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Los “tratos de favor” en prisión: dignidad para todas las personas

Las personas presas son uno de los sectores más olvidados de nuestra sociedad. Lo habitual es que importe bastante poco qué suceda de puertas hacia dentro de una prisión, y que la situación de estas personas en su día a día no preocupe a casi nadie. Con un lacónico "!algo habrán hecho!" basta para seguir mirando hacia otro lado que no sea esos incómodos y oscuros rincones de nuestro sistema social que son las cárceles.

Sin embargo, hay momentos como el presente en que algo cambia, y de repente las miradas se vuelven hacia esos rincones. Lamentablemente ese cambio no se debe a que la sociedad haya tenido una mayor conciencia de la importancia que tiene revisar el modo en que tenemos de gestionar que aquellos de nosotros que no han respetado las normas de convivencia que nos hemos dado aprendan a respetarlas, y se reinserten de la manera más rápida y positiva para todos. No nos engañemos, no ha sido eso. Ha sido la curiosidad malsana de ver cómo viven entre rejas aquéllos que aparecían hasta hace poco en los informativos como políticos destacados, o en las revistas de papel couché como artistas admiradas.

Desde entonces nos llegan multitud de noticias sobre las condiciones en que se ejecuta la pena privativa de libertad de personas como Jaime Matas o Isabel Pantoja y otras personas conocidas. Algunas de estas informaciones no pasan de satisfacer el morbo del ciudadano medio, mientras que otras vienen a denunciar posibles “tratos de favor” de la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias a estos famosos, atrayendo de este modo la atención de aquellos lectores que inicialmente no encontraban fruición alguna en saber los detalles de las celdas donde los “dioses caídos” de nuestra sociedad ahora cumplen sus condenas.

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La 'ley mordaza': criminalizar la protesta y penalizar la solidaridad

Una apisonadora recorre España laminando lo que una vez fueron derechos y libertades fundamentales, se trata de la mayoría absoluta del PP poniendo en marcha un nuevo instrumento despiadado contra el ejercicio de la ciudadanía que con toda la razón llamaremos 'ley mordaza'.

El gobierno, con total desfachatez, se ha puesto al servicio de un poder económico que no reconoce límites en la acumulación de beneficios y privilegios mientras encierra a la mayoría de la población en una espiral morbosa que nos roba el pez y nos expropia la caña.

Se nos obliga a soportar medidas de ajuste económico que sólo han generado pobreza y mayor desigualdad, recortes en los derechos laborales que reducen a la gente trabajadora a la condición de servidumbre, deterioro y privatización de la enseñanza y la sanidad que limitan el acceso a los derechos a la educación y a la salud, leyes y prácticas de desgobierno que generan bancos rescatados con dinero público y familias desahuciadas, privadas y a la intemperie. Y todo esto mientras se exhibe con total impudicia el enriquecimiento inmoral de una minoría en ese  paisaje de corrupción del sistema al que llaman crisis.

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25 años de lucha por los Derechos Humanos

En 2015, la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía cumple 25 años, 25 años que en la vida de una organización pequeña y sin grandes pretensiones ni infraestructuras es mucho tiempo. El 16 de noviembre de 1990 Diamantino García y un grupo de personas decidieron poner en marcha una asociación de carácter privado, sin ánimo de lucro, con la finalidad de reivindicar la plena vigencia de la Declaración Universal de los Derechos Humanos como instrumento de transformación de conciencias y de la propia sociedad.

Desde aquel momento, la Asociación decidió abrir varios frentes de lucha contra la violación de los derechos humanos, denunciando las repetidas transgresiones desde la libertad y la radicalidad, sensibilizando a la sociedad sobre la necesidad de asentar sus raíces sobre el convencimiento de que el respeto a los derechos fundamentales ha de ser la base en la que se asiente su fortaleza.

Era fundamental elegir bien nuestro campo de acción y nuestros compañeros de luchas y retos. Con esa finalidad seleccionamos varias áreas de actuación donde esperábamos encontrarnos con personas junto a las cuales podríamos empezar a trabajar.

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¿Qué hacemos con los clientes de la prostitución?

EFE

Cada cierto tiempo, desde algún ayuntamiento, se lanzan campañas de sensibilización contra la trata de personas con fines de explotación sexual. Son campañas del tipo "No pagues por Sexo" o "Sin clientes no hay trata", que atacan directamente a la figura del cliente e intentan con este pretexto luchar contra la trata y, por extensión, contra la prostitución, sin diferenciar una realidad de la otra. Desde la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía (APDHA) vemos imprescindible que se diferencien la trata de seres humanos con fines de explotación sexual y la prostitución, para poder luchar adecuadamente por los derechos de ambos grupos y para minimizar las vulneraciones de los mismos.     

