El Gobierno de Canarias aprueba los decretos de legalización de siete explotaciones ganaderas
El Consejo de Gobierno de Canarias ha aprobado en su sesión de este lunes dos decretos por los que se legalizan otras siete explotaciones ganaderas en las islas, que en este caso están ubicadas en las islas de Tenerife, Gran Canaria y Lanzarote.
Se trata de una de las líneas de trabajo de la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Aguas para aportar estabilidad al sector pecuario mediante la legalización de aquellas explotaciones construidas antes de 1999 y que, por diferentes razones y modificaciones normativas, no tuvieron la posibilidad de obtener su legalización por los cauces habituales.
De esta manera, el primero de los decretos hace referencia a dos ganaderías ubicadas en el municipio tinerfeño de La Laguna. Se trata de una de ganado vacuno en el pueblo de Las Mercedes y otra de ganado equino en la zona de San Lázaro.
El segundo de los decretos incluye otras cinco explotaciones que están ubicadas en los municipios de Tacoronte, Granadilla de Abona y El Rosario (Tenerife), Yaiza (Lanzarote) y Santa Lucía de Tirajana (Gran Canaria).
Para lograr esta legalización, la Dirección de Ganadería del Gobierno de Canarias, como órgano competente en la materia, realiza diferentes trámites ante cabildos, ayuntamientos y otras administraciones públicas implicados, como las certificaciones del área de Industrias, Registros y Bienestar Animal, el informe de la Dirección General de Protección de la Naturaleza, el informe de la Dirección General de Ganadería y el informe de la Dirección General de Ordenación del Territorio.
Debido a que los trámites que han de seguirse son complicados y atañen a varios departamentos autonómicos, el pasado 2 de junio de 2017 se aprobó la encomienda plurianual con la empresa pública Gesplan para dar más agilidad y centralizar el procedimiento de legalización.
Además, la entrada en vigor de la Ley del Suelo supone la agilización de esos trámites por los procedimientos ordinarios de calificación territorial y la equiparación en la compatibilidad de usos de suelo.
