Agricultura reconoce la demora en la legalización de explotaciones pecuarias
La Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Aguas del Gobierno de Canarias, que dirige el nacionalista Narvay Quintero, ha reconocido que el ritmo de legalización de explotaciones ganaderas en las islas había sido lento en los últimos meses, quizá más de lo aconsejable. Este asunto parece que ya se ha resuelto tras la decisión de ese departamento autonómico de renovar la encomienda de gestión que antes tenía con la empresa pública Gesplan, cuyos técnicos se encargan del trabajo de campo y de las inspecciones in situ de las cuadras que piden participar en el proceso, que son muchísimas en toda Canarias.
Este lunes, en la reunión del Consejo de Gobierno, se aprobó un decreto de legalización que incluye cinco nuevas explotaciones ganaderas, esta vez situadas en Fuerteventura, Gran Canaria y Tenerife. Los citados recintos pecuarios se han legalizado al cumplir “con todos los preceptos incluidos en el artículo 5 de Ley de Medidas Urgentes”.
Según se explica en el citado proyecto de decreto, los informes emitidos han sido “favorables”, ya que se ha comprobado que esas granjas -dos de ellas situadas en Fuerteventura, otras dos en Gran Canaria y una en Tenerife- “se encuentran actualmente en explotación y han sido instaladas con anterioridad a 1999, fecha de entrada en vigor de la Ley de Ordenación del Territorio”.
La documentación indica que, si bien han experimentado un aumento de superficie en sus edificaciones o instalaciones con posterioridad a dicha fecha, éstas han tenido como objeto las “mejoras zootécnicas”, sin que sus dimensiones actuales “no afectan a los espacios incluidos en la Red Natura 2000”, tal y como exige la norma.
La Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Aguas del Gobierno de Canarias espera, en los próximos meses, “continuar” con la legalización de las explotaciones ganaderas, uno de los objetivos marcados por ese departamento. Con ello se “viene a solucionar un problema al que se enfrentan muchas de esas instalaciones en las islas”.
Pese a que se había señalado a la futura Ley del Suelo como uno de los instrumentos jurídicos para facilitar esas legalizaciones ganaderas, la Dirección General correspondiente impulsará todos los proyectos de regularización que sea posible al amparo del artículo 5 de la Ley de Medidas Urgentes, de 2011. De hecho, actualmente, un total de 77 explotaciones están en trámite de información pública en ayuntamientos y cabildos, la fase previa a su legalización vía decreto.
Ese artículo 5 pone de manifiesto que, a propuesta de la consejería competente en Ganadería y tras la emisión de los informes correspondientes por parte de Ordenación del Territorio y de Medio Ambiente, se podrá acordar la legalización territorial y ambiental de las edificaciones e instalaciones ganaderas actualmente en explotación que hubiesen sido ejecutadas, sin los correspondientes títulos administrativos, con anterioridad a la entrada en vigor de la Ley de Ordenación del Territorio, en 1999.
Del mismo modo, el citado artículo contempla las obras realizadas en las citadas explotaciones, “siempre que las ampliaciones posteriores supongan una mejora zootécnica, sean consecuencia de la adaptación a la normativa sectorial de aplicación o que la superficie ocupada fuera la destinada estrictamente al uso o explotación animal, hasta un máximo del 70% y siempre y cuando por su dimensión no le sea exigible la declaración de impacto ambiental”, se cita en la norma.
