-Acordem, ATTAC-Catalunya, CATAC, CGT y Dempeus per la Salut Pública, sabemos que es mentira que se recorta la sanidad catalana porque “els diners están a Madrid”, y que no es una casualidad que el dinero que ha sido desviado fuera de la sanidad pública en recientes casos de corrupción es la misma cantidad que lo que se ha recortado en los servicios sanitarios. Sabemos que recortan para degradar la sanidad pública y así empujarnos a la sanidad privada, a comprarnos seguros médicos, que fue lo primero que dijo el conseller Ruiz que había que hacer cuando fue nombrado conseller de Salut. Ruiz venía del consorcio sanitario más potente de Catalunya, la Unió Catalana d’Hospitals (UCH), y también tenía su propia compañía hasta hace pocas semanas, Know-how Advisers S.L., para asesorar negocios en la sanidad privada.
La impunidad, aunque sea una epidemia masiva en nuestro país, no es aceptable en una democracia. Nosotros nos tomamos muy en serio nuestro rol de ciudadanos activos y por eso hemos presentado esta querella, para dar pasos hacia una justicia real y hacia una democracia participativa, pasos que requieren luchas en los juzgados y en las plazas.
Los indígenas norteamericanos dicen que es su responsabilidad el proteger la tierra para las próximas 7 generaciones. Nosotros, ¿para cuántas generaciones estamos dispuestos a defender la sanidad pública?
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