Cuando hablamos de clientes, es importante tener en cuenta que no existe un sólo perfil. El tipo de persona que solicita servicios sexuales de una trabajadora del sexo es muy variado. Hombres con un alto nivel de formación y capacidad económica, hombres con baja formación y capacidad económica, casados, solteros, hombres de todas las edades y razas. Lo único que los diferencia son las zonas donde van a buscar los servicios de las mujeres que ejercen la prostitución.

A mayor capacidad económica buscan mujeres consideradas de más standing. Pero desafortunadamente no importa la formación o capacidad económica, estar casado o soltero, ser blanco o negro para que algunos de estos clientes no traten a las mujeres que ejercen la prostitución con educación y respeto en todos los aspectos (horarios, tarifas, condiciones, etc.) y lo más importante, respetándolas como personas. No es lo mismo solicitar servicios sexuales de una persona que ejerce este trabajo libremente, respetando sus derechos y su dignidad, que solicitar los servicios de una persona de la que se sabe o sospecha que está siendo víctima de trata.

Desgraciadamente, las administraciones no tienen en cuenta esa variedad de perfiles y sólo entienden una forma de dirigirse a los clientes: a través de campañas de criminalización, dirigidas de forma agresiva y amenazadora contra la persona que consume servicios sexuales, haciéndola culpable de la explotación y de la trata.

Los clientes son actores principales de esta realidad, y por tanto, es importante que participen activamente en todo lo que tiene que ver con la lucha contra la trata de personas con fines de explotación sexual.

Se debería apostar por responsabilizar a los clientes de la prostitución, realizando campañas que potencien el respeto por las mujeres que están trabajando y que animen a denunciar las situaciones de explotación y trata de seres humanos. En este momento, los clientes difícilmente tomarán la iniciativa de denunciar situaciones de vulneración de los derechos de las mujeres, ya que se sienten perseguidos y culpabilizados por solicitar servicios sexuales a cambio de dinero.

Desde las asociaciones que trabajamos con el colectivo de prostitutas, no nos resignamos a pensar que existe una sola manera de vivir la sexualidad, sino que creemos que un ejercicio del trabajo sexual digno y respetuoso es posible. Por ello pensamos que la mejor forma de tratar este tema es sensibilizando a los clientes, intentando hacer ver a la sociedad que la persona que consume prostitución no es irremediablemente una persona violenta o criminal, y que de hecho puede y debe ser un elemento fundamental para acabar con la trata de seres humanos con fines de explotación sexual.

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¡Qué fácil y qué miserables es legislar contra los pobres!

Foto: Luis Serrano

En estos últimos días hemos podido tener acceso a diferentes informes que, de una manera u otra, confirman la realidad social alarmante que estamos viviendo desde que comenzó la crisis-estafa en 2007. La  EPA del tercer trimestre nos presenta una situación aterradora con un 35,25% de paro (casi doce puntos por encima de la media estatal, 23,67%). El informe ' Los niños de la recesión: el impacto de la crisis económica en el bienestar infantil en los países ricos', que ha presentado Unicef, desvela que los ingresos medios de los hogares formados por familias con menores se hundieron en España a niveles de hace 10 años.

El informe de OXFAM ' Iguales: acabemos con la desigualdad extrema. Es hora de cambiar las reglas' nos alerta de la creciente desigualdad, de unas sociedades duales donde unas pocas personas lo tienen casi todo frente a una mayoría que no tiene casi nada. El  ' Informe sobre exclusión y desarrollo social en Andalucía', de la Fundación Foessa, dice que el 25% de la población andaluza, 2,1 millones de personas, viven en situación de exclusión social (697.000 hogares) y que para más de un millón de esas personas la situación es de exclusión severa (334.000 hogares). Andalucía, continúa el informe, tiene una tasa de pobreza y exclusión del 38,3%, siendo la segunda más alta del Estado. El 46,4% de los hogares tienen dificultad o mucha dificultad para llegar a fin de mes, 10 puntos más que la media estatal (36,7%).

Estos informes, que reflejan de una forma clara y convergente la situación de emergencia social que estamos viviendo en Andalucía, coinciden en el tiempo con la entrada en vigor de la Ordenanza Municipal de Limpieza Pública y Gestión de Residuos Municipales, en Sevilla, y la Ordenanza de Higiene Urbana de Córdoba, cuyo Ayuntamiento está a punto de aprobar.

