Opinión y blogs

eldiario.es

25N y violencia de género: reflexiones sobre los cambios normativos

El 20 de noviembre de 2015 el Consejo de Ministros aprobaba la Declaración institucional con motivo del 25 de noviembre, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres. En dicha Declaración se alude a los cambios normativos llevados a cabo durante el último año en el marco de la Estrategia Nacional para la Erradicación de la Violencia contra la Mujer 2013/2016 aprobada al amparo de la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género. Pues bien, partiendo de las anteriores consideraciones, a continuación se recogen – sin ánimo de ser exhaustivo –, un elenco de las normas aprobadas en el último año con una incidencia directa en el abordaje de la violencia de género, a saber:

Se observa una importante actividad legislativa en lo que afecta a la violencia de género. Ahora bien, ¿en qué términos se concretan los cambios y/o novedades introducidas? Veámoslo a continuación:

Sin perjuicio de lo expuesto hasta ahora y de las consideraciones críticas que se puedan articular, lo cierto y verdad es que resta ver cuál es la afectación en la práctica de todas las novedades comentadas. Máxime si lo que se busca es acabar con este tipo de violencia. Y en este punto resulta esencial apuntar brevemente cómo las modificaciones introducidas parten de una premisa previa: la denuncia. Premisa que no siempre se da por los múltiples factores ya comentados ( aquí, aquí y aquí) y la especificidad de este tipo de violencia.

Seguir leyendo »

Política emocional: una guía para la campaña electoral

Hace tiempo que todo el universo de la comunicación política viene demostrando que el cerebro político es fundamentalmente emocional. Que el material del que está hecha la política son las emociones.

Sabemos que la ideología es una de las variables fundamentales para explicar el voto. Pero que hay contextos específicos que activan más estímulos emocionales, y que pueden hacer que los votantes cambien de comportamiento. Uno de estos contextos es sin duda el de las campañas electorales. En relación a ello, desde los años 90, una amplia investigación académica viene probando 1) que las campañas políticas tienen un importante impacto en el resultado de las elecciones, a pesar de que durante mucho tiempo se minimizó su efecto, 2) que el escenario donde se dirime la batalla política son fundamentalmente los medios de comunicación, 3) que el papel de las emociones en las campañas electorales dirimidas en plataformas mediáticas, y últimamente también en digitales, es absolutamente fundamental. A la luz de estas tres premisas, la pregunta que cabe hacerse es ¿cómo afectarán todas ellas a las elecciones generales del 20D?

El papel de las campañas

Seguir leyendo »

La sostenibilidad de las pensiones públicas

El gasto en pensiones crece el 2,94 % en octubre y suma 8.316,57 millones

Hace unos días un editorial de El País aprovechaba la publicación del informe de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIREF) sobre la revalorización anual de las pensiones para plantear la necesidad de abrir un debate sobre el futuro del sistema público. Dada la extraordinaria sensibilidad de este asunto, las dificultades que actualmente atraviesa la Seguridad Social y la incertidumbre que el desequilibrio de sus cuentas –y su interpretación– están generando a la ciudadanía, parece realmente oportuna esa reflexión. Sirvan estas líneas como una modesta contribución con la que se quieren aclarar algunos aspectos.

I. El problema coyuntural y el reto estructural. Como primera observación, es acertado señalar que el desequilibrio que hoy sufre el sistema de pensiones no deriva de un problema de gastos, sino de ingresos. Quiere ello decir que nuestro país no gasta demasiado en pensiones; al contrario, estamos por debajo de la media de los países de la Eurozona. Se preguntará entonces el lector por qué la Seguridad Social tiene un déficit superior al 1% del PIB desde hace cuatro años. Y la respuesta es sencilla: por el impacto de la crisis económica y por las políticas ‘austericidas’ que han concentrado todo el ajuste en la destrucción de empleo. Por ello, pese a que este desfase no es en absoluto menor –el Fondo de Reserva se agotará en 2017 ó 2018–, no cabe duda de que su naturaleza es coyuntural, como probaría el que ahora las cuentas estarían equilibradas si tuviéramos el número de cotizantes alcanzado antes de la crisis. En todo caso, hay que denunciar la estrechez del planteamiento que pretende hacer creer que la sostenibilidad del sistema de pensiones depende del nivel de ingresos vinculado a las cotizaciones sociales: la clave más bien reside –debería residir– en el volumen de riqueza que la sociedad está dispuesta a dedicar a sus ancianos, lo que exigirá, en su caso, la articulación de otras fórmulas de financiación.

