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"El Parlamento andaluz debe actuar con contundencia ante el grave ataque a la institución del DPA"

Estimado/a Sr./a:

El Gobierno, en una decisión sin precedentes conocidos, ha denegado al Defensor del Pueblo Andaluz el acceso a un centro penitenciario, en este caso al de Córdoba.

A principios de marzo, Instituciones Penitenciarias comunicaba formalmente al Defensor del Pueblo Andaluz que no consideraba conveniente la realización de su visita al módulo terapéutico de la prisión de Córdoba. Los argumentos esgrimidos por el Ejecutivo para rechazar el acceso aludían a que no era conveniente alterar el régimen penitenciario habitual de los internos.

El objetivo del Defensor era conocer el funcionamiento de los módulos especiales en los que los reclusos con trastornos mentales reciben la atención y el tratamiento oportuno, siendo la asistencia médica especializada además prestada por el SAS a todos las personas presas en Andalucía.

Instituciones Penitenciarias, por el momento, no ha querido aclarar las circunstancias de este rechazo.

El Artículo 49 del Reglamento Penitenciario (‘Comunicaciones con autoridades o profesionales’), en su punto 2, establece que “ las comunicaciones orales y escritas de los internos con el Defensor del Pueblo o sus Adjuntos o delegados o con instituciones análogas de las Comunidades Autónomas, Autoridades judiciales y miembros del Ministerio Fiscal no podrán ser suspendidas, ni ser objeto de intervención o restricción administrativa de ningún tipo”. En el mismo sentido se expresa el Estatuto de Autonomía de Andalucía.

El hecho de haber impedido la visita de una Institución como el Defensor del Pueblo Andaluz a una prisión entendemos que es un ataque directo a las competencias autonómicas. Es un hecho muy grave que no solamente atañe a esa Institución sino que, como Comisionado del Parlamento designado por éste para la defensa de los derechos y libertades comprendidos en el título primero de la Constitución, es un ataque al pueblo andaluz y un ataque a todos los que trabajamos en la defensa de los derechos Humanos en Andalucía.

Debemos recordar que su entrada en prisión permitió elaborar informes tan importantes de dicha institución como la “Situación de los presos andaluces que cumplen condenas en centros penitenciarios fuera de Andalucía”, “Mujeres en prisión”, “Situación de los enfermos mentales en Centros Penitenciaros andaluces” y “La intervención de la Junta de Andalucía en el Sistema Penitenciario: colaboraciones más destacadas”. Su trabajo ha sido fundamental para salvaguardar los derechos de las personas presas, no solo frente a instituciones del estado sino también ante la Administración Andaluza. Muchas de sus recomendaciones han sido específicas para la Junta como la reanudación de los Servicios de Orientación y Asistencia Jurídica Penitenciaria, la dispensación de los tratamientos de la hepatitis C, el que la Junta siga abonando las prestaciones no contributivas a los presos…

Nos resulta increíble que en un estado democrático existan instituciones cada vez más cerradas, opacas y poco trasparentes que imposibilitan no solamente que la sociedad civil participe o fiscalice el cumplimiento de los derechos humanos sino incluso a las instituciones creadas para tal fin. Nos parece intolerable y le dirigimos la presente solicitando que actúen con rigor, y que se dirijan al Ministerio del Interior para que se excuse y depure responsabilidades.

En época de elecciones, donde todos han hablado de trasparencia, Instituciones Penitenciarias cada vez lo es menos. Las personas presas son unos de los colectivos más indefensos de la sociedad y los que más se dirigen a los colectivos defensores de derechos humanos como nosotros e instituciones como del Defensor del Pueblo denunciando vulneraciones de derechos de todo tipo.

Entendemos que es una ilegalidad intolerable que podría constituir incluso una infracción penal (Art. 502.2 del Código Penal[1]) y que el Parlamento Andaluz como representante de todos los Andaluces debe exigir respeto a sus Instituciones y defender la actuación de aquellos expresamente creados para hacer cumplir los Derechos Humanos y más teniendo en cuenta que estamos hablando de uno de los sectores más vulnerables de nuestra sociedad.

Como colectivo defensor de los Derechos Humanos en Andalucía estudiaremos la viabilidad de la interposición de una querella como acusación popular por la probable infracción penal en la que pudiera haber incurrido el Ministerio del Interior, pero entendemos que es el Parlamento Andaluz el que debe reaccionar en primer lugar garantizando el respeto por las Instituciones Andaluzas.

Sin otro particular y con todo el respeto que nos merece el Parlamento Andaluz como representante de la ciudadanía, nos ponemos a su entera disposición y quedamos a la espera de una respuesta.

