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Cuando conseguir un tratamiento médico es noticia

Hoy es un buen día. Hoy, Manuel Jesús Trancoso, un hombre de 42 años diagnosticado de coinfección de VIH y hepatopatía crónica, va a comenzar a recibir el tratamiento de Telaprevir prescrito por el especialista del Hospital Virgen del Rocío y que es imprescindible para salvar su vida. Si le resulta extraño que destaquemos como noticia el que una persona acceda a un medicamento que precisa para su curación y cuya administración está normalizada en la sanidad pública seguramente sea porque no sabe cuántas cosas han tenido que pasar desde que el doctor especialista de infecciosos prescribió el tratamiento hasta que hoy Trancoso va a empezar a recibirlo.

Hace más de dos años que a Manuel Jesús se le mandó esta medicación como única terapia posible pero en este caso, por desgracia, no bastó con la prescripción médica. Para que este hombre accediera al tratamiento que precisaba para curarse han sido precisas muchas cosas. Han sido necesarios una serie de informes de seguimiento en consulta del Servicio de Enfermedades Infecciosas del Hospital demostrando la evolución negativa de su enfermedad por no haber recibido ninguna terapia y advirtiendo del riesgo inminente de desarrollar cirrosis o cáncer, han sido necesarios varios artículos publicados en la prensa escrita - algunos en este periódico- denunciando que la salud de este hombre empeoraba sin que se hiciera nada, han sido necesarios un informe, una queja en el Juzgado denunciando la terrible situación que estaba viviendo esta persona y varios comunicados de la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía (APDHA), ha sido necesaria una resolución judicial que establecía que este hombre debía recibir el tratamiento que se le había prescrito, ha sido necesario una pregunta escrita sobre este problema en este caso y otros como el suyo en el Congreso de los Diputados realizada al Gobierno, han sido necesarias dos intervenciones en la sede del Parlamento Andaluz de la consejera de Igualdad Salud y Políticas Sociales de la Junta de Andalucía, ha sido necesaria una recomendación del Defensor del Pueblo Andaluz solicitando que se le suministre la medicación, ha sido necesaria una queja de la Defensora del Pueblo de España ante Instituciones Penitenciarias y su recomendación de que reciba ya el tratamiento, ha sido necesaria una madre que ha luchado sin parar para conseguir que su hijo reciba el tratamiento que precisaba y ha sido necesario el anuncio de la apertura de una investigación de oficio conjunta entre el Defensor del Pueblo Andaluz y la Defensora del Pueblo Nacional ante la vulneración del derecho a la salud por la restricción de medicamentos de la hepatitis C.

¿Todo esto por qué? ¿Por qué ha sido tan difícil para este hombre acceder al medicamento que precisaba cuando otras personas lo reciben en cuanto que les es prescrito? El único motivo que explica todo esto es que Manuel Jesús Trancoso está ahora mismo preso en la cárcel de Sevilla I y mientras que se aclaraba si era la Junta de Andalucía o Instituciones Penitenciarias quien debía pagar el caro tratamiento, la salud de Manuel iba empeorando día a día. Las restricciones impuestas por los recortes económicos están imposibilitando que las personas presas accedan a un derecho básico como es el de la protección de la salud. Si Trancoso hubiera estado libre, hace dos años que hubiera comenzado a recibir la medicación. Las consecuencias de este retraso son terribles. El no recibir tratamiento ha supuesto la evolución desde fases iniciales hasta alcanzar una fibrosis muy avanzada en estadio cirrótico.

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Frontera de Ceuta-Melilla: es cuestión de Justicia

Inmigrantes subsaharianos en Ceuta / EFE.

No es suficiente con que los responsables del control de la frontera cumplan la ley. No es suficiente con que los transgresores sean sancionados. La vida y la dignidad de las personas migrantes exigen un trato de Justicia que debe estar mas allá de las formalidades legales. El blindaje de fronteras a las personas migrantes cuando dinero y mercancías tienen reconocida una total o casi total libertad de movimientos, no es solo un agravio comparativo sino una grave injusticia.

Cuando una persona, en su largo y penoso itinerario migratorio, llama a las puertas de España o Europa y desde esta parte se le contesta con alambradas coronadas de concertinas, barreras policiales, mafias explotadoras y un mar convertido en foso de muerte, cuando se contesta con rechazo y expulsión, se comete una grave injusticia contra ella.

Nada ha hecho para que sea considerada como criminal indeseable y, sin embargo, así es tratada por los que dicen velar por la soberanía nacional. Es triste contemplar a los que se dicen garantes de esa soberanía abrir puertas a los expoliadores al mismo tiempo que niegan a las personas migrantes hasta el reconocimiento de su dignidad. Se olvida que son sujetos de derechos y de deberes. También se olvida que son portadores de valores y que su falta de reconocimiento los empobrece y empobrece a la sociedad en la que desean convivir. Vienen cargados de razones y envueltos en el amparo que otorga la Declaración Universal de Derechos Humanos pero son reducidos a ser nadie.

El fenómeno migratorio está ahí. No es la hora de la disuasión y el rechazo. Es hora de reparación. Es hora ya de reconocer su carga positiva y asumirlo conduciéndolo hacia resultados de enriquecimiento humano, para los propios migrantes y para la sociedad en que se integren.

Algunas consideraciones pueden ser condición previa a la superación de la actual actitud xenófoba y a la asunción de compromisos y responsabilidades. No se escucha a los responsables de las políticas migratorias, españoles o europeos, manifestar su interés por las causas que fuerzan el fenómeno migratorio y menos por la responsabilidad que puedan tener en las mismas. Señalando causas de la emigración africana, es común desviar la atención hacia motivos endógenos de los propios pueblos de origen. Sin embargo es obligado, en rigurosa autocrítica, que las propias naciones europeas así como la Unión Europea se replanteen qué incidencia han tenido o tienen en la situación actual de los pueblos africanos, desde los tiempos de la colonización hasta los actuales de neocolonización.

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La Renta Básica acaba con la pobreza

Foto: Luis Serrano

Nos encontramos en nuestro país en una clara situación de emergencia social, como lo demuestran los datos económicos conocidos por la EPA del último trimestre del 2013.

Los datos en Andalucía son aún más catastróficos. El paro alcanza ya 1.446.600 personas, lo que sitúa la tasa de desempleo en nuestra comunidad en el 36,32 % de la población (10 puntos por encima de España); cerca de 3,5 millones de andaluces, el 31,68 % (en España es el 27%), viven bajo el umbral de la pobreza. Seis de cada 100 niños andaluces están en situación de extrema pobreza, por lo que la Junta de Andalucía aprobó un decreto para garantizar que los menores cuyas familias están en situación más extrema coman al menos tres veces al día. En nuestra Comunidad, cada día son más frecuentes "las caravanas de la miseria", es decir, grupos de hombres, mujeres, ancianos y niños, que corren hacia los contenedores donde el Supermercado cercano ha arrojado los desperdicios del día, para apoderarse de su ración, así como se multiplican los "rebuscadores de los contenedores" de la vía pública,  los modernos "traperos de antaño".

Frente a la miseria de esta gran mayoría, los ricos son cada vez más ricos. Según el Informe FOESSA de Cáritas, los ingresos medios de las personas más ricas de España son siete veces superiores al nivel medio de ingresos de quienes tienen menos rentas. Y desde el comienzo de la crisis, esta diferencia se ha incrementado en un 30%.  Amancio Ortega, el dueño de Inditex, es la tercera persona más rica del mundo y el número de españoles con más de 1.000 millones de euros ha ascendido de 16 a los 20, a pesar de la grave crisis económica por la que atraviesa el país. Entre ellos, Marta Ortega Mera, la hija de Amancio Ortega, Emilio Botín y Juan Roig, propietario de Mercadona, se sitúan en los primeros puestos.

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Ordenanzas cívicas: ¿de convivencia o de control e invisibilidad de la pobreza?

En los últimos años estamos asistiendo a un viraje hacia la criminalización de las conductas relacionadas con la prostitución voluntaria, que se ha visto en la promulgación de diferentes ordenanzas que los ayuntamientos de muchas ciudades españolas han ido aplicando. En estas ordenanzas, todas ellas llamadas "de convivencia", se prohíbe, entre una amalgama de conductas tales como la mendicidad, la música callejera, o los juegos de pelota (todas ellas de muy dudoso atentando contra la convivencia) el ejercicio del trabajo sexual en las calles multando a trabajadores sexuales y clientes.

Estos modelos jurídicos de abordaje de la prostitución que consisten en la criminalización de las conductas de los trabajadores y las trabajadoras sexuales han venido a dar respuesta, políticamente hablando, a sectores que se movían entre el prohibicionismo y el abolicionismo.

En este sentido se ha entrado en una política algo esquizofrénica, fruto de esta mezcla, pues mientras por un lado se fomentaban leyes de protección contra las víctimas de la trata (y se consideraba que cualquier tipo de prostitución era forzada) –planteamiento abolicionista—por otro lado, multitud de ayuntamientos aprobaban leyes que de hecho prohibían el ejercicio de la prostitución –planteamiento prohibicionista— en la calle.

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Esta Europa ancha y ajena

El escritor peruano Ciro Alegría describía el mundo como un espacio tan vasto que en él se perderían las normalidades cotidianas, los pequeños sueños; un lugar en el que, sin remedio, irían a extraviarse las palabras que surgen de las necesidades elementales de la vida común, tan diminutas ellas, tan mal vestidas, tan vulgares.

Algo de esta imagen nos golpea al contemplar el imponente edificio de Bruselas que alberga la sede del Parlamento Europeo. Como si contemplara con lejanía y frialdad las modestas proporciones humanas de la gente sencilla. Como si en él no pudieran entrar las necesidades de la gente ni aunque se limpiaran los pies y se vistieran ropa de domingo.

No es extraño entonces el desafecto de la ciudadanía. Porque las instituciones europeas se nos aparecen como ajenas a nuestras necesidades y preocupaciones cuando no, directamente, manipuladoras de nuestros derechos. 

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España, de nuevo a la cola de Europa en educación en derechos humanos

El ministro de Educación, Cultura y Deporte, José Ignacio Wert / EFE.

Entre las muchas medidas y disposiciones retrógradas que contiene la LOMCE, más conocida como Ley Wert, aprobada el 28 de noviembre pasado en el Congreso de los Diputados, está la eliminación de la asignatura Educación para la Ciudadanía y los Derechos Humanos del currículo de estudios para primaria y secundaria. Como ha denunciado Amnistía Internacional ante el Consejo de Europa, esta disposición es algo muy grave ya que supone la desaparición de la educación en derechos humanos en España. Significa que los españoles no estudiarán durante su educación obligatoria temas como la igualdad entre hombres y mujeres, la violencia de género, la diversidad afectivo-sexual, la homofobia, el racismo, la pobreza y sus causas…

En las nuevas asignaturas que van a sustituir en parte a la ahora eliminada ("Valores culturales" en primaria y "Valores éticos" en Secundaria, propuestas como alternativas a la clase de religión, es decir, dirigidas sólo a aquellos alumnos que no elijan religión), se han excluido la práctica totalidad de esos contenidos específicos de derechos humanos. Ello supone sin duda un retroceso inaceptable que nos hace volver a una situación como la de anteriores sistemas educativos, cuando los derechos humanos no existían en el currículo. España vuelve así a ponerse a la cola de Europa en esta materia educativa.

Efectivamente esta disposición incluida en la LOMCE nos sitúa a años luz de Europa, donde la mayoría de países sí incluyen en sus currículos educativos contenidos de educación para la ciudadanía democrática y los derechos humanos. Supone además un claro incumplimiento de los acuerdos y recomendaciones internacionales y europeos suscritos por España. Tanto Naciones Unidas, a través del Programa Mundial para la Educación en Derechos Humanos (2005), como el Consejo de Europa a través de la Carta de la Educación para la Ciudadanía Democrática y la Educación en Derechos Humanos (2010), recomiendan a los Estados la introducción de esos contenidos en los currículos educativos de todos los niveles. España había firmado todos estos acuerdos, que ahora incumple.

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Las otras cuestas de enero

Esta historia tiene lugar en el mes de enero. En esa maravillosa época del año llena de buenas intenciones, propósitos de mejora, rebajas, regalos caros e ilusiones baratas. Claro que esa idílica perspectiva no la disfrutan todos.… no al menos la mujer que protagoniza nuestra historia.

Estrella es una madre andaluza de casi 70 años, de pequeña estatura, delgada, alegre y vital, a pesar de la mala vida que le dio su marido hace muchos años, esa mala vida que ninguna mujer debería nunca tener que soportar, y que le dejó alguna que otra secuela física. Pero la sonrisa nunca se borra de su cara porque aquello queda ya muy lejos. Él terminó pagando por sus delitos y salir de aquel calvario hizo que no volviera a perderla nunca más.

Vive en un pequeño piso en un barrio de las afueras de una ciudad del sur. Estrella trabajó toda su vida limpiando casas, verdeando en campos ajenos o haciendo cualquier cosa que le pudiera reportar algo de dinero para mantenerse a ella y su hijo. Ahora, sin trabajo desde hace años, tiene una pensión que no llega a los 300 euros, la mitad de los cuales se le van en pagar una deuda por un incendio que sufrió su casa. Su comida favorita de cada día es una sopa y algo de pasta; y sólo gracias a la ayuda que consigue de un banco de alimentos, de vez en cuando puede permitirse tomar algo diferente. Esos días sí que son fiesta. Con poco más de cien euros al mes, pagar la luz y el agua a veces se le hace muy difícil, por lo que de vez en cuando regresa a aquellas épocas de la niñez en las que las velas iluminaban muchos hogares cuando el sol se apagaba.

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Criminalizar por ley la defensa de los derechos

Un millar de personas protestaban la pasada semana por las detenciones de la Complutense y contra la Ley de Seguridad / EFE.

La defesa de los derechos conquistados con tanto trabajo y luchas por ciudadanos y ciudadanas, en tantos momentos de la historia, está a punto de ser criminalizada por ley, con la nueva Ley Orgánica de Seguridad Ciudadana. De primeras, por su nombre, parecería el de una ley que salvaguarda nuestra seguridad, ¿pero a quién defiende esta nueva vuelta de tuerca a la 'ley Corcuera'? Pues a primera vista, defiende a los gobernantes de los ciudadanos, y nos preguntamos ¿la ciudadanía da tanto miedo?

El criticar las injusticias, el trabajar por mantener la igualdad de todas y todos, les da tanto miedo que tienen que criminalizarnos por ley, criminalizar nuestra defensa de los derechos fundamentales. ¿En qué sinrazón hemos entrado que lo que debería ser apoyado es pisoteado, lo que debería ser escuchado es silenciado y todo lo que va en contra del orden establecido es multado? Porque, al final, esta ley lo que hace es multarnos, es decir, crearnos la obligación de pagar una cantidad determinada de dinero por defender nuestros derechos.

Y se ha establecido un canon a pagar por todo lo que represente pensar diferente, disentir y reaccionar ante las injusticias. La Ley de Seguridad Ciudadana nos quiere multar con una infracción grave de hasta 30.000 euros por intentar impedir desahucios, por desobedecer ante la injusticia, por manifestarnos y no querer disolvernos cuando el poder quiere que lo hagamos, por concentrarnos frente a las sedes donde los políticos deciden nuestro futuro -aunque ellos no estén allí-, por no obedecer las órdenes de los antidisturbios aunque éstas sean injustas y faltas de ética.

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El TEDH y la doctrina Parot, una reflexión sobre los derechos humanos

Concentración en Burgos a finales de octubre contra la excarcelación de la etarra Inés del Río / EFE.

La sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) contra España en el caso de Inés del Río y que ha resuelto la ilegalidad de la doctrina Parot, ha provocado en todo el país una enorme división iniciada por los políticos y alimentada por los medios de comunicación que ha desvirtuado por completo una realidad: España ha sido condenada por incumplir el Convenio Europeo de Derechos Humanos y los políticos han utilizado interesadamente el dolor de las víctimas para convertir en proetarras a los que abogamos por la aplicación de la legalidad.

La decisión del Tribunal de Estrasburgo no ha supuesto en ningún momento la puesta en libertad de manera arbitraria de ninguna persona. Ha significado algo tan evidente como la libertad para alguien que ya había cumplido su condena y que continuaba en prisión, a raíz de la denominada doctrina Parot, establecida por el Tribunal Supremo en 2006.

Con ese método, los condenados verían cómo su estancia en prisión se prolongaría hasta los 30 años máximos previstos por la Ley, pues las redenciones se reducirían de cada una de las penas impuestas y no sobre el total de 30 años, algo que alargaría la reclusión de manera considerable, lo que no era posible cuando se le impuso la sentencia por la aplicación del Código Penal vigente en ese momento.

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La lucha contra la trata de seres humanos y la prostitución: historias de víctimas por partida doble

Procedente del África Subsahariana, de Nigeria, llegó a España con 21 años. Ejercía la prostitución y desarrollaba su trabajo en la calle, expuesta a los ojos de una sociedad que sólo es capaz de verla a través de sus miedos, sus prejuicios y sus intereses. Nos contaba que no fue fácil llegar a España, tampoco aguantar aquí. "Es un trabajo duro, además la policía me acosa constantemente, y tengo miedo todo el tiempo: miedo a las multas por la ordenanza, miedo a la policía, miedo a que me expulsen del país…". 

Pero aquel día estaba contenta, "después de todo, ya casi cumplo tres años en España y podré empezar a pedir mis papeles". Esto nos lo decía un poco antes de su expulsión, cuando aún le recomendábamos paciencia, "ten paciencia que los trámites llevan su tiempo"… Pero no se los dieron. De poco le valió su armadura de paciencia y esfuerzo cuando la policía fue a buscarla allí donde solía (ex)ponerse a trabajar. De poco valió la paciencia cuando la maquinaria se puso en marcha y se vio en un Centro de Internamiento de Extranjeros (CIE) en cuestión de horas.

Tampoco allí hubo tiempo, dos semanas privada de libertad y, otra vez, el camino de vuelta a África. Su historia puede ser la historia de muchas de las personas que cada año en este país son ingresadas en un CIE y luego expulsadas, pero no por ello debemos pasarla por alto. Existe, además, algo que  duele especialmente, y es que, por ser mujer, inmigrante y trabajadora sexual, "tenía todas las papeletas". Un interesante informe aborda, no como hipótesis de trabajo sino como conclusión, la sobrerrepresentación de mujeres que ejercen la prostitución en los CIE. Cada historia personal es única e intransferible, pero ser extranjera, indocumentada y ejercer la prostitución en este país supone indefectiblemente el conllevar una serie de obstáculos que muchas otras comparten

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