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Violaciones de derechos humanos en Argelia: país de origen, tránsito y destino

Con sus más de 6.300 kms de fronteras que lo separan de siete países diferentes y su proximidad a Europa, Argelia se encuentra en una posición geográfica estratégica para los subsaharianos que emprenden el proceso migratorio hacia Europa. Además, dadas las condiciones económicas y políticas del país, Argelia ve a sus jóvenes marcharse, la mayoría por vías irregulares. Por lo tanto, como país de origen, de tránsito y de destino, se está convirtiendo en un espacio decisivo en los flujos migratorios mundiales.

A pesar de ello, son insuficientes los estudios que analizan la situación de los inmigrantes en Argelia. Como denominador común en estos escasos trabajos, todavía insuficientes, encontramos la denuncia de graves violaciones de los derechos de inmigrantes, refugiados, solicitantes de asilo y/o víctimas de trata.

Con la intención de ir cubriendo este vacío, desde la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía (APDHA) hacemos público este miércoles 29 de octubre el informe  'Argelia: país de origen, tránsito y destino. Violaciones de derechos humanos' en el que presentamos las principales características de la realidad argelina en relación a los derechos de los inmigrantes y refugiados subsaharianos que llegan a Argelia y de los propios argelinos que deciden emigrar de manera irregular, analizando su situación dentro de Argelia y una vez llegados a España. 

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"El doctor me dice que la solución que hay es la cárcel"

Pepa (a la derecha) junto a otras compañeras de la Asamblea / Foto: APDHA

Hablamos con Pepa, madre de la Asamblea de Familiares y Amigos de Personas Presas de la APDHA desde sus inicios, en el año 2000. Desde entonces ha compartido con nosotros sus vivencias como madre de un enfermo mental que ha pasado sus últimos treinta años entrando y saliendo de prisión por delitos no graves. Durante este tiempo se ha visto obligada, en situaciones límite, a denunciar a su propio hijo como única forma de defenderse ante situaciones extremas de riesgo para su seguridad y su vida.

Pero, a pesar de ello, "yo me tomo una sopita y hasta mañana", con tal de pagar el viaje a la cárcel para ver a su Paco. Porque tener, tiene poco. Y es que la vida no le ha regalado nada, salvo disgustos. En el Día Mundial de la Salud Mental, hablamos de la experiencia de su hijo, que desgraciadamente no es un caso único -en Andalucía el 40% de la población penitenciaria padece trastornos mentales y de la personalidad y el 8% alguna enfermedad mental grave- y de cómo lo ha vivido ella como madre.

No es que todo lo que cuenta responda con escrupulosa fidelidad a los acontecimientos, pero su voz es honesta. Pepa es una protagonista involuntaria del sistema penitenciario y una madre coraje que, con poquitas herramientas y un corazón inquebrantable, rescata la verdad que se oculta tras una burocracia que ni ella, ni otros muchos, entendemos.

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Morir en la calle, ¿muerte natural?

Foto: Luis Serrano

El pasado martes 30 de septiembre unos operarios de la limpieza encontraron a una persona sin hogar muerta en unos jardines de Granada. Falleció durante la noche por causas desconocidas. Apenas unas líneas en los periódicos locales fueron el triste homenaje que la ciudad a este hombre. Se trataba, simplemente, de alguien sin hogar que dormía en la calle y que había fallecido de "muerte natural", indicaba la noticia. Si hubiera sufrido una agresión mortal, seguro que parte de la sociedad granadina se hubiera sentido tocada en su fibra más sensible y habrían aparecido condolencias y denuncias por parte de nuestras autoridades. Pero como simplemente ha sido una "muerte natural", pues nada que decir.

Pero realmente ¿su muerte se ha debido a causas tan naturales? Extraña sociedad la nuestra que encuentra natural, normal, que una persona viva en la calle, duerma en la calle, se alimente de lo que encuentra en la calle y muera en la calle. Y cuando digo extraña sociedad me refiero a todos, empezando por nuestras autoridades locales, las más próximas al ciudadano fallecido.

Curiosa coincidencia, acabo de leer  en la web del Ayuntamiento de Granada que nuestra corporación ha firmado un acuerdo con Caja Granada y Cruz Roja para ejecutar un proyecto que incluye un vehículo que se dedicaría a recoger a las personas que viven en la calle y a llevarlas a alojamientos donde puedan encontrar un poco de calor y justicia. Nos gustaría preguntar en este momento cual fue la razón de que la propia administración eliminara un servicio parecido que había en nuestra ciudad hace unos años y desapareció sin más explicaciones.

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Escapar de la guerra sectaria en Irak

La ciudad iraquí de Mosul cae en manos de los yihadistas del Estado Islámico / EFE.

