Es fácil olvidar el número de jueces canadienses que, en el último decenio, han fallado en favor de Omar Khadr. Ha sido verdaderamente asombroso, y entre ellos figuran magistrados de la Corte Suprema (no una, sino dos veces), la Corte Federal de Apelación y la Corte Federal (en numerosas ocasiones) y la Corte de Apelación de Alberta.
Dicho esto, el fallo que la Corte Superior de Alberta pronunció el pasado viernes 24 de abril figura, sin lugar a dudas, entre los más significativos. Por primera vez se ha pronunciado inequívocamente un juez sobre un derecho fundamental que se ha negado a Omar Khadr durante cerca de 13 años, a saber: su derecho a la libertad.
La jueza Ross nos recuerda que “cuando, como este caso, está en juego la libertad del solicitante, el artículo 7 de la Carta garantiza el derecho a solicitar la libertad con fianza en espera de la apelación”. Determina, además, que las pruebas que se le han presentado indican que hay buenas perspectivas de éxito en el recurso de apelación que Omar Khadr ha interpuesto en Estados Unidos para que se anule la sentencia condenatoria dictada contra él en el profundamente injusto proceso de la comisión militar de Guantánamo.
La jueza señala también que todas las pruebas indican que Omar Khadr se muestra “totalmente dispuesto a colaborar” y es un “preso modelo”, de “gran apoyo para la comunidad” y “bajo riesgo para la seguridad pública”. De hecho, pone de relieve que el gobierno no ha impugnado ninguna de estas pruebas.
Este fallo va directo al meollo de los innumerables motivos de preocupación que presenta el caso de Omar Khadr desde el punto de vista de los derechos humanos. Desde 2002 hasta 2012, cuando estuvo recluido primeramente en Afganistán y luego en Guantánamo, se hizo caso omiso de sus derechos como niño soldado y menor de edad detenido y no se tuvieron en cuenta las denuncias de tortura y malos tratos. Pasó varios años recluido sin cargos y sin acceso a un abogado. Al final fue juzgado por un procedimiento que no cumplió las normas internacionales sobre juicios justos. Lo comprobé personalmente en tres visitas que hice a Guantánamo para asistir como observador a esas vistas. Al final del día se declaró culpable y aceptó una condena de ocho años, que ahora afirma que le pareció que era su única salida.
Su recurso de apelación en Estados Unidos –que tardará todavía en verse, quizá varios años, y que se considera que tiene muchas posibilidades de éxito a juzgar por fallos dictados en casos similares– es su intento de rectificar y reparar todas esas injusticias. En la decisión de concederle la libertad con fianza se concluye justamente que es justo y legal que así sea (en condiciones aún por determinar) mientras se resuelve el recurso.
Resulta decepcionante, aunque no sorprendente, que el gobierno canadiense haya anunciado en seguida que va a apelar. Esa ha sido su estrategia en todas las etapas del caso de Omar Khadr, con independencia de que hubiera motivos legales creíbles para hacerlo. El hecho de que lo haya anunciado tan rápidamente, tras una sentencia tan detallada y compleja, basada en la legislación nacional y el derecho internacional, indica que todo el asunto es una cuestión de política, no de ley. Ha quedado claro con la grandilocuente declaración que ha hecho de ministro de Seguridad Pública, Steven Blaney, para poner de relieve que el gobierno “se esfuerza por combatir el movimiento yihadista internacional, que ha declarado la guerra a Canadá y a sus aliados”.
Para el gobierno, el caso de Omar Khadr ha sido siempre un asunto de retórica, no de derechos; de política, no de justicia. Sin embargo una vez más los jueces ha fallado en favor de los derechos y la justicia. Y esto es, a fin de cuentas, lo que debe prevalecer y lo que prevalecerá.
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