Alaya reclama a Educación los diplomas de cuatro acciones formativas subvencionadas a Faffe

La juez que investiga las irregularidades en la concesión de subvenciones a cursos de formación por parte de la Junta de Andalucía ha reclamado a la Consejería de Educación que, en un plazo de diez días, remita los certificados de asistencia y diplomas relativos a las acciones formativas subvencionadas a favor de la extinta Fundación Andaluza Fondo de Formación y Empleo (Faffe) en virtud de cuatro expedientes concretos.

En un auto dictado el 23 de septiembre, al que ha tenido acceso Europa Press, la magistrada de Sevilla Mercedes Alaya solicita a la Consejería de Educación que remita “los certificados de asistencia y diplomas relativos a las acciones formativas subvencionadas a favor de Faffe” en virtud de cuatro expedientes de los años 2006, 2008 y dos de 2009.

De igual modo, la instructora concede diez días al Servicio Andaluz de Empleo (SAE) para que aporte a la causa “los planes de evaluación y seguimiento o instrumentos anteriores similares desde 2002 a la actualidad para el adecuado control de las acciones formativas y las actuaciones llevadas a cabo en ejecución de dichos planes, ya sea por el SAE o por consultorías privadas”.

En el mismo auto, la juez solicita al Consejo Andaluz de Formación Profesional, y al margen de la información que remita el SAE, “la actuación que haya realizado desde el 2002 en adelante para el seguimiento y evaluación de la ejecución de los planes y programas de acciones formativas”.

OTRAS PETICIONES DE DOCUMENTACIÓN

En otros autos anteriores, la magistrada ya reclamó al Consejo Andaluz de Formación Profesional todos los informes emitidos desde el año 2002 “sobre programas, acciones y subvenciones formativas por la Consejería de Empleo, de conformidad con el artículo 22 del Decreto 214/97 de 2 de septiembre”.

Asimismo, la instructora pidió al Consejo General del Sistema Nacional de Empleo --órgano consultivo adscrito al Ministerio de Empleo-- “los informes anuales sobre programación, gestión, control y evaluación de la formación para el empleo elaborados por la Comunidad Autónoma Andaluz desde el año 2002, así como conclusiones y recomendaciones que hayan hecho sobre el funcionamiento del subsistema, de conformidad con el artículo 33.1 del Real Decreto 395/2007 de 23 de marzo”.

Además, Alaya ya pidió a la Intervención General de la Junta de Andalucía que, a través de la Guardia Civil, entregara los informes que haya realizado desde el año 2002 en adelante “para el programa 32D o cualquier otro programa presupuestario relativos a los cursos de formación”.

En esta causa, la juez mantiene imputados a los exconsejeros de la Junta de Andalucía Antonio Fernández y Ángel Ojeda