Sin embargo, de nuevo en este punto se plantea un segundo interrogante que vendría a socavar la fiabilidad del actual sistema público de pensiones: la amenaza que deriva del próximo envejecimiento de la población. Frente al caso anterior, aquí la dimensión del reto es, en parte, estructural, puesto que es indiscutible que ese cambio demográfico va a suponer un incremento muy significativo del número de pensionistas a partir de mediados de la próxima década y durante un largo periodo de tiempo con la consiguiente repercusión en el gasto. Precisamente para dar respuesta a esta transformación de la estructura poblacional se aprobó de forma consensuada ( Pacto de Toledo y Acuerdo Social y Económico, tripartito) la reforma de 2011. Este conjunto de ajustes paramétricos imponía sacrificios a los pensionistas y trabajadores, pero garantizaba que el crecimiento del gasto asociado a ese fenómeno demográfico no superara –ni siquiera en el momento más crítico, 2050– un nivel que puede considerarse asumible en términos comparados: 14% del PIB. Un nivel inferior al gasto que hoy realizan Francia, Italia o Austria. A pesar de ello, el gobierno ‘popular’ no consideró suficiente el ajuste y volvió a impulsar cambios en 2013 con una contundencia sin precedentes.

Seguir leyendo »

La política antiterrorista en Francia: un modelo a preservar

Encuentran, con armas, un segundo coche utilizado por los terroristas

La cadena de atentados perpetrados en la noche del viernes en París plantea interrogantes desde muy diferentes puntos de vista. Desde la óptica jurídica, es casi inevitable preguntarse por su posible repercusión en el modelo francés de lucha contra el terrorismo y, más en general, en el modelo de los países del “espacio constitucional europeo”. Es sabido que la legislación antiterrorista comparada, después de los atentados del 11 de septiembre de 2001, viene incidiendo de forma claramente restrictiva en el ejercicio de determinados derechos y libertades. La respuesta de los diferentes países oscilan desde la opción militar o cuasimilitar hasta la radicalización de una legislación ya de por sí excepcional, pasando por un afianzamiento de esa legislación en aspectos muy concretos. Francia –como España- viene apostando por esta tercera opción. Una opción, por así decir, ponderada de prevención y represión del terrorismo, que diferencia seguridad y excepción militar.

Recuérdese que, en la década de los setenta, Francia se convirtió en blanco de un terrorismo nacional e internacional que intensificó sus acciones a lo largo de los años ochenta. En este contexto, y tras el verano especialmente trágico de 1986, el legislador francés optó por diseñar un marco normativo específico para la lucha antiterrorista. Esto es, un conjunto de reglas especiales o derogatorias del Derecho común en materia de prevención de atentados, garantías procesales a observar con ocasión de la detención y el enjuiciamiento de los sospechosos y represión penal de los delitos de terrorismo, inspirado en la idea de mantener un equilibrio entre libertad y seguridad. En Francia, desde entonces, se entiende que libertad y seguridad se refuerzan mutuamente y otorgan credibilidad y legitimidad a la acción gubernamental. Se hace necesario ponderar entre la lucha contra los violentos y los derechos y las libertades fundamentales. El legislador francés, en distintas ocasiones, ha reafirmado el propósito de combatir con eficacia a los que matan indiscriminadamente, pero desde el paradigma del Estado de Derecho.