[1]CAPÍTULO III. De los delitos contra las Instituciones del Estado y la división de poderes

SECCIÓN 1. Artículo 502. 2. Delitos contra las Instituciones del Estado. En las mismas penas incurrirá la autoridad o funcionario que obstaculizare la investigación del Defensor del Pueblo, Tribunal de Cuentas u órganos equivalentes de las Comunidades Autónomas, negándose o dilatando indebidamente el envío de los informes que éstos solicitaren o dificultando su acceso a los expedientes o documentación administrativa necesaria para tal investigación.

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La defensa de los Derechos Humanos no da votos

Imagen del debate celebrado el pasado 5 de marzo en la sede de la APDHA

¿Imaginan ustedes un mitin en el barrio de las Tres Mil Viviendas de Sevilla? ¿Una rueda de prensa en la prisión Puerto III? ¿O una pegada de carteles en algún polígono industrial en los que se puede ejercer la prostitución? Esa foto no interesa.

Para salir de una crisis es necesario su reconocimiento; y cómo cuesta a veces. Le costó al gobierno de Zapatero. A día de hoy resulta curioso, a la vez quetriste, buscar las palabras "Derechos Humanos" en los programas electorales de los diferentes partidos políticos que se presentan a las elecciones andaluzas del próximo 22 de marzo. Comprobaremos que en buena medida brillan por su ausencia, siendo superadas con creces por otras expresiones tales como "recursos o capital humanos". El ser humano reducido a recurso ocapital, que se puede manejar y manipular, pero no digno de protección en sus derechos fundamentales.

Pocos partidos proponen medidas concretas de defensa de los derechos humanos, y mucho menos algo que se pueda valorar como un plan integral de los mismos. Estos planes deberían ser herramientas de las que se dotan los estados y las comunidades, para convertir los Derechos Humanos de los ciudadanos en un eje transversal de las actuaciones del gobierno, que garantice la coherencia entre la Declaración Universal y las prácticas gubernamentales. A nivel estatal, de forma muy deficitaria, se diseñó el primer Plan de Derechos Humanos en el año 2008, que no ha tenido continuidad en un segundo plan prometido por el Gobierno en octubre de 2012.

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Necrológicas de una sociedad imposible

El pasado enero marcó el calendario con dos necrológicas que apenas serán recordadas en las páginas de las hemerotecas.

Robert, de 73 años, vivió durante 6 años en las calles de Cádiz, dentro de una furgoneta con un grave problema de salud. Se negaba a abandonar a sus animales con los que mantenía el vínculo que le sostenía  apegado a la vida. Hace un año fue acogido en una residencia de personas mayores tras las gestiones realizadas por un voluntariado entusiasta y generoso.

José María Sánchez Moreno, de 51 años de edad, era natural de Sevilla y pasó sus últimos días junto a su pareja en una obra de viviendas en construcción de Cádiz. A pesar de los intentos para ayudarle, de gestionar recursos para atender sus necesidades más primarias, no hemos podido evitar que muriera en estas condiciones. Y nos preguntamos ¿por qué?

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"Las mujeres y los niños primero", propuestas de los partidos políticos con perspectiva de género

En la Delegación de Cádiz de la APDHA hemos puesto en marcha desde hace aproximadamente año y medio un Club de Lectura Feminista en el que cada mes nos acercamos a algún tema relacionado con nuestra acción para reflexionar y formarnos en grupo. Durante este último mes hemos estado analizando cuál es el papel que el tema "mujer" tenía en los programas electorales de los partidos políticos. Desde el análisis de dichos programas y las propuestas que, desde diversas instancias, se hacen para tratar la desigualdad entre hombres y  mujeres, nos encontramos con dos fenómenos comunes:

- Por un lado, la sectorialización o el tratamiento del tema mujer dentro de un capítulo aparte.

- Por otro, la constatación de que en estos epígrafes se siguen reproduciendo una serie de  estereotipos porque tan sólo se abordan cuestiones como el cuidado, los menores, la maternidad, el trabajo reproductivo...

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CIE: una batalla ganada en una lucha que continúa

Foto: APDHA Campo de Gibraltar.

La semana pasada recibimos la buena noticia de que el Tribunal Supremo ha declarado no ajustados a Derecho cuatro artículos del reglamento que el Gobierno español aprobó para regular los CIE (Centros de Internamiento de Extranjeros) el mes de marzo de 2014. Como consecuencia de un recurso interpuesto por Andalucía Acoge, APDHA y SOS Racismo, el alto tribunal ha determinado que no se puede privar de libertad en los CIE a familias si no existen instalaciones adecuadas para ellas, que no se puede ingresar en uno de estos centros más de una vez por el mismo expediente y limita la arbitrariedad en el uso del desnudo integral en los registros a los que son sometidas las personas internadas.

