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Carta abierta al presidente Santos

La defensora colombiana de derechos humanos, María Esperanza Ramírez, ha tenido que huir de su país. Nos cuenta su historia y nos explica cómo las violaciones de derechos humanos continúan, ahora que su presidente, Juan Manuel Santos, está visitando España para recabar apoyos para el "postconflicto". #PazConDDHH

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Santos inicia hoy una visita oficial a España con reuniones con el Rey y Rajoy

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Mi nombre es María Esperanza Ramírez, tengo 58 años, soy mujer campesina, tengo cinco hijos, seis nietos y dos bisnietos. Estudié hasta quinto de primaria y hoy soy abogada "empírica". La mayor parte de mi vida viví en Miraflores, en el Guaviare, al sur de Colombia. Allí, entre los años 1995 y 2000, hubo unos enfrentamientos muy fuertes entre la fuerza pública y la guerrilla. Nuestro pueblo fue quemado, destruido, mucha gente, familiares, vecinos, amigos fueron asesinados. Por un momento sentí que las historias de la guerra de Vietnam que yo leía cuando era muy joven estaban pasando ante mis ojos. Lo perdimos todo y tuvimos que salir desplazados a la ciudad, a Bogotá. Con 50 años tuve conciencia por primera vez de que teníamos unos derechos, que no éramos culpables de lo que nos había pasado, y empecé a luchar por ellos, en especial, por los derechos de las mujeres desplazadas por el conflicto. Una lucha que ahora me ha obligado a abandonar mi país.

Señor Juan Manuel Santos, en Colombia la guerra continúa. Las mujeres seguimos siendo el objetivo perfecto de los dueños de la guerra. ¿Cómo se puede pedir apoyo internacional para un postconflicto en medio de un escenario real de conflicto? ¿Qué mayor prueba de ello que nosotras mismas, las mujeres defensoras de derechos humanos exiliadas? Desde aquí sentimos que cruzar las fronteras es solo la garantía de que no nos van a asesinar. Abandonamos nuestra patria huyendo de las balas, conscientes de que ha sido por defender los derechos humanos, por ser propietarias de tierras que son aptas para multinacionales y megaproyectos.

La defensora de derechos humanos, María Esperanza Ramírez, durante un acto en Amnistía Internacional Andalucía © AI

La defensora de derechos humanos, María Esperanza Ramírez, durante un acto en Amnistía Internacional Andalucía © AI


Hemos tenido que dejar atrás todo lo que poseíamos, en el olvido, a nuestras familias, lo más preciado, lo que de ellas nos ha dejado la guerra. Nuestras tierras, nuestro territorio, nuestras viviendas, nuestros colectivos de lucha, nuestras organizaciones de víctimas de base, los espacios donde realizábamos nuestro trabajo político y social, nuestra cultura… nuestro país, nuestra amada Colombia.

Ante tanto dolor y tanta crueldad, desarraigo, desintegración familiar, despojo y pérdida del tejido social, nos desgarra las entrañas el discurso político del “postconflicto”. Lamentamos recordarle, señor presidente Santos, que el conflicto sigue vivo y no entendemos que por parte del Estado se nos quiera exigir perdón y olvido.

Saludamos con mucho optimismo el diálogo de concertación para lograr la paz pero mientras que no se repare al universo de víctimas judicial y administrativamente, dando estricto cumplimiento a los mandatos constitucionales, convenios y protocolos nacionales e internacionales no alcanzaremos esa paz.

Señor Santos, nuestras declaraciones están en el fondo de los escritorios del Ministerio Público, sin ninguna intención de que esto se denuncie para que así haya menos casos tipificados como delito, y por ende, el Estado se inhiba de la reparación por vía judicial argumentando los vencimientos de términos para las denuncias. Pero los delitos de lesa humanidad no prescriben, y en ellos se incluye el desplazamiento forzoso.
El Sindicato Nacional de los Trabajadores de la Industria de Carbón en la marcha del pasado 15 de febrero © Particular

El Sindicato Nacional de los Trabajadores de la Industria de Carbón en la marcha del pasado 15 de febrero © Particular


Señor presidente, nuestro país sigue desangrándose. Las víctimas divagamos en los ámbitos locales, distritales, nacionales e internacionales y los y las que hacemos el trabajo de visibilizar y defender los derechos humanos estamos siendo callados por balines, fusiles, metrallas, o por falsas judicializaciones y señalamientos por parte del ministerio público, como el de Germán Vargas Lleras que, siendo ministro de Interior, tildó a los y las defensoras de “tramitólogos de desplazados” cuando lo que somos es líderes y lideresas de organizaciones de víctimas.

El Estado colombiano que usted encabeza tiene una deuda muy alta con las víctimas. No es justo que se trate de hacer creer a la comunidad internacional que se debe apoyar a Colombia para un postconflicto en el que no se ha pactado la paz y en el que los grupos paramilitares siguen amenazando, asesinando, sobornando, señalando y revictimizándonos.

En este momento, más de 200 líderes y lideresas siguen siendo amenazados de muerte. ¿Cómo se nos va a proteger? ¿O se trata de que nadie diga nada y todo siga quedando en la impunidad?

El 24 de octubre de 2014 recibimos la última amenaza por parte de las denominadas Águilas Negras, que operan en Cundinamarca. En esa lista figura mi nombre propio, María Esperanza Ramírez, y el de mi organización, la Asociación de Desplazados y Desplazadas para la Convivencia Pacífica (ADESCOP). Señor Santos, el Estado no puede evadir la responsabilidad de proteger a los defensores y defensoras de derechos humanos.

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