Mercedes Alaya abre diligencias separadas por una ayuda a Astilleros de Huelva

La juez que investiga el caso de los expedientes de regulación de empleo (ERE) irregulares ha aceptado la petición de la Fiscalía Anticorrupción y ha acordado que se abran nuevas diligencias previas separadas para indagar una ayuda concedida por la Consejería de Empleo a Astilleros de Huelva en 2011 y otra serie de subvenciones otorgadas por el antiguo Instituto de Fomento de Andalucía (IFA) y actual agencia IDEA. En sendos autos, Mercedes Alaya pone de manifiesto que las “irregularidades” expuestas por el propio ministerio público “merecen” un análisis “pormenorizado” y “separado” de la presente causa “por si las mismas y la investigación que se inicie revelaren una actuación fraudulenta” de IDEA y de la Consejería de Empleo en la concesión de ayudas y avales.

En relación a IDEA, el fiscal hacía referencia a un oficio remitido por la Guardia Civil sobre su actuación en el pago de ayudas a terceros y señalaba que podría “presentar irregularidades que hayan desembocado en una merma para los fondos públicos de la Junta de Andalucía”. Señalaba el instituto armado que algunas de las empresas beneficiarias de estas ayudas figuraban también entre las perceptoras de otras aportaciones otorgadas “desde la Dirección General de Trabajo de la Consejería de Empleo, pudiendo incluso coincidir en el tiempo”.

La juez entiende que los datos aportados por la Guardia Civil “revelarían serias irregularidades”, habiéndose “detectado casos en los que simultáneamente a la autorización por parte del Consejo Rector de IFA/IDEA del pago en ejecución de un aval de salvamento a favor de una serie de empresas, se encontraban en proceso de resolución la concesión de ayudas de reestructuración a favor de estas mismas empresas”, un hecho que “podría constituir una inyección continuada y sistemática de fondos públicos a favor de la aplicación de criterios arbitrarios de concesión”.

Se sumaría también, por ejemplo, que la Intervención General de la Junta de Andalucía puso de manifiesto en su informe de cumplimiento de 2009 que “se había detectado la concesión de ayudas sin tener en cuenta el requisito previo de autorización del régimen de ayudas por parte de la Comisión Europea”, así como “podrían haberse incumplido los requisitos de publicidad” establecidos.

En un segundo auto, acepta la petición de la fiscalía y acuerda abrir otra nueva causa para investigar un acuerdo del Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía de 15 de noviembre de 2011, siendo presidente José Antonio Griñán, en el que se autorizó la concesión de una subvención de carácter excepcional a Astilleros de Huelva. Hay que recordar que el PP-A también pidió a la juez que lo investigara, pues entendía que “se ha prescindido total y absolutamente del procedimiento legalmente establecido en la Orden de 1 de abril de 2011 de la Consejería de Empleo”.

La juez entiende que esta ayuda también “merece un análisis pormenorizado y separado de la presente causa, por si las mismas y la investigación que se inicie revelen una actuación fraudulenta de la Consejería de Empleo, pues aunque la misma fue concedida con cargo a la partida presupuestaria 31L, no se otorgó en aplicación de la orden de 1 de abril de 2011” por la que se aprobaban las bases para la concesión de los ERE.