El incierto escenario abierto en Irak después de la irrupción del Estado Islámico de Irak y del Levante (ISIS por sus siglas en inglés) ha vuelto a empujar a los iraquíes hacia el exilio una vez más. Pero este grupo terrorista no representa la única amenaza a la integridad de los iraquíes. La presencia de ISIS ha provocado, además, el recrudecimiento de la represión que ejercen las temidas milicias chiíes sobre la población suní acusada de apoyar al grupo terrorista.

Mustafá pertenece a esa ola reciente de refugiados y desplazados que se aproxima al millón de personas según ACNUR. Llegó hace dos días a Estambul desde Samarra, con la intención de empezar una nueva vida, después de un complicado viaje donde tuvo que salvar numerosos controles regidos por normas discriminatorias  de carácter sectario. "El apellido que marque tu tarjeta de identificación te puede facilitar las cosas o complicarlas peligrosamente", explica.           

Hasta el 10 de junio pasado, cuando ISIS ocupó Mosul, la segunda ciudad más importante del país, este joven iraquí de 21 años, era un alumno más del Instituto de Tecnología de esta ciudad y estaba a punto de terminar su segundo curso de una diplomatura en Ingeniería Mecánica.      

Nada más comprobar que el grupo yihadista había tomado Mosul, Mustafá tomó la decisión de salir de la ciudad junto a un grupo de estudiantes. "Pocas horas después, la estación de autobuses fue cerrada y la gente tuvo que salir a pie", explica. Cuando llegó a Samarra, donde vive su familia, se encontró con una ciudad rodeada por el ejército iraquí y las todopoderosas milicias chiíes Asaeb Ahd Haq y Saraya Al Salam, ésta última liderada por el influyente clérigo chií Muqtada.

Nada más caer Tikrit en manos de ISIS, después de Mosul, "los precios de los productos básicos comenzaron a subir en Samarra porque la gente comenzó a hacer acopio de comida, por el miedo a que Samarra fuera la siguiente", cuenta Mustafá. De la misma forma el precio de la gasolina se multiplicó por siete. Pero lo que más contribuyó al alza de los precios fue la falta de abastecimiento de alimentos, desde que el ejército y las milicias decidieron desviar los camiones de víveres a la Base de Operaciones Militares de Samarra situada cerca del importante santuario chií Al Askari, añade. Al mismo tiempo, cortaron las fuentes de energía eléctrica para abastecer a la ciudad 30 minutos escasos cada doce horas.

Según Mustafá, el miedo a las redadas por parte de las milicias comenzó a cundir entre la población y mucha gente, la mayoría hombres jóvenes, decidieron a abandonar la ciudad. En Samarra viven miles de desplazados iraquíes de Al Anbar y Falulla, desde el pasado enero. Los bombardeos del ejército sobre estas zonas controladas por los grupos rebeldes suníes provocaron, según ACNUR, un éxodo de más de 600.000 personas. "Proceder de esa parte del país puede ser sinónimo de terrorista y te pueden detener en base al capítulo 4 de la Constitución".

El fantasma de la guerra sectaria cunde en la población y "cualquier indicio de pertenencia a un grupo determinado puede ser motivo de detención", explica. Como pertenecer a una determinada tribu. Sus apellidos están ligados a la tribu de Al Bubadri, que junto a la de Bu Asuad están consideradas enemigas del gobierno iraquí. Además,  el lider del Estado Islámico, Abu Mohamed al Adnani pertenece a la primera. Esa circunstancia según nos cuenta puede ser motivo de persecución. Tal es el pánico, que la gente paga cantidades desorbitadas por una nueva identificación falsa donde no aparezca el nombre de la tribu a la que pertenece, asegura Mustafá.

Pero salir de Irak no es fácil. Mustafá, que ha crecido huyendo junto a su familia desde 2003, partió desde Samarra el día 15 de este mes hacia Kirkut, la capital de la zona kurda con el objeto de conseguir el visado de entrada en Turkquía. Cuando llegaron, el ejercito kurdo no dejaba entrar en la ciudad a los vehículos que venían de Bagdad, Saladino y Anbar "porque consideran que todos pertenecemos al Estado Islámico”, asegura Mustafa.

Finalmente encontraron una entrada a la ciudad por caminos secundarios, después de sortear algunos enfrentamientos armados entre los peshmergas (ejército kurdo) y los grupos suníes yihadistas. Después de conseguir los visados tuvieron que buscar un conductor turco porque a los iraquíes no les permiten conducir hacia Erbil. Ahora dice encontrarse tranquilo y seguro, pero un poco inquieto por su familia y por la situación de incertidumbre que le espera en Turquía, donde con suerte ganará 130 euros al mes por una jornada agotadora de trabajo.  

