Alaya archiva la causa contra dos exabogados de la familia Ruiz Mateos imputados en los ERE

La juez que investiga el caso de los expedientes de regulación de empleo (ERE) irregulares tramitados por la Junta de Andalucía ha archivado la causa contra dos antiguos abogados de la familia Ruiz Mateos, como son Joaquín Yvancos y Miguel Sánchez, de manera que la causa se queda con 264 imputados.

En un auto, al que ha tenido acceso Europa Press, la magistrada Mercedes Alaya estima de este modo la petición realizada por los letrados de ambos encausados y archiva la causa respecto a ellos, “sin perjuicio del resultado de las diligencias que se practiquen en relación al resto de ayudas dadas a las empresas del grupo de la familia Ruiz Mateos”.

La instructora ha tomado esta decisión después de que la Fiscalía Anticorrupción, “atendiendo al estado actual de la instrucción”, haya considerado que no ha quedado “suficientemente acreditada la dolosa participación y dominio en los hechos” de estos dos imputados.

De igual modo, la juez Alaya ha decretado el sobreseimiento provisional de las actuaciones respecto al exdirector de IDEA Miguel Ángel Serrano, pero únicamente en relación a los hechos que le imputó en relación a la empresa Hitemasa por medio de un auto de 4 de septiembre de 2014, “quedando subsistentes el resto de las imputaciones indiciariamente formuladas al mismo por razón de la presente causa”.

En este mismo auto, la magistrada rechaza la petición de sobreseimiento planteada por otros 14 imputados, entre ellos Antonio Diéguez Viera, pues “la documentación aportada sobre las ayudas recibidas tanto por la empresa Promociones Vinícolas como el expediente de la ayuda solicitada por el propio imputado para un complejo turístico rural” en la Sierra Norte de Sevilla “no desvirtúan, al menos por ahora, los hechos que le fueron imputados” en auto de 4 de junio y al inicio de su declaración judicial.

“PERSEGUIR” A GUERRERO

“No se ha aportado prueba alguna que acreditara, por ejemplo, la existencia de la 'oficina pública orientada al asesoramiento empresarial', ni tan siquiera dónde estaba ubicada”, sostiene la juez, que añade que dicha oficina “debería haber informado” al encausado “de los trámites para obtener subvenciones públicas, que debería comenzar por la presentación de una solicitud --que no se presentó-- a la que se acompañaría el proyecto para lo que se pedía”.

A su juicio, “sería paradójico que por esta 'oficina' se le informara que entre los trámites a seguir se encontrara el de perseguir literalmente” al exdirector general de Trabajo Francisco Javier Guerrero, “incluso en los bares que éste frecuentaba, para requerirle el abono de la subvención por éste concedida para un proyecto turístico --Paraíso del Huéznar--, proyecto que sería presentado dos años después de la fecha de concesión”.

El imputado, “siendo conocedor presuntamente del sistema paralelo ideado para el cobro de estas subvenciones, endosó los 300.000 euros de la ayuda a la Caja San Fernando, intento que se frustraría ante la falta de toma de razón por la Dirección General de Trabajo”.

RECHAZA EL ARCHIVO PEDIDO POR 12 CONSEJEROS DE HITEMASA

La juez Alaya añade que este imputado “induciría al director general de Trabajo para el dictado de una resolución injusta, a cambio de prestarse a constituir otra sociedad meramente instrumental con el también imputado Gregorio Martínez Piñero denominada 'Promociones Vinícolas', presuntamente con el ilícito objeto de obtener nuevas subvenciones, aunque el imputado desistiera como manifestó en su declaración judicial 'porque lo que estaba viendo no le gustaba y se alejó'”.

De otro lado, la instructora ha rechazado archivar la causa contra 12 consejeros de Hitemasa, ya que sus alegaciones “no desvirtúan por ahora los hechos que les han sido imputados, todo lo contrario, sino que algunas de tales alegaciones y documentos aportados vienen a corroborar los indicios sobre la ilicitud de tales hechos”.

En este sentido, la juez dice que, “sin perjuicio de las cantidades que habría abonado la empresa Hitemasa, las subvenciones totales recibidas por esta sociedad desde el 2001 ascenderían a 32,2 millones, terminando tras el ERE del 2004 con el cierre de la empresa”, ayudas “que fueron otorgadas sin que mediara solicitud, ni bases reguladoras, ni resolución motivada por órgano competente para su concesión, vulnerando el orden competencial constitucional en materia laboral y la normativa comunitaria”.

Asimismo, “partiendo del dato objetivo del abono por la Junta de elevadas cantidades en relación a Hitemasa, de las que se derivaron sobrecomisiones a favor de Vitalia, y que con cargo a estas se abonarían los costes de las mejoras de las pólizas a los consejeros, teniendo en cuenta su cuantía y duración total, llamar a esto 'detalle' y compararlo con una cesta de navidad o un jamón, no parece serio y por supuesto no justifica el trato de favor que los consejeros obtuvieron y especialmente Antonio Moreno Tejón”.

“Tampoco se ha desvirtuado que los imputados conocieran la inclusión” del 'conseguidor' de los ERE y exsindicalista de UGT Juan Lanzas “y parte de su entorno en las pólizas, pues derivada de esta inclusión vendría la mangnanimidad de la Junta”, concluye.