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La juez Alaya toma declaración como imputados este viernes a un sindicalista y a un "amigo" de Guerrero

La juez de Sevilla que investiga el caso de los expedientes de regulación de empleo (ERE) irregulares tramitados por la Junta de Andalucía tomará declaración este viernes a un sindicalista que fue presidente del comité de empresa de la factoría de Asean Brown Bovery (ABB) en Córdoba y a un segundo imputado que, según la Guardia Civil, "se valió de su relación de amistad" con el exdirector general de Trabajo Francisco Javier Guerrero para conseguir una ayuda.

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De este modo, la magistrada de Instrucción número 6 de Sevilla ha citado a las 10,30 horas a José Manuel Casado, quien fue detenido el pasado mes de octubre junto con su hermano, el exdirigente de la unión provincial de CCOO en Córdoba Francisco Casado, en el marco de la operación 'Heracles' que desarrolló la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil.

Asimismo, la juez ha citado a declarar a las 12,00 horas a Cristóbal Martínez Victoria, quien, según mantiene la Guardia Civil, obtuvo una ayuda "a la que no tenía derecho prevaliéndose de su relación de amistad" con el exdirector general de Trabajo Francisco Javier Guerrero.

Tras la declaración de estos dos imputados, la juez ha citado a declarar a otros 28 encausados entre el 27 de noviembre y el 17 de enero de 2014.

Este miércoles compareció ante la instructora Claudio Andrés Sendino García, quien cobró 96.223 euros tras ser incluido como 'intruso' en el expediente de regulación de empleo (ERE) del Hotel Cervantes de Torremolinos (Málaga) pese a ser "ajeno" a la entidad, el cual aseguró que "un representante de un sindicato, que no recuerda quien era, le dijo que el tema era tan legal que lo tenía que aprobar la Junta de Andalucía".

La juez imputa a este 'intruso' cuatro presuntos delitos de malversación de caudales públicos, prevaricación, tráfico de influencias y obtención ilegal de subvenciones.

La juez también había citado a declarar este miércoles a José Antonio Cuevas Álvarez, 'intruso' en el ERE del Hotel Cervantes, y a Carlos Miranda Bacciarini, director de la dirección hotelera del Grupo Nueva Rumasa y administrador mancomunado de la empresa Europa Center, pero ninguno de los dos compareció, el último de ellos porque alegó que vive en Barcelona y que, tras recibir la notificación de su declaración, no tenía tiempo suficiente para preparar su defensa.

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