Las cifras descubren la dimensión de la tragedia, pero existe una voluntad manifiesta de distorsionar o maquillar las causas que produce el drama iraquí protegiendo, de esta manera, a un gobierno que ejerce una política sectaria sobre la población.  

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Respeto a los Derechos Humanos en las fronteras, ¿prioridad en la agenda de la nueva Comisión europea?

El nuevo comisario europeo de Inmigración, Dimitris Avramopoulos

Jean Claude Juncker, nuevo presidente de la Comisión europea (órgano de la UE que equivale en cierta manera al poder ejecutivo en un Estado nacional), ha presentando en estos días su equipo de comisarios. Aunque podría considerarse prejuicioso valorar a priori las políticas de la flamante Comisión por la simple identidad de sus miembros, en ocasiones un nombramiento representa una verdadera declaración de intenciones.

Como comisario de Interior y Migraciones ha sido nombrado Dimitris Avramopoulos, antiguo ministro de Defensa griego y miembro del partido conservador Nueva Democracia, que sostiene al actual gobierno de Grecia. El país heleno ha tenido el triste honor de ser uno de los Estados miembro de la UE con un peor sistema de reconocimiento y protección de los derechos fundamentales de migrantes y refugiados, habiendo sido incluso objeto de condenas en esta materia por parte del Tribunal Europeo de los Derechos Humanos. Y a mayor abundamiento, el ejecutivo griego liderado por Nueva Democracia está siendo especialmente radical en estas políticas migratorias restrictivas.

Por lo tanto, la designación del sr. Avramopoulos, unido a que desde la Comisión se señala que esta cartera de nueva creación tendrá entre sus objetivos "priorizar la nueva política de migración que abordará de manera firme la inmigración irregular, mientras que al mismo tiempo hará de Europa un destino atractivo para los mejores talentos", no hace abrigar demasiadas esperanzas respecto a que el estricto respeto de los Derechos Humanos en la políticas migratorias y de fronteras se vayan a convertir en una prioridad para este organismo europeo en el mandato que comienza.

Y ello a pesar de que un cambio en esas políticas a nivel estatal y europeo se revela como imprescindible e inaplazable. Durante los últimos meses se han sucedido numerosas situaciones de clara vulneración de los Derechos Humanos en la frontera Sur de Europa, teniendo una significada relevancia las que se han producido en Ceuta y Melilla, el Norte de Marruecos y en las costas andaluzas. Desde la pérdida de vidas (las 15 personas que perecieron en el Tarajal, el goteo de muertes en la valla de Melilla, el fallecimiento de un migrante subsahariano en Tánger en un ataque racista…) hasta el quebrantamiento de las bases del Estado de Derecho (las “devoluciones en caliente” de Ceuta y Melilla, las detenciones ilegales en masa en pabellones deportivos en Tarifa…) se dibuja un panorama en materia de fronteras, migraciones y asilo incompatible con los principios esenciales que, en teoría, informan el proyecto de integración política de la UE y al propio Estado español (justicia, libertad, respeto a los derechos humanos, imperio de la ley…).

En este contexto, los colectivos españoles de la red euroafricana Migreurop (APDHA, CEAR, SOS Racismo, Andalucía Acoge y Elin) presentamos los días 9 y 10 de septiembre en el Parlamento europeo una iniciativa que pretende poner las bases de un cambio de dirección en esas políticas europeas de migraciones y fronteras. Desde el pasado mes de junio, las entidades miembro de Migreurop España venimos reivindicando unas medidas en materia de asilo, de visados o de reagrupación familiar asumibles y realizables que podrían empezar a transformar la visión exclusivamente policial de las migraciones por otra que priorice el respeto de los derechos humanos como mínimo infranqueable. Esta iniciativa tuvo una muy buena acogida entre los diputados europeos asistentes a las jornadas (pertenecientes a los grupos parlamentarios de Izquierda Unitaria y Verdes), que se comprometieron a promoverla, junto a otras propuestas que sobre estas mismas cuestiones surgieron durante las jornadas, en su actuación parlamentaria durante esta legislatura.

Desde la sociedad civil europea seguiremos incidiendo políticamente para que la situación de los Derechos Humanos en las fronteras de la Unión se sitúe en la agenda de la nueva Comisión europea, sea quien sea el comisario competente en la materia. Y en esa labor esperamos contar con el apoyo de, al menos, parte de nuestros representantes en el Parlamento UE.

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