Alaya pide a la Junta andaluza las actas de las reuniones de los viceconsejeros

La juez que instruye el caso de los ERE, Mercedes Alaya, ha requerido a la Junta para que le entregue las actas de las reuniones celebradas desde 2001 al 18 de octubre de 2012 por los viceconsejeros, denominadas “consejillos”, que se realizan cada semana con carácter previo a los Consejos de Gobierno.

Esta documentación debe ser entregada al juzgado en el plazo de diez días, acompañada de las convocatorias internas de esas reuniones y del orden del día de cada una de ellas.

Según el auto de la juez, al que ha tenido acceso Efe, se trata de “poder investigar cuantas cuestiones eran analizadas en torno al uso ilícito de las transferencias de financiación para el pago de (la Agencia) IDEA de las subvenciones sociolaborales”.

La documentación se solicita igualmente para aclarar “la existencia de procedimientos en la concesión de todas las subvenciones, sobre la falta de fiscalización previa, sobre el importante déficit presupuestario generado por la Consejería de Empleo y el consiguiente débito con IDEA que anticipa el pago de unas subvenciones que se pagarían arbitrariamente”.

También menciona el auto “las modificaciones presupuestarias para incrementar el crédito presupuestario del programa 31L, sobre los presuntos acuerdos de colaboración entre la Consejería de Empleo y la Consejería de Innovación”.

Toda esa documentación es solicitada para determinar “si en dichos actos se recogen extremos que pongan de manifiesto el conocimiento generalizado entre las más altas instancias de la Junta de Andalucía de la indiciaria vulneración de la competencia del Estado en la concesión de tales subvenciones de naturaleza laboral y acerca de la ilegalidad de dicho procedimiento de concesión y pago”.

La Junta ya entregó, por requerimiento de la juez, las actas de los Consejos de Gobierno de la Junta cuando aún la presidía José Antonio Griñán, uno de los aforados que, junto al también ex presidente de la Junta Manuel Chaves, está incluido en la exposición razonada que Alaya envió al Supremo sobre este caso.

Esta documentación ya fue demandada por la acusación particular del PP, a la cual la representación legal de la Junta de Andalucía formuló alegaciones.