Por otro lado, el Consejo Constitucional francés ha tenido ocasión de pronunciarse sobre buena parte de la legislación antiterrorista. Su papel de garante de los derechos y de las libertades se ha visto así reforzado. Cierto es que la lucha contra lo que se ha denominado el nuevo terrorismo internacional legitima un compromiso especial en el ámbito político, diplomático y también legislativo. Pero no lo es menos que esa respuesta especial puede comprometer la posición preeminente que los derechos fundamentales en el ordenamiento constitucional francés. El control de constitucionalidad ha adquirido de este modo particular relevancia. Otra cosa es que pueda decirse que, al controlar las más recientes medidas legislativas contra ese nuevo terrorismo, el Consejo Constitucional se haya enfrentado a un tema desconocido o novedoso. El Consejo ha venido más bien a reiterar su posición mantenida en pronunciamientos anteriores; ha permanecido fiel a una doctrina general que cabe considerar, en tal sentido, consolidada, aunque la aplicación concreta esa doctrina pueda ser discutible en algún sentido. No cabe, pues, hablar tampoco de una jurisprudencia de excepción. El Consejo ha ejercido con prudencia una función de control o revisora, sin perjuicio de que en algún caso haya concluido en una declaración de inconstitucionalidad (así, en 1996 y 2006). El legislador ha de procurar la conciliación entre, de un lado, el interés de la justicia penal y el mantenimiento del orden público –en su dimensión más clara de seguridad pública- y, de otro, el disfrute de los derechos fundamentales y de las libertades públicas consagrados ex Constitutione, particularmente la libertad personal, la libertad de circulación, la inviolabilidad del domicilio y el secreto de las comunicaciones. El legislador es quien realiza la ponderación necesaria para armonizar los distintos derechos, bienes y valores en conflicto. Y al Consejo le compete corregir, en su caso, los errores que pueda cometer el legislador al efectuarla. El control de esos posibles errores se opera a través del juicio de proporcionalidad. La justificación de la limitación de los derechos requiere que esa limitación sea idónea, necesaria y proporcionada en sentido estricto. Que el fin justifique los medios.

Seguir leyendo »

Los 4 bloques de Cameron

Bruselas recibe la carta de Cameron y da luz verde al inicio de negociaciones

Al fin son oficiales. Tras meses de filtraciones, rumores y discusiones técnicas, David Cameron ha lanzado sus propuestas para acomodar la relación entre el Reino Unido y la Unión Europea. A lo largo de este período de tiempo se han organizado múltiples conferencias, se han escrito infinidad de artículos al respecto y, de forma muy interesante, se han llevado a cabo incluso ejercicios de simulación de la negociación a venir en el Consejo Europeo y clasificaciones por países según si las peticiones serían aceptables o no.

Si bien son varias las cuestiones especialmente polémicas, el primer ministro británico considera que un éxito en las negociaciones daría lugar no solo a que el Reino Unido se sintiese más cómodo en la Unión Europea, sino también a una Unión Europea mejor y reformada, que se centraría en lo “importante”.

Veamos pues, qué se pretende negociar:

Seguir leyendo »

Decisiones parlamentarias y Tribunal Constitucional

Comienza el pleno del Tribunal Constitucional sobre el amparo contra Parlament

A propósito de la Propuesta de Resolución del Parlamento catalán, presentada por los grupos parlamentarios de Junts pel Sí y la CUP, relativa al “inicio del proceso político en Cataluña   como consecuencia de los resultados electorales”, debe admitirse con total normalidad democrática el cuestionamiento de su oportunidad política, la extrañeza por su apresurada tramitación, la perplejidad ante su votación con anterioridad a una incierta investidura del Presidente de la Generalidad y la estimación de su contenido como contrario a la Constitución.

Dicho esto, no resulta, en mi opinión, acorde con nuestro ordenamiento jurídico el recurso al Tribunal Constitucional para que éste se pronuncie sobre algunas de las decisiones parlamentarias ya adoptadas o que se van a aprobar en los próximos días en torno a esta cuestión. En este sentido se van a examinar a continuación separadamente la admisión a trámite de la Propuesta de Resolución por parte de la Mesa del Parlamento de Cataluña, la convocatoria de la Junta de Portavoces de la Cámara antes de la constitución de uno de los grupos parlamentarios y la naturaleza de la Resolución una vez sea aprobada por el Pleno.

