Ciudadanos: en la doble encrucijada
La segunda tanda de medidas económicas de Ciudadanos (Cs), sus propuestas de “Reactivación Económica”, junto a las ya presentadas en materia de empleo, arrojan algo de luz sobre el interrogante ¿qué es Cs?. Sin embargo, y a falta de presentar el grueso de sus medidas fiscales, el partido se encuentra en mitad de dos dilemas: delimitar el grado de concreción de sus medidas y su posicionamiento ideológico.
De las aulas a la arena política.
Partes de su programa como “cambiar el modelo productivo”, un “Plan Integral de Apoyo a Autónomos”, el fomento de la PYME, el aumento de la inversión en I+D+i (quizá no en todos los partidos) o apelar a una nueva política energética o de infraestructuras, son viejas conocidas que parecen volver cada vez que hay elecciones.
Sin embargo, la presencia de Luis Garicano, de la London School of Economics, o Diego Comín, de la Universidad de Dartmouth, parece haber abierto la puerta a la introducción de propuestas y medidas muy concretas y poco debatidas, casi relegadas a ambientes académicos, aunque algunas de ellas, como el contrato único, ya hayan tenido una presencia más o menos exitosa en el debate político.
La idea de un contrato único con indemnización creciente aparecía ya recogida en la Propuesta de Reactivación Laboral en España de abril de 2009, más conocida como Manifiesto de los 100 y promovida, entre otros, por el propio Garicano. Posteriormente, fue difundida por el colectivo Politikon y presentada como proposición no de ley por UPyD. La propuesta de Ciudadanos vendría además acompañada de un seguro contra el despido con aportaciones del trabajador del 1% de su sueldo, algo similar a la llamada mochila austriaca. Sin embargo, siempre que se ha planteado un contrato único con indemnización creciente, se ha suscitado el debate en torno a su encaje legal o su efectividad sobre la creación de empleo y la calidad del mismo y se ha terminado por desechar.
Intentar fomentar el crecimiento de las PYMES, flexibilizando para ello la normativa fiscal o laboral que discrimine en función del tamaño, para lograr incrementos de la productividad o de la capacidad exportadora, es otra medida que ha sido influida por la investigación académica (en este caso, concretamente del propio Garicano). La diferente regulación entre PYMES y grandes empresas actuaría como un freno al crecimiento de las primeras, creando barreras allá donde se produce el cambio de régimen y perpetuando la existencia de microempresas.
La búsqueda de un Silicon Valley español, mediante la creación de parques científicos y tecnológicos, vendría acompañada de un aumento de la inversión en I+D+i hasta alcanzar el 3% del PIB. Este aumento de la financiación vendría en parte de frenar la inversión en el AVE, que según un reciente estudio de Ofelia Betancor (de la Universidad de las Palmas de Gran Canaria) y Gerard Llobet (de CEMFI), presenta una rentabilidad (tanto social como financiera) negativa. Frente a esto, Ciudadanos propone, en materia de infraestructuras, realizar primero un análisis coste-beneficio de los proyectos.
Pese a que dos tercios de esta inversión vendría del sector privado, el plan se completaría con políticas de apoyo a la investigación aplicada, de impulso a las empresas en las primeras fases de crecimiento o de colaboración y financiación público-privada para inversiones productivas. En cualquier caso, quedaría por explicar cómo se llegaría a ese 3% de inversión en I+D sobre el PIB.
Izquierda, derecha, centro
Esta visión del sector público como impulsor activo de la actividad empresarial, fomentando la acumulación de capital humano, la innovación y el conocimiento, contrasta con el enfoque más “liberal” expuesto por Garicano en su libro El dilema de España.
Además, el programa de Ciudadanos apuesta por realizar inversiones en infraestructuras de energía, digitales y de transporte, o simplemente “regeneración industrial” y “fomento de sectores punteros”, y llevar a cabo medidas que mejoren la organización del trabajo, la tecnología, la educación y los sistemas informáticos. Todo ello conllevaría también una fuerte participación del Estado.
Medidas más en la linea de un Estado que “se tiene que retirar” de ciertos sectoresestarían la reducción de la burocracia, la búsqueda de un mercado laboral más flexible, la reforma de los diferentes servicios públicos de empleo, o la disminución de los trámites necesarios para la creación de empresas.
Respecto a la necesidad de acabar con el “capitalismo de amiguetes”, hacen hincapié en revisar la política de defensa de la competencia, proponiendo limitar los oligopolios de facto y estableciendo “un buen sistema (...) con reglas claras y transparentes y con unos organismos reguladores y supervisores independientes y eficaces”.
Enumeradas todas estas medidas, se aprecia con claridad uno de los problemas de los que hablaba al principio: el grado de concreción de las propuestas. Mientras que medidas como el Seguro contra el Despido, el Complemento Salarial Anual Garantizado para aquéllos que no alcancen un mínimo de ingresos, la introducción de cheques de formación para desempleados de larga duración, o la “segunda oportunidad” para personas físicas junto con la dación en pago hasta el valor de mercado, se encuentran detallados y definidos ampliamente, otras medidas quedan a la espera de desarrollo y concreción.
En general, intentan mantener el equilibro entre libre mercado y Estado del Bienestar, entre libertad e igualdad de oportunidades, o entre flexibilidad y seguridad. Y aquí es donde se encuentra su segunda encrucijada: su propia definición ideológica.
Por el momento, dos tercios del programa económico y muchas preguntas están sobre la mesa. En breve sabremos más en lo referente a la política de fiscalidad, aunque algunas medidas, como la “reforma del IVA hacia un tipo único en el que la mayoría de los bienes y servicios tributen al tipo general entre el 16% y el 19%” ya se han dado a conocer y han suscitado los primeros debates.
