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Abogados en defensa de los animales

El Colegio de Abogados de Córdoba crea un grupo de trabajo de Protección Animal y Medioambiental para formar a los letrados en su defensa

El aumento de la sensibilidad social y de los casos que se presentan en los tribunales impulsa esta iniciativa

Desde el maltrato animal a la custodia de la mascota de un matrimonio divorciado, los abogados se enfrentan a casos donde los animales son los protagonistas

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Un vecino del Bulevar Blasco Ibáñez de Castellón paseando su mascota

La reforma del artículo 337 del Código Penal estableció como delito acciones de maltrato contra los animales que antes sólo se consideraban faltas, sumando a las meras multas económicas la posibilidad de pena de cárcel. Estos cambios en la legislación y el aumento de la sensibilidad social hacia el trato a los animales han hecho que el Colegio de Abogados de Córdoba haya creado recientemente un grupo de trabajo específico sobre Protección Animal y Medioambiental, con el objetivo de formar a los letrados en su defensa.

“Es un asunto que ha cobrado valor en los últimos tiempos, con un interés jurídico donde hay poca formación al respecto”, explica a eldiario.es/andalucia la responsable de este grupo de trabajo del Colegio de Abogados de Córdoba, Isabel Palacios. “La reforma del artículo 337 modifica la legislación, pero no sólo se ven casos en los tribunales sobre animales desde una perspectiva penal sino también desde lo civil”.

Palacios se refiere al amplio abanico de casos judiciales donde los animales son protagonistas, que en los últimos años han experimentado un ascenso, y donde los abogados deben actuar: “No sólo están los casos de maltrato animal sino en otras esferas de lo civil, por ejemplo, en las relaciones matrimoniales, cómo queda la custodia de una mascota tras un divorcio y donde ambas partes quieren quedarse con el animal”, explica.

Ante ello, la necesidad de formación de los abogados es lo que ha hecho que se implante este grupo de trabajo en Córdoba, que mira la experiencia pionera en Cataluña del Colegio de Abogados de Barcelona sobre este asunto –“ya llevan años trabajando en este sector”, corrobora Palacios- o los programas similares puestos en marcha en Andalucía en ciudades como Granada y Málaga.

En esta comunidad autónoma, al cambio legislativo en el Código Penal se suman la Ley Andaluza de Protección Animal y las ordenanzas municipales al respecto en cada ciudad. De ahí que el Grupo de Trabajo sobre Protección Animal y Medioambiental de Córdoba vaya a desarrollar unas primeras jornadas de formación el próximo mes de octubre, dirigidas a los letrados, donde contarán con la participación de la Fiscalía, responsables municipales, agentes sociales implicados y abogados, para aunar la experiencia y la formación más completas.

“Los conflictos que más nos encontramos en los tribunales van desde el abandono de animales a las consecuencias y daños que provocan por haberlos dejado sueltos. Pero, cada vez más, se presentan problemas de maltrato”, asegura esta abogada especialista en los aspectos jurídicos del bienestar animal.

“Creemos que es importante dar cobertura a estos casos desde la formación de los abogados. Somos un grupo de personas sensibilizadas con estos asuntos y la respuesta hasta ahora de los compañeros hacia nuestra propuesta de trabajo ha sido muy bien recibida”, propuesta que ha sido aprobada por la Junta de Gobierno del Colegio de Abogados de Córdoba a inicios de este mes de septiembre.

El objetivo marcado por el propio Colegio de Abogados con este programa es tan claro como amplio: “Que los profesionales del Derecho aporten sus conocimientos en temas de Derecho Animal y Medioambiental para contribuir a mejorar las condiciones de vida de los animales y la protección del Medioambiente, promover la promulgación de leyes en este sentido, así como promover la celebración de actividades formativas para divulgar los avances normativos y jurisprudenciales en esta materia”. Y, tomando una postura activa en este ámbito, “ los abogados deben tener un papel relevante, colaborar con las administraciones y entidades públicas y privadas para presentar propuestas jurídicas de mejora” con respecto a la protección animal y medioambiental.

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