Los grupos parlamentarios de Ciudadanos y del PSC, en unión de los diputados del PP, estimaron que la Mesa del Parlamento no debía haber admitido a trámite la Propuesta de Resolución porque su contenido es inconstitucional al declarar, entre otras cosas, que “se inicia el proceso de creación del Estado catalán independiente en forma de República” y consiguientemente “de desconexión del Estado español”. Coherentemente con ello solicitaron a la Mesa la reconsideración de su decisión . Sobre este punto la doctrina más reciente del Tribunal Constitucional excluye que las Mesas de las Cámaras puedan llevar a cabo una valoración sobre la conformidad constitucional del contenido material de las iniciativas parlamentarias cuando deciden sobre su admisión a trámite. En este sentido, el Alto Tribunal afirma lo siguiente: “De acuerdo con nuestra doctrina excede, empero, del ámbito de la facultad de las Asambleas Legislativas de calificar y admitir a trámite las iniciativas parlamentarias el control siquiera liminar de su constitucionalidad” (STC 85/2006, FJ 4). Por lo tanto, según añade el Tribunal Constitucional en la misma sentencia, las Mesas se deben limitar a verificar el cumplimiento de los requisitos formales reglamentariamente establecidos de las iniciativas parlamentarias y sólo pueden hacer un control del contenido material cuando el ordenamiento jurídico así lo estipule de manera expresa. De acuerdo con esta jurisprudencia, y dado que ni los artículos 164 y 165 del Reglamento del Parlamento de Cataluña ni ninguna otra norma establecen límites materiales al contenido de las Propuestas de Resolución, la Mesa del Parlamento, con buen criterio, admitió a trámite la iniciativa de Junts pel Sí y la CUP y desestimó las peticiones de reconsideración.

Seguir leyendo »

Amparo para parlamentarios

La urgencia, aunque sea histórica, es mala consejera. Me parece que las prisas han creado un problema en el Parlamento de Catalunya, que podría haberse evitado con un poco de paciencia. Ahora la controversia ha entrado en el Tribunal Constitucional por la vía de los recursos de amparo presentados por Ciudadanos (C’s), el PSC y el PP.

Recordemos que el asunto empieza el 27 de octubre, cuando la Mesa admite a trámite la propuesta de resolución secesionista firmada por Junts pel Sí y la CUP, y le da curso por vía de urgencia. Los representantes de los grupos parlamentarios de C’s y del PSC solicitan a la Mesa la reconsideración de esos acuerdos, y a título individual se adhieren los diputados del PP. Lo hacen así porque en ese momento aún se ha constituido el grupo parlamentario del PP, ni ha elegido a su portavoz. Lo harán en la tarde del día 5 de noviembre, dentro del plazo de que disponían para hacerlo y que concluía en la mañana del viernes día 6.

De acuerdo con las previsiones del reglamento de la cámara catalana (art. 38.c), para la reconsideración de los acuerdos de su Mesa esta dispone de cuatro días hábiles para decidir sobre la petición de reconsideración de los acuerdos, habiendo escuchado a la Junta de Portavoces. Y el último día para decidir era el 3 de noviembre, cuando aún no había terminado el plazo para que se constituyera formalmente el grupo del PP. Mientras que no se constituyera, no podía elegir su portavoz. Hasta que no tuviera portavoz, no podía existir formalmente la Junta de Portavoces, puesto que faltaba uno. Y si no existía formalmente, no podía ser escuchada como requiere el citado artículo 38.c. El problema de los plazos podría describirse así: los plazos para la mesa terminaban el 3 de noviembre, mientras que para disponer de todos los portavoces concluían el 6.

Seguir leyendo »

