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Anticorrupción pide que la causa de los cursos de formación se declare “de especial complejidad”
- La jueza María Núñez Bolaños recientemente la dividió en nueve piezas
La Fiscalía Anticorrupción ha solicitado a la juez María Núñez Bolaños que declare de “especial complejidad” la causa donde se investigan las presuntas irregularidades en los cursos de formación financiados por la Junta de Andalucía, que permitiría a la magistrada disponer de 18 meses para finalizar la instrucción en virtud de la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal que fija los plazos de la instrucción para las causas sencillas y complejas.
En un escrito elevado el pasado día 9 de diciembre de 2015 al Juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla, al que ha tenido acceso Europa Press, el fiscal delegado Anticorrupción, Fernando Soto Patiño, considera que la causa de los cursos de formación, que recientemente fue dividida en nueve piezas, “presenta todos los requisitos para su declaración de especial complejidad”.
El fiscal, que hizo esta petición antes de que la juez dividiera la causa en piezas, recuerda que la Ley de Enjuiciamiento Criminal establece que “se considerará que la investigación es compleja” cuando recaiga sobre grupos u organizaciones criminales, tenga por objeto numerosos hechos punibles, involucre a gran cantidad de investigados o víctimas, y exija la realización de pericias o de colaboraciones recabadas por el órgano judicial que impliquen el examen de abundante documentación o complicados análisis.
En este sentido, el Ministerio Público señala que la causa de los cursos de formación “presenta todos los requisitos para su declaración de