Entidades por la educación inclusiva denuncian los efectos de los recortes de la Xunta en la enseñanza
Los recortes presupuestarios llevados a cabo en los últimos años por la Consellaría de Educación están provocando graves perjuicios a las niñas y niños con diversidad funcional en los centros de enseñanza de Galicia, dificultando mucho la educación inclusiva y de calidad que el Estado está obligado a proporcionarles. Es una advertencia de tres entidades sociales: la Oficina de Vida Independiente de Galicia (Vigalicia), la Asociación Solcom para la solidaridad comunitaria de las personas con diversidad funcional y la inclusión social, y la Asociación de padres de niños y personas con discapacidades de As Mariñas coruñesas (Dismacor), que parten de la denuncia de un caso particular, pero que alertan de que la situación es común a todo el país y que está afectando a millares de chavales y chavalas y sus familias.
Arturo es un niño con autismo escolarizado en el CEIP Salado Torres de A Coruña, un centro de escolarización preferente para niños con TGD y que, por lo tanto, debería estar perfectamente dotado para atender adecuadamente a estos niños. El traslado de su tutora a otro centro y la llegada de una nueva docente cambió completamente su situación, que hasta ese momento era buena, sin conflictos y con una integración más que aceptable. El centro modificó el sistema de enseñanza de forma unilateral y sin informar a los padres, y al niño le retiraron los apoyos visuales del aula. Ante las protestas de su madre, los responsables del colegio reconocieron que no disponían de formación ni de personal especializado para realizar correctamente su trabajo.
Ante la situación de estrés creada, en noviembre médicos del Sergas (Servizo Galego de Saúde) recomendaron la desescolarización de Arturo. Posteriormente el Director General de Educación de la Xunta de Galicia les propuso a los padres trasladar a Arturo al colegio en el que trabaja en la actualidad la pedagoga terapéutica que tan buenos resultados había conseguido en el pasado. Ante esta propuesta, los padres de Arturo no pudieron más que rechazarla ya que “el niño no puede cambiar continuamente de colegio siguiendo a sus docentes”. A día de hoy, Arturo ha vuelto al aula “pero sigue teniendo miedo y su inclusión sigue siendo poco satisfactoria”, según estas entidades, que también denuncian que la Consellería de Educación de la Xunta de Galicia no ha tomado ningún tipo de medida al respecto para mejorar la calidad de vida del niño.
Las tres asociaciones denuncian que “el caso de Arturo es uno más de los muchos que últimamente se dan en los colegios públicos de Galicia y que están directamente relacionados con la merma de presupuestos para la educación desde el comienzo de la crisis”. Añaden que “es obvio que si se retira personal cualificado que les proporcione a los niños el trato individualizado y específico que necesitan, los que más van a notar los resultados en su evolución son los propios niños y, por ende, su entorno más cercano”. Ante esta situación, concluyen, “la Administración pública, conocedora del empeoramiento clínico del niño, parece optar por mirar hacia otro lado, vulnerando así su derecho a una educación inclusiva y de calidad, tal y como se refleja en el artículo 24 de la Convención Internacional sobre los derechos de las personas con diversidad funcional promovida por la ONU en el año 2006, y poniendo en riesgo la salud del chico”.
“Hemos pasado mucho miedo por Arturo”, afirma su madre, Esther Cuadrado, quien añade que “no quiero verme en una rueda de prensa, como les pasó a otros padres, cuando las consecuencias para mi hijo sean irreversibles”. Acusa, además, a la Consellaría de Educación de “responder desde la indolencia y el pleno convencimiento de que no todos los niños tienen los mismos derechos”. “A mi hijo le retiraron las adaptaciones que necesita porque la Consellaría de Educación considera que la vida de Arturo, su salud e integridad, hacerle pasar un calvario, no vale 200 euros. La solución es sencilla: personal formado y 200 euros”, dice. Y añade que “parece justo reclamar que con el dinero de los impuestos de mi familia se haga una política pública que trate a todos, también a mi hijo, como ciudadanos de pleno derecho, en definitiva como personas”.
