Andalucía y otras cuatro comunidades ven “imposible” aplicar la Lomce el próximo curso

Los consejeros de Educación de las cinco comunidades autónomas que no están gobernadas por el Partido Popular --Andalucía, País Vasco, Cataluña, Asturias y Canarias-- han afirmado este miércoles que es “imposible” empezar a aplicar la Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa (Lomce) en el curso 2014-2015, y además han criticado el contenido de la misma y la “falta de diálogo” del Gobierno con los ejecutivos autonómicos sobre este tema.

El responsable de Educación en el Ejecutivo autonómico andaluz, Luciano Alonso, así como los consejeros Cristina Uriarte (País Vasco), Irene Rigau (Cataluña), Ana González (Asturias) y la viceconsejera Manuela de Armas (Canarias) han comparecido en una rueda de prensa en Madrid para expresar su postura conjunta unas horas antes de participar en la Conferencia Sectorial de Educación para estudiar los decretos de enseñanzas vinculados a la reforma educativa.

De esta forma, Alonso ha incidido en la falta de una financiación adecuada para la puesta en práctica de una ley que, según ha apuntado, va a “disparar el gasto en educación”, mientras que González ha lamentado la “falta de lealtad institucional” del Gobierno central por no haber informado puntualmente ni consultado diversas cuestiones sobre la ley a las comunidades autónomas.

Tanto el consejero andaluz como la consejera asturiana han señalado que sus respectivos gobiernos mantienen su intención de recurrir la Lomce ante el Tribunal Constitucional, y la viceconsejera canaria ha acusado al Ejecutivo de Rajoy de no ser “responsable” y de actuar “a espaldas” de los gobiernos autonómicos.

Uriarte, de su lado, ha indicado que poner en marcha la ley con el calendario fijado por el Gobierno central --empezando en el próximo curso académico en el caso de Primaria y Formación Profesional Básica-- es “inviable” porque no da tiempo a que las comunidades autónomas puedan hacer el desarrollo normativo de la Lomce y luego planificar el curso.

Rigau ha reprochado al Ejecutivo de Mariano Rajoy la falta de un diálogo “fluido y sincero” con las autonomías y “la improvisación, la precipitación y la imposición” que, a su juicio, han marcado la forma de actuar del Ministerio de Educación. Asimismo, ha señalado que la nueva ley “atenta contra la autonomía” de los centros educativos y de las comunidades autónomas.

ANDALUCÍA SE “REBELA” FRENTE A LA “TRAMPA”

El consejero andaluz ha manifestado que la reforma educativa es “técnicamente deficiente”, presenta “graves incoherencias” e “ignora” el Estatuto de Autonomía de Andalucía y su ley de educación. “No vamos a ser insumisos pero tampoco vamos a incumplir nuestro Estatuto”, ha afirmado Alonso, antes de indicar que el Gobierno andaluz, a través de sus decretos de enseñanza, va a “seguir apostando por una educación de calidad, inclusiva y en igualdad”.

Ha cifrado en 150 millones de euros al año los que necesitará Andalucía para la implantación inicial de la ley, “si milagrosamente se puede poner en marcha”. Esta cifra correspondería solo a la puesta en marcha de la ley en Educación Primaria y FP Básica, así como para el programa de gratuidad de libros de texto. El consejero ha destacado que a pesar de que la aplicación de la Lomce “supone disparar el gasto educativo por las nubes, el Ministerio no ha elaborado una memoria económica”.

“Es materialmente imposible que los proyectos educativos de centros estén listos para el comienzo de curso cuando aún hoy se está discutiendo y no conocemos al completo la normativa a nivel estatal”, ha aseverado Alonso, para quien la nueva norma es “imposible de aplicar”. Asimismo, ha destacado que el Ministerio “conduce hacia un callejón sin salida a las comunidad autónomas que tenemos que aplicar su contenido; frente a esta trampa que nos obliga a escoger entre la dejación de nuestras responsabilidades con el desarrollo de nuestra competencias, y el cumplimiento de la Lomce, Andalucía se rebela”.

Al respecto, para paliar los efectos negativos de la norma, Andalucía elaborará sus propios decretos de enseñanzas que afectarán al currículo educativo. De esta manera, se va a favorecer una formación “más humanista e integral” donde se promoverán metodologías que potencien el desarrollo de las competencias básicas.

Además, Alonso ha avanzado que se incluirán asignaturas que “destierra la Ley Wert”, como Educación para la Ciudadanía, para que “prevalezcan los valores cívicos frente a los principios morales de la religión que quiere potenciar la Lomce”. En cuanto a los libros de texto, Alonso ha destacado que en Andalucía se mantiene el programa de gratuidad de libros de texto, tal y como garantiza el Estatuto de Autonomía, “pero solo serán gratuitos aquellos libros de texto que se editen conforme a la norma autonómica”. También se garantiza la permanencia del profesorado dos cursos seguidos, frente a la “rotura” de los ciclos educativos que recoge la reforma.

ALTERNATIVAS A QUIENES NO SUPEREN LA REVÁLIDA

El consejero ha explicado que el modelo educativo andaluz apuesta por una educación “de calidad, inclusiva y en igualdad”. En este sentido, “Andalucía no va a sostener con fondos públicos a aquellos centros que opten por la educación diferenciada”. Para evitar la segregación se establecerán criterios que garanticen la escolarización equilibrada del alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo, tanto en centros públicos como en privados concertados, y se supervisará la correcta aplicación de los criterios de admisión del alumnado.

Respecto a la evaluación, Andalucía va a “exigir” la intervención de los centros en el diseño de las pruebas y el consenso en sus contenidos, así como en los criterios de calificación. “Será el profesorado de la Función Pública quien aplique y califique las pruebas de evaluación final en los centros públicos”, ha destacado. Así, en la comunidad no se publicarán los resultados de las pruebas de evaluación final obtenidos por cada centro, a modo de ránking.

Alonso ha anunciado que se aplicarán alternativas para ofrecer una salida a quienes no superen la reválida a pesar de aprobar el curso, “de forma que ningún niño o niña se quede en tierra de nadie por culpa de la Lomce: en Andalucía le vamos a garantizar la permanencia en el sistema educativo”, ha subrayado.