Notas rápidas sobre las medidas regeneradoras de Rajoy
Entre las medidas de regeneración democrática que Mariano Rajoy propuso ayer en el congreso de los diputados hay algunas que se refieren al modelo de financiación de los partidos políticos. Concretamente se propone la prohibición de donaciones a los partidos procedentes de las personas jurídicas. Quiero referirme específicamente a esta medida que también es propuesta por otras formaciones políticas como forma de solucionar los problemas de corrupción que asolan a los partidos.
Creo conveniente hacer unas consideraciones rápidas al respecto por si sirven para algo.
La prohibición no servirá para acabar con las actividades corruptas, sino que a mi modo de ver puede llegar a fomentarlas. El hecho de que se prohíban estas donaciones traerá como consecuencia que no se establezcan mecanismos de transparencia.
Me explico. Si el sistema permite las donaciones de personas jurídicas podremos exigir que se generen mecanismos que permitan a los ciudadanos saber qué entidades financian a los partidos y por tanto, cuando el ciudadano vote a un partido, sepa exactamente qué intereses puede haber detrás. Hay múltiples formas de fomentar la transparencia. Por ejemplo en Alemania, la financiación pública de los partidos depende de la financiación privada que obtengan, de manera que si los partidos no declaran qué financiación privada han recibido, no obtienen financiación pública. Esto se podría introducir en España, probablemente manteniendo una base fija de financiación pública para que los partidos con menores posibilidades de obtener financiación privada pudieran subsistir, así como limitando el nivel permitido de financiación proveniente de personas jurídicas para evitar que determinadas empresas pudieran “capturar” al partido en el gobierno.
¿De verdad creemos que el hecho de prohibir las donaciones de personas jurídicas va a hacer que estas no se produzcan? Lo único que conseguimos con la prohibición es que se consideren innecesarias las medidas de transparencia, y en consecuencia no podamos conocer cuáles son los intereses económicos que pueden estar detrás de las decisiones de los partidos que gobiernan. El problema no está en si los fondos de los fondos son públicos o privados, sino en que los ciudadanos no sepamos quién o qué grupo empresarial financia a una formación política. Con la prohibición generaremos oscurantismo.
Por otro lado, revisando las medidas propuestas, se echa de menos la inclusión de límites a las donaciones obtenidas por las fundaciones. Me parece que las limitaciones no sólo deben ir dirigidas a los partidos políticos (en cuanto a los límites de cuantías, condonaciones de préstamos, publicaciones en la web de las cuentas etc.) sino también a las fundaciones vinculadas a ellos (FAES, IDEAS), porque si no, lo que se prohíbe por una puerta entra por la de atrás, pero sin ser controlado.
