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La jueza Alaya pide a Anticorrupción que se pronuncie de nuevo sobre la pensión pedida por Antonio Fernández

La Fiscalía no se opuso a que se le conceda una pensión mensual de 1.359,07 euros al imputado con cargo a la indemnización de 37.935 euros que le correspondió por su despido de la empresa González Byass

A raíz de su imputación en el caso ERE, el exconsejero tiene embargado su patrimonio y sus cuentas bancarias.

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La jueza de Sevilla Mercedes Alaya, que investiga el caso de los expedientes de regulación de empleo (ERE) irregulares, ha solicitado a la Fiscalía de Anticorrupción que se pronuncie de nuevo sobre la pensión de alimentos solicitada por el exconsejero de Empleo de la Junta de Andalucía Antonio Fernández.

En una providencia, a la que ha tenido acceso Europa Press, la magistrada señala que, "a la vista de la pieza de situación patrimonial de Antonio Fernández aportada por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, dese de nuevo traslado al Ministerio Fiscal por término de cinco días a fin de que alegue lo que a su derecho convenga respecto" a la solicitud planteada por el exconsejero.

Cabe recordar que la Fiscalía, en un escrito de 20 de enero consultado por Europa Press, no se opuso a que se le conceda una pensión mensual de 1.359,07 euros al imputado con cargo a la indemnización de 37.935 euros que le correspondió por su despido de la empresa González Byass y que le fue embargada por la magistrada.

Así, el Ministerio Público elevó un escrito al Juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla en el que no se opone a que se le conceda al exconsejero una pensión de 710,47 euros para el pago de la hipoteca de su vivienda y de 648,60 euros en concepto de salario mínimo interprofesional, lo que hace un total de 1.359,07 euros.

La Fiscalía no se opuso a fijar esta pensión --inferior no obstante a los 1.840 euros mensuales solicitados por el exconsejero-- a favor del imputado al tener en cuenta que éste, a raíz de su imputación en el caso ERE, tiene embargado su patrimonio y sus cuentas bancarias, pero la juez le pide que se pronuncie de nuevo en virtud de los datos conocidos a raíz del informe sobre la situación patrimonial del encausado entregado por la UCO.

Delito de cohecho

En base a este informe, la juez ha imputado un delito continuado de cohecho al exconsejero de Empleo por haber recibido "dádivas" o "regalos" por valor de 602.806,72 euros a cambio de la concesión de subvenciones sociolaborales, hechos por los que lo ha citado nuevamente a declarar el 3 de marzo.

Según Alaya, Fernández "adquiere durante el tiempo que desempeñó sus cargos como viceconsejero y consejero de Empleo seis inmuebles --cuatro viviendas y dos garajes con trastero--, comprados concretamente en el transcurso de siete años, desde el 18 de agosto de 2001 al 15 de octubre de 2008, adquiriendo en este último año cuatro de los inmuebles reflejados, dos suyos y dos para su hijo, carente de ingresos para efectuar dicha compra, al igual que en el caso de la compra efectuada por su hija".

Todo ello "ascendiendo a 602.806,72 euros la suma del dinero percibido" por el imputado y sus hijos, "de origen desconocido, a través del abono en cuentas bancarias o utilizado para la compra de inmuebles, siendo así que Antonio Fernández habría sido autorizado o cotitular de algunas de las cuentas de sus hijos".

La petición del exconsejero

En un escrito, el abogado del exconsejero, Alfonso Martínez del Hoyo, señaló que, tras su ingreso en prisión, Antonio Fernández "fue objeto de despido y perdió su puesto de trabajo" como presidente del Consejo Regulador del Vino de Jerez, "habiendo sufrido desde entonces y a partir del momento en que, tras más de tres meses de privación de ella, recuperó la libertad, una situación de completo rechazo social".

De este modo, se le "han cerrado todas las puertas" y sus intentos de encontrar trabajo han resultado "inútiles", a lo que se suma el "agotamiento a día de hoy de toda clase de prestaciones, incluida la ayuda familiar", por todo lo cual el exconsejero "carece en este momento de medios económicos con los que atender a sus necesidades más básicas", según reza el escrito.

Así, y según su abogado, al exconsejero "le resulta imposible hallar cualquier tipo de actividad remunerada y carece pues de ingresos por rentas de trabajo, o de cualquier especie, todos sus bienes y cuentas se encuentran embargadas y no percibe prestación pública o ayuda alguna periódica que le permita no ya hacer frente a sus obligaciones económicas, sino a la mera subsistencia".

"Completa insolvencia"

"Es por ello que nuestro representado se ve en inimaginable posición --si se considera su condición de exconsejero del Gobierno de la Junta y la realidad de decenios de dedicación al servicio público, con más el posterior desempeño de un cargo electivo y de alta remuneración como presidente del indicado Consejo Regulador-- de completa insolvencia e imposibilitado de atender cualquier clase de pagos, a tal extremo que de no contar con benevolente y graciable ayuda de ciertos próximos se vería abocado a la pura indigencia", alega.

A continuación, el abogado relaciona y aporta documentación acreditativa de los gastos que el exconsejero "ha de afrontar con periodicidad mensual", como el préstamo hipotecario que pesa sobre su vivienda de Jerez de la Frontera, ascendente a 710,47 euros mensuales, los gastos de la comunidad de propietarios de dicha vivienda, de 60 euros mensuales, o el suministro de agua y basuras, de 35 euros cada dos meses.

También hace alusión al gasto por el suministro de gas en su vivienda habitual, de 15 euros bimensuales, el suministro de electricidad, de 120 euros también cada dos meses, o los gastos de alimentación, vestido y consumo básico, "prudencialmente estimados en 900 euros".

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