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Alaya imputa a otras seis personas en el caso ERE y eleva a 229 los encausados

Mientras aún está por ver qué dice la Fiscalía sobre la competencia del caso ERE, sobre la que le consultó el Tribunal Supremo a primeros de septiembre, la jueza continúa con la instrucción.

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Suma y sigue. Mercedes Alaya, que investiga el caso de los expedientes de regulación de empleo (ERE) irregulares tramitados por la Junta de Andalucía, ha imputado en la causa a otras seis personas, lo que eleva a 229 el número de encausados. Mientras aún está por ver qué dice la Fiscalía sobre la competencia del caso ERE, consultada a primeros de septiembre por el Tribunal Supremo, la jueza continúa con la instrucción.

Y de qué forma. n un auto fechado el día 30 de octubre, al que ha tenido acceso Europa Press, la magistrada atiende la petición realizada por la Fiscalía Anticorrupción e imputa en la causa al presidente de FCC Medio Ambiente, Agustín García Gila, y al director general de Recursos Humanos de Cespa, Salvador Tudela Edo, a quienes cita a declarar el próximo día 1 de diciembre.

Asimismo, y en relación a Dhul, imputa a Dimas Rodríguez, director general de la Caja Rural de Granada en el año 2007; Rafaela Ruiz, directora de Inversiones de Caja Rural de Granada, y José Miguel Martos Alcalde, director de la oficina principal de la Caja Rural de Granada, mientras que por el expediente de Hitemasa imputa a Rosario González Agulló.

La juez entiende que tanto Agustín García Gila como Salvador Tudela Edo "serían participes en las negociaciones que, como consecuencia del conflicto colectivo en el ámbito de la limpieza en Granada", culminaron con el convenio colectivo para esta provincia de 6 de abril de 2006.

Según la magistrada, todo lo anterior llevó a que el 19 de diciembre de 2006 el entonces director de Trabajo Francisco Javier Guerrero, "sin la tramitación de expediente alguno y con falta de competencia para ello, remitiría escrito a Personal Life mostrando su conformidad para la suscripción de una póliza cuyos beneficiarios eran Cespa y FCC Medio Ambiente con una renta total a percibir por estas empresas de 452.000 euros cada una de ellas".

En este sentido, la instructora relata que, el 29 de diciembre de 2006, Personal Life emitió una serie de pólizas de capital diferido y rentas de supervivencia en las que la tomadora era la Dirección General de Trabajo y en las que figuraban tres certificados individuales, en los cuales se designaba como beneficiarias a Cespa y FCC.

"SIN PROCEDIMIENTO ALGUNO"

La juez dice que, "como cobros derivados de las citadas pólizas, las referidas empresas recibirían de Fortia tras la absorción de Personal Life la cantidad de 276.222,24 euros cada una de ellas en los ejercicios 2006-2007, siendo conocedores" los imputados "como directivos" de FCC y de Cespa "de que todo ello se había llevado a cabo sin procedimiento alguno, sin que FCC solicitara ninguna ayuda o subvención, como tampoco lo había hecho Cespa".

A ello se suma que "ninguna de las empresas carecía de capacidad económica suficiente para asumir dichas subidas lineales, pese a lo cual ambas empresas resultaron ser beneficiarias de las citadas pólizas", punto en el que el juez añade que la Junta "asumió obligaciones que en cualquier caso serían de las empresas, conociendo éstos que tal actuación constituía una mera liberalidad, financiada con fondos públicos".

"La carencia de procedimiento llegaría incluso a que parte de la prima de estas pólizas fuera abonada mediante el sistema de pagos cruzados", asevera la juez en su auto, en el que añade que ambos imputados, además, "conocerían indiciariamente" la inclusión en la póliza de seis 'intrusos' "vinculados" a Guerrero, "y que supuso un coste total de 1.462.459,61 euros".

La juez, también a petición de la Fiscalía, solicita a la Asociación de Empresas de Limpieza Pública (Aselip) que aporte certificación acreditativa de los miembros de su Junta Directiva desde 2005 hasta 2010, así como Libro de Actas de dicha asociación.

PRÉSTAMO A DHUL

En el auto, y en relación a Dhul, la juez también aprecia "indicios de la participación de nuevas personas" pertenecientes a Caja Rural de Granada "en la instrumentación ideada con el fin de conseguir que la referida entidad bancaria consiguiera que se amortizara el préstamo que la misma había concedido a Dhul a través de la Junta de Andalucía".

"Del conocimiento de la utilización de esta instrumentación del pago de crédito obra numerosa documentación en la pieza remitida por la Junta de Andalucía", por lo que la juez imputa a Dimas Rodríguez, director general de la Caja Rural de Granada en 2007; Rafaela Ruiz, directora de Inversiones de Caja Rural de Granada, y a José Miguel Martos Alcalde, director de la oficina principal de la Caja Rural de Granada.

La juez cita a este último a declarar el próximo día 2 de diciembre, mientras que respecto a los dos primeros, ordena a la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil que recabe sus datos de filiación completos para proceder a su citación.

Asimismo, Alaya requiere a Caja Rural de Granada para que remita en el plazo de cinco días los expedientes completos de seis préstamos concedidos a Dhul, "entendiendo que deben de comprender todo tipo de informe o análisis elaborados así como los acuerdos de aprobación de los órganos de la Caja".

Asimismo, y en relación a la empresa Hitemasa, imputa a Rosario González Agulló, trabajadora de Vitalia a quien el también imputado Jesús Bordallo "remite un correo electrónico" el 6 de octubre de 2008 donde "le pone de manifiesto que en el certificado del asegurado Miguel Recio Duarte hay unas rentas 'vendidas' y que no se han abonado, por lo que según las indicaciones del consejo de administración de Hitemasa habría que proceder a abonar estas rentas a los cinco miembros que componían el consejo de administración, designándolos nominalmente y liquidar dichas rentas en dos plazos a partes iguales, por importe de 1.800 euros a cada miembro del Consejo, siendo la prima abonada con cargo a los fondos de la Junta de 18.000 euros".

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