La transparencia: un nuevo contrato social
El sentimiento ciudadano de desafección hacia la política se debe, en gran medida, a la situación de crisis y desempleo galopante que vivimos. Cuando la ciudadanía lo pasa mal, busca y señala responsables y, por supuesto, los representantes públicos lo son; y lo son los primeros. A pesar de que también hemos vivido otros periodos de crisis económica severa, las principales instituciones del Estado están siendo percibidas como un problema para la ciudadanía. Percepción corroborada, serie a serie, por los estudios del CIS. Los partidos políticos (tercer problema del país, según los encuestados), las autonomías, la monarquía, símbolos de la estabilidad y perdurabilidad del sistema ideado y acordado en la Transición, inspiran más desconfianza que nunca. Sin duda, tampoco ayuda a esta falta de legitimación el hecho de que en medio de la mayor depresión desde el “crack” del 29, no haya forma de encender la televisión y no sonrojarse con los informativos.
Pero al margen de la crisis, y mucho antes de que llegara, ya hacía falta una reforma en profundidad en nuestro sistema democrático, tocando dos de sus pilares clave: los partidos y las instituciones de representación. Sin duda alguna, la obsolescencia de nuestro sistema institucional, por otra parte lógico, después de 35 años de funcionamiento prácticamente inmutable, contribuye a la grave crisis de confianza. Una desconfianza que ha alimentado, y lo seguirá haciendo, los diferentes estallidos sociales vividos en los últimos dos años.
Efectivamente, las relaciones sociales en democracia se establecen de acuerdo a mecanismos contractuales. En la medida en que vivimos una crisis de confianza, el nuevo contrato debe comenzar precisamente restableciéndola. Y son muchos los inputs que indican que la mejor forma de transmitir confianza es la transparencia: en los partidos y en las instituciones, primero, para extenderla después a distintos ámbitos de la sociedad.
Empiezo con los partidos políticos apoyándome en un ejemplo. El Partido Socialista de Euskadi acaba de hacer público a través de su web su balance “interno” correspondiente a 2012, y apenas el 2% de sus ingresos proceden de las cuotas de sus militantes. El resto, de forma directa (subvenciones) o indirecta (aportaciones de grupos institucionales) procede de los Presupuestos Generales. Esta situación es aplicable con toda probabilidad al resto de formaciones políticas, en Euskadi y en el conjunto de España. Así pues, si los partidos políticos funcionan casi en su totalidad con dinero público y, sobre todo, si su papel es “fundamental para la participación política”, según el artículo 2.6. de la Constitución, no hay motivo para que no publiciten periódicamente la evolución de su patrimonio y su estructura de gastos e ingresos, y dejar de ser ahora mismo “uno de los sectores más opacos de la sociedad”, como se señala en el último informe de la Fundación Compromiso y Transparencia.
Esta sencilla medida, inédita hasta el momento, no requiere ningún esfuerzo especial por parte de las organizaciones políticas y, sin embargo, tendría dos efectos positivos que ayudarían a mejorar el estado de cosas. Por un lado, facilitaría el control económico-presupuestario por parte de los diferentes miembros de la organización política en cuestión, así como de todos aquellos ciudadanos y ciudadanas (periodistas inclusive) que quieran contrastar la información, lo que conllevaría una mejora de las “alertas tempranas” dentro de los partidos y, por tanto, de su funcionamiento en clave de accountability. Y por otro, ayudaría a cambiar la percepción del barómetro del CIS del pasado mes de enero, que situó la “corrupción” como segunda preocupación para la ciudadanía, como consecuencia directa de las dudas en torno a las cuentas del partido en el Gobierno.
Similares consecuencias positivas arrojarían otra panoplia de medidas en el mismo sentido. Medidas válidas tanto a nivel partidario como a nivel institucional, donde, si cabe, tiene aún menos sentido la falta de transparencia actual. A saber, que fueran “visibles” para toda la ciudadanía los cargos orgánicos e institucionales de todos los partidos políticos, facilitando las responsabilidades concretas que desempeñan y estableciendo formas de contacto sin necesidad de pasar por “filtros”; que se publicitase de forma accesible y periódica la evolución de las actividades y bienes de los cargos públicos; que se sometieran las cuentas de los partidos y fundaciones políticas a auditorías externas y se publicitasen los informes de supervisión del Tribunal de Cuentas; que se pudiera conocer el destino de los dineros públicos que reciba cualquier empresa y se pudiera acceder a las declaraciones de bienes y actividades de los responsables de las mismas (al menos en las públicas y participadas); que se pongan en marcha en los partidos medidas como el Perfil del Contratante, que ya están aplicándose en muchas Administraciones; etcétera.
No hay motivos para ocultar a la sociedad el destino último y las explicaciones sobre la utilización del dinero que se obtiene de sus impuestos. Además, con los avances tecnológicos con que contamos y con la extensión de los mismos al conjunto de la sociedad, no hay impedimentos para que se puedan conocer ese destino y las explicaciones just in time.
Pero es que finalmente, sólo dando ejemplo desde la actividad pública, con estas u otras medidas, se podrá empezar a exigir transparencia a la actividad privada, algo tanto o más necesario aún, puesto que ésta se desarrolla de forma generalizada tras una cortina de opacidad que le permite esconder abusos de poder, injusticias en función del género o diferencias salariales que escapan a toda lógica. Y ése es el objetivo a fin de cuentas, cambiar la política para cambiar la sociedad.
