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La Fiscalía investigará presuntas coacciones a los vecinos de Palma-Palmilla en la 'guerra del agua'

Las diligencias permitirán suspender los procedimientos civiles que aún quedan pendientes.

Los afectados piden al alcalde de Málaga una reunión para llegar a acuerdos de pago.

Algunas deudas se remontan a finales de los años 70 y alcanzan los 75.000 euros.

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El abogado José Cosín junto a vecinos afectados por las reclamaciones de deuda de EMASA.

El abogado José Cosín junto a vecinos afectados por las reclamaciones de deuda de EMASA.

La Fiscalía investigará la presuntas coacciones que la Empresa Municipal de Aguas de Málaga (EMASA) ha realizado, a través de Tracasa -subcontrata especializada en el cobro de deuda- a los vecinos de la barriada de Palma-Pamilla para que reconocieran la existencia de impagos. Este procedimiento se abre tras la denuncia presentada por más de 500 vecinos a los que se les reclama una deuda que, según los afectados, no es tal porque nunca han llegado a consumir las cantidades reclamadas.

La notificación de la Fiscalía se produjo el 20 de mayo. Desde entonces, el abogado José Cosin, que está asesorando a los damnificados de lo que ellos llaman la 'guerra del agua', ha solicitado la paralización de los primeros procedimientos civiles que estaban previstos para estos días. Es sólo la primera parte de los 1.400 juicios civiles, algunos de los cuales ya se han producido con sentencias favorables a EMASA y que están programados para los próximos meses. En estas vistas, la empresa de aguas pide la confirmación de los reconocimientos de deuda que los propios vecinos han firmado, según ellos, "bajo graves amenazas como ir a la cárcel".

Así, han anunciado que solicitarán la suspensión de todos los procedimientos civiles que están todavía pendientes. "Ahora nos ampara la ley", asegura Cosín, quien recuerda que "mientras está la investigación abierta no se pueden resolver estas causas iniciadas por el procedimiento que precisamente se está investigando". Estas declaraciones las hizo este letrado en una rueda de prensa celebrada en la sede el 'Er Banco Güeno', donde cargó duramente contra el Ayuntamiento de Málaga y su alcalde, y presidente de EMASA, Francisco de la Torre, al que pidió que se reuniera con los vecinos para concretar un calendario de pagos.

José Cosín subrayó que "a De la Torre debería darle vergüenza toda esta situación" y reiteró en varias ocasiones que "debía ser él quien estuviese en la cárcel y no los vecinos a los que se les ha amenazado si no firmaban el reconocimiento de deuda". El letrado además denunció que se está ayudando a vecinos que no tienen problemas económicos, mientras que hay otros que no cuentan con ingresos suficientes para poder afrontar mensualmente los pagos y que no logran ayudas municipales. "Queremos solución para todos, no para algunos", ha precisado el letrado. Cosín ha pedido también a la oposición en el Ayuntamiento que explique su postura en torno a esta polémica. Su solicitud iba dirigida en concreto a la portavoz socialista, María Gámez, ya que, según ellos, desde Izquierda Unida ya han mostrado su apoyo y se han manifestado del lado de los vecinos.

Derecho al agua

El proceso de reclamación de deuda a los vecinos por parte de EMASA se inició hace dos años. Desde entonces se han llegado a reclamar deudas de hasta 75.000 euros en familias cuya renta media mensual apenas supera los 300 euros. Los procedimientos civiles que ya se han ejecutado han concluido con sentencias favorables a EMASA. "Los vecinos acudían sin abogado a los juicios porque no sabían ni sus derechos", lamenta José Cosín, quien recordó que ante la imposibilidad de pagar las deudas a muchos le cortaron el suministro. Esta circunstancia provocó que los propios vecinos se engancharan ilegalmente a la red de abastecimiento, hechos por los que posteriormente se tuvieron que enfrentar a otros procedimientos judiciales.

Ante estas situaciones, José Cosín recuerda que la ONU establece el agua como "un derecho fundamental" de cualquier persona y sitúa en 16 litros a los que cada persona debe tener acceso cada día para sus necesidades básicas. En este contexto recordó además que la petición de EMASA es ilegal puesto que las ordenanzas señalan que la deuda que se debe abonar es la equivalente al consumo estimado de los últimos seis meses, y no desde los años 70 como está ocurriendo en algunos de los casos.

Además, durante la comparecencia pública se explicaron casos como el de una familia de cuatro personas a las que llegan recibos mensuales de consumo de 150 euros, a los que hay que sumar los 50 euros para amortizar la deuda pendiente y facturas que se emiten, sin que ninguna persona haya pasado por los domicilios para realizar la lectura real de los contadores.

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