Así no: ni unos ni otros

La Junta de Portavoces del Parlament arranca envuelta en polémica y sin el PP

Los diputados y diputadas que representan la mayoría de escaños en el Parlamento de Catalunya, Junts pel Sí y las CUPS, han presentado en la Mesa del Parlament una Resolución que supone un choque frontal con las normas mínimas y esenciales de eso a lo que llamamos Estado de Derecho y por lo que llevamos construyendo en Europa desde hace más de dos siglos. Mucho se habla de la legitimidad estos días en contraposición a la legalidad, como si fueran realidades desligadas o desligables. Olvidan quienes hacen este planteamiento que la legitimidad de las mayorías, y de las minorías (la democracia debe protegerlas), de nada sirven si no es bajo un sistema jurídico determinado. Sino, cada mayoría, por coyuntural o eventual que fuera, podría imponerse siempre y en todo caso a las anteriores, independientemente de cual fuera su contenido o propósito. En nuestro caso, el sistema de referencia, las reglas del juego, viene dado por la Constitución de 1978 y el ordenamiento jurídico que la desarrolla, el ordenamiento de la Unión Europa y los compromisos internacionales por los que hemos decidido obligarnos. Prescindir de todo esto supone abrir una puerta a la incertidumbre jurídica, fuera de todo marco de referencia, en el que no hay reglas de juego prefijadas, lo que dota de inseguridad a toda conducta de las instituciones pero también a la ciudadanía. En definitiva, permite iniciar un camino fuera de la legalidad que sirve también a nuestros derechos, a su tutela, y a nuestra convivencia. Es cierto que urge cambiar, y no sólo cosméticamente, el pacto de convivencia que contiene la Constitución de 1978 y adaptarlo así a las nuevas exigencias de nuestra realidad política y social, también a la catalana. Pero no podemos permitir que eso se haga de cualquier forma porque supondrá el fracaso de todo el proceso, también el de aquellos que quieren la independencia, porque su legitimidad no será reconocida por nadie más que por ellos al hacer que salten por los aires todos las cautelas propias del Estado de derecho democrático que reconocemos como propio y que hemos coincidido en elesobre el todos deseamos construir nuestro pacto social.

En el otro lado, genera interrogantes la estrategia exclusivamente “jurídica” del gobierno estatal para hacer frente a un conflicto político de primera magnitud. Las dudas aparecen en relación con la eficacia que puedan tener las medidas que estas semanas se están proponiendo para acabar ya sea con la actitud beligerante aunque pacífica de las instituciones catalanas ya sea para acabar con la persona a la que hacen responsable de todos sus/nuestros males: el Sr. Artur Mas. En este último caso pareciera que, y perdónenme la expresión, “muerto el perro, muerta la rabia”.

En primer lugar se asume que la hoy propuesta de Resolución del Parlament será recurrida ante el Tribunal Constitucional en cuanto aquella adopte naturaleza de acto jurídico. La vía de recurso será la prevista en el artículo 161. 2 CE (utilizado en contadas ocasiones hasta tiempos recientes) por lo que la Resolución quedará inmediatamente suspendida. Es este un mecanismo que la Constitución brinda al Gobierno del Estado y que privilegia su posición respecto de la de los ejecutivos de las Comunidades Autónomas (sus razones tendría el Constituyente). Así las cosas la Resolución de marras quedará suspendida como mínimo durante 5 meses de forma automática y después tanto tiempo como el TC estime oportuno. A partir de aquí cabe preguntarse cuál será el alcance de las nuevas posibilidades de ejecución de sus propias sentencias que el Partido Popular ha otorgado al TC a través de una reforma exprés de su Ley Orgánica . Obviamente   primero debe dictarse la Sentencia respecto de la Resolución que puede suponer meses o años. Una vez que se haya dictado la sentencia, la aplicación de las medidas de ejecución afrontará una serie de problemas. En primer lugar, si la sentencia resolviera que la Resolución (o admisión de propuesta de resolución) es contraria a la Constitución y, por tanto, nula ¿qué cumplimiento podría exigirse si es un acto político? Y por tanto ¿a qué autoridad podría suspenderse por incumplimiento? Lo suyo sería inhabilitar, si fuera el caso, a la Presidenta del Parlament. Pero, ¡atención!, porque la lectura del nuevo articulado de la Ley Orgánica del TC parece dar a entender que es el propio Tribunal el que decide qué autoridad debe dar ejecución a su sentencia: ¿podría entonces decidir que fuera el futuro President (o Presidenta) de la Generalitat el que debiera cumplir la Sentencia? Lo cierto es que resulta un tanto extraño imaginar que se haga responsable del (difícil) incumplimiento de una resolución política del Parlament a la cabeza del Ejecutivo pero, según el tenor literal de la ley, podría darse.

Seguir leyendo »

Golpe jurídico a la transferencia de datos europeos a Estados Unidos

La CE dice que hay mecanismos para la entrega segura de datos a EE.UU. tras la sentencia

Ya en 2011, Max Schrems, estudiante entonces de tercero de Derecho, puso en evidencia a Facebook, al solicitar toda la información generada sobre él en los tres meses que llevaba como usuario. Facebook (Irlanda) le remitió 1.222 pdf con documentación. Después, a resultas de las revelaciones de Snowden sobre el flujo de datos hacia la NSA norteamericana, el ya licenciado Schrems inició una batalla legal que ha concluido con la Sentencia TJUE (Gran Sala), de 6 de octubre de 2015, en el asunto C362/14, que remueve los cimientos del tratamiento jurídico de la protección de datos en la UE.

Tras el caso Snowden, los jueces supremos de la UE han mostrado especial sensibilidad en estos temas: este mismo tribunal anuló en abril de 2014 la Directiva 2006/24/CE de conservación de datos de tráfico de nuestras comunicaciones y en mayo del mismo año obligó a Google a responder a cientos de miles de solicitudes sobre el ya manido “derecho al olvido”. Así, los jueces han asumido un papel que el legislador de la Unión no se atreve o no puede ejercer por falta de consensos suficientes entre sus miembros. Y es que tras 20 años, la Directiva 95/46/CE se ha quedado obsoleta en no pocos ámbitos y pronto se cumplirán cinco desde que la Comisión presentó un Reglamento de protección de datos para la UE, norma que todavía no se ha aprobado.

¿Qué implica la sentencia del caso Schrems vs. Facebook? Que deja en evidencia y sin cobertura jurídica a buena parte del trasiego de datos personales de millones de ciudadanos y empresas europeas con empresas de EEUU, que se dan de forma habitual y rutinaria por el uso de redes sociales, correo electrónico, servicios de nube o alojamiento de datos con empresas de aquel país. En suma, la sentencia desmonta el sistema especial que daba cobertura a estas transferencias con EEUU.

Seguir leyendo »

El caso Schrems: la privacidad contra la vigilancia masiva

El Tribunal de la UE inválida la decisión de la CE que permite la transferencia de datos a EEUU

El pasado 6 de octubre el Tribunal de Justicia de la Unión Europea dictaba una sentencia emblemática que marcará un antes y un después tanto en la jurisprudencia de protección de datos en Europa como en las relaciones con Estados Unidos. Este pronunciamiento supone un hito porque anula la Decisión del año 2000 sobre los principios de “puerto seguro”. Mediante esta norma, la Comisión Europea reconocía que las transferencias de datos a las empresas de Estados Unidos adheridas voluntariamente a dichos principios - y entre las que se encuentran titanes tecnológicos como Facebook, Amazon, Google o Twitter - tenía un nivel “adecuado” de protección.

Los perdedores de este fallo judicial tienen nombre propio: la Comisión Europea y los Estados Unidos. La legitimidad del ejecutivo comunitario ha sufrido un duro varapalo. El Tribunal le reprocha que no llevara a cabo su obligación de comprobar si Estados Unidos garantizaba un nivel de protección de los derechos “sustancialmente equivalente” al asegurado en la Unión. No olvidemos que la Comisión había seguido defendiendo la Decisión de “puerto seguro” incluso tras las revelaciones de Snowden en 2013, ignorando la petición específica del Parlamento Europeo de suspender tal normativa. Tan sólo se limitó a realizar trece recomendaciones, permitiendo que el sistema siguiera funcionando, ajeno al supuesto espionaje masivo que la National Security Agency (“NSA”) realiza sobre los ciudadanos europeos.

El segundo perjudicado por la decisión judicial es Estados Unidos, cuyo sistema de protección de datos no está a la altura de lo que el Tribunal europeo considera necesario para proteger la privacidad de los ciudadanos europeos. Quizás es algo que ya sospechábamos y esta sentencia no hace más que confirmar esos temores. Las empresas estadounidenses adheridas al sistema de “puerto seguro” resultan obviamente damnificadas por este pronunciamiento. No obstante, como señalaron los comisarios Frans Timmermans y Věra Jourová en la rueda de prensa inmediatamente posterior a la publicación de la sentencia, existen otras vías legales para que las corporaciones puedan seguir transfiriendo los datos a través del Atlántico. Lo que no es tan evidente es cómo afectará el fallo judicial a las relaciones comerciales entre ambas orillas del océano, y más concretamente, al polémico Tratado de Asociación Transatlántica de Comercio e Inversión (más conocido por sus siglas en inglés “TTIP”). Si bien este tratado excluye la regulación de la protección de datos de su ámbito material, puede tener implicaciones indirectas en términos de legitimidad y de confianza en Estados Unidos como socio.

Seguir leyendo »