Los colectivos sociales que hemos impulsado esta acción jurídica nos felicitamos por ella y queremos desde aquí reconocer especialmente el trabajo de los compañeros del equipo jurídico de Andalucía Acoge, que han llevado el peso de la labor técnica en la redacción del recurso. Sin embargo, nuestra satisfacción no puede, ni debe, ser completa.

En primer lugar porque la sentencia no ha estimado que sea ilegal la posibilidad de que los policías que custodian los CIE porten armas de fuego en su interior (algo que no se permite en las prisiones), que se pueda utilizar cualquier instalación como 'CIE provisional' si se da una "situación de emergencia" o la limitación de las comunicaciones familiares. Éstas, entre otras cuestiones, vulneran los derechos de las personas que son encerradas en un CIE.

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Un año de impunidad

Foto: José Luis Sánchez Hachero

Primero dijeron que la Guardia Civil no había intervenido. Después tuvieron que admitir que sí, que había utilizado material antidisturbios, pero sólo en tierra. Cuando los testimonios gráficos demostraron lo contrario, el número de declaraciones absurdas se multiplicaron: que si dispararon para marcar la línea fronteriza, que si los inmigrantes que llegaron a la playa española no habían llegado a territorio español porque no habían superado la línea de guardias civiles…

Pero son muchos los testimonios que afirmaron, e incluso demostraron, el impacto de las balas de goma en los inmigrantes que de forma desesperada intentaban cruzar la frontera a nado. Como muchos otros que afirman que los devolvían a culatazos al agua cuando se agarraban a las rocas, o que se utilizaron gases lacrimógenos…

Pasado un año, las diligencias en el juzgado de Ceuta siguen en el limbo. Como ocurrió con los sucesos de 2005, ninguna responsabilidad política ha sido asumida, ninguna investigación se ha desarrollado con seriedad, el parlamento no aceptó una comisión de investigación y finalmente los hechos quedarán en la más absoluta impunidad. Pues quedan pocas dudas de que al menos una parte sustantiva de la responsabilidad de aquellas muertes radica en la acción de la Guardia Civil aquél fatídico 6 de febrero de 2014. Y menos dudas aún de los intentos del Gobierno español para ocultar y manipular lo ocurrido.

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Los “tratos de favor” en prisión: dignidad para todas las personas

Las personas presas son uno de los sectores más olvidados de nuestra sociedad. Lo habitual es que importe bastante poco qué suceda de puertas hacia dentro de una prisión, y que la situación de estas personas en su día a día no preocupe a casi nadie. Con un lacónico "!algo habrán hecho!" basta para seguir mirando hacia otro lado que no sea esos incómodos y oscuros rincones de nuestro sistema social que son las cárceles.

Sin embargo, hay momentos como el presente en que algo cambia, y de repente las miradas se vuelven hacia esos rincones. Lamentablemente ese cambio no se debe a que la sociedad haya tenido una mayor conciencia de la importancia que tiene revisar el modo en que tenemos de gestionar que aquellos de nosotros que no han respetado las normas de convivencia que nos hemos dado aprendan a respetarlas, y se reinserten de la manera más rápida y positiva para todos. No nos engañemos, no ha sido eso. Ha sido la curiosidad malsana de ver cómo viven entre rejas aquéllos que aparecían hasta hace poco en los informativos como políticos destacados, o en las revistas de papel couché como artistas admiradas.

Desde entonces nos llegan multitud de noticias sobre las condiciones en que se ejecuta la pena privativa de libertad de personas como Jaime Matas o Isabel Pantoja y otras personas conocidas. Algunas de estas informaciones no pasan de satisfacer el morbo del ciudadano medio, mientras que otras vienen a denunciar posibles “tratos de favor” de la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias a estos famosos, atrayendo de este modo la atención de aquellos lectores que inicialmente no encontraban fruición alguna en saber los detalles de las celdas donde los “dioses caídos” de nuestra sociedad ahora cumplen sus condenas.

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La 'ley mordaza': criminalizar la protesta y penalizar la solidaridad

Una apisonadora recorre España laminando lo que una vez fueron derechos y libertades fundamentales, se trata de la mayoría absoluta del PP poniendo en marcha un nuevo instrumento despiadado contra el ejercicio de la ciudadanía que con toda la razón llamaremos 'ley mordaza'.

El gobierno, con total desfachatez, se ha puesto al servicio de un poder económico que no reconoce límites en la acumulación de beneficios y privilegios mientras encierra a la mayoría de la población en una espiral morbosa que nos roba el pez y nos expropia la caña.

Se nos obliga a soportar medidas de ajuste económico que sólo han generado pobreza y mayor desigualdad, recortes en los derechos laborales que reducen a la gente trabajadora a la condición de servidumbre, deterioro y privatización de la enseñanza y la sanidad que limitan el acceso a los derechos a la educación y a la salud, leyes y prácticas de desgobierno que generan bancos rescatados con dinero público y familias desahuciadas, privadas y a la intemperie. Y todo esto mientras se exhibe con total impudicia el enriquecimiento inmoral de una minoría en ese  paisaje de corrupción del sistema al que llaman crisis.

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25 años de lucha por los Derechos Humanos

En 2015, la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía cumple 25 años, 25 años que en la vida de una organización pequeña y sin grandes pretensiones ni infraestructuras es mucho tiempo. El 16 de noviembre de 1990 Diamantino García y un grupo de personas decidieron poner en marcha una asociación de carácter privado, sin ánimo de lucro, con la finalidad de reivindicar la plena vigencia de la Declaración Universal de los Derechos Humanos como instrumento de transformación de conciencias y de la propia sociedad.

Desde aquel momento, la Asociación decidió abrir varios frentes de lucha contra la violación de los derechos humanos, denunciando las repetidas transgresiones desde la libertad y la radicalidad, sensibilizando a la sociedad sobre la necesidad de asentar sus raíces sobre el convencimiento de que el respeto a los derechos fundamentales ha de ser la base en la que se asiente su fortaleza.

Era fundamental elegir bien nuestro campo de acción y nuestros compañeros de luchas y retos. Con esa finalidad seleccionamos varias áreas de actuación donde esperábamos encontrarnos con personas junto a las cuales podríamos empezar a trabajar.

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¿Qué hacemos con los clientes de la prostitución?

EFE

Cada cierto tiempo, desde algún ayuntamiento, se lanzan campañas de sensibilización contra la trata de personas con fines de explotación sexual. Son campañas del tipo "No pagues por Sexo" o "Sin clientes no hay trata", que atacan directamente a la figura del cliente e intentan con este pretexto luchar contra la trata y, por extensión, contra la prostitución, sin diferenciar una realidad de la otra. Desde la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía (APDHA) vemos imprescindible que se diferencien la trata de seres humanos con fines de explotación sexual y la prostitución, para poder luchar adecuadamente por los derechos de ambos grupos y para minimizar las vulneraciones de los mismos.     

Cuando hablamos de clientes, es importante tener en cuenta que no existe un sólo perfil. El tipo de persona que solicita servicios sexuales de una trabajadora del sexo es muy variado. Hombres con un alto nivel de formación y capacidad económica, hombres con baja formación y capacidad económica, casados, solteros, hombres de todas las edades y razas. Lo único que los diferencia son las zonas donde van a buscar los servicios de las mujeres que ejercen la prostitución.

A mayor capacidad económica buscan mujeres consideradas de más standing. Pero desafortunadamente no importa la formación o capacidad económica, estar casado o soltero, ser blanco o negro para que algunos de estos clientes no traten a las mujeres que ejercen la prostitución con educación y respeto en todos los aspectos (horarios, tarifas, condiciones, etc.) y lo más importante, respetándolas como personas. No es lo mismo solicitar servicios sexuales de una persona que ejerce este trabajo libremente, respetando sus derechos y su dignidad, que solicitar los servicios de una persona de la que se sabe o sospecha que está siendo víctima de trata.

Desgraciadamente, las administraciones no tienen en cuenta esa variedad de perfiles y sólo entienden una forma de dirigirse a los clientes: a través de campañas de criminalización, dirigidas de forma agresiva y amenazadora contra la persona que consume servicios sexuales, haciéndola culpable de la explotación y de la trata.

Los clientes son actores principales de esta realidad, y por tanto, es importante que participen activamente en todo lo que tiene que ver con la lucha contra la trata de personas con fines de explotación sexual.

Se debería apostar por responsabilizar a los clientes de la prostitución, realizando campañas que potencien el respeto por las mujeres que están trabajando y que animen a denunciar las situaciones de explotación y trata de seres humanos. En este momento, los clientes difícilmente tomarán la iniciativa de denunciar situaciones de vulneración de los derechos de las mujeres, ya que se sienten perseguidos y culpabilizados por solicitar servicios sexuales a cambio de dinero.

Desde las asociaciones que trabajamos con el colectivo de prostitutas, no nos resignamos a pensar que existe una sola manera de vivir la sexualidad, sino que creemos que un ejercicio del trabajo sexual digno y respetuoso es posible. Por ello pensamos que la mejor forma de tratar este tema es sensibilizando a los clientes, intentando hacer ver a la sociedad que la persona que consume prostitución no es irremediablemente una persona violenta o criminal, y que de hecho puede y debe ser un elemento fundamental para acabar con la trata de seres humanos con fines de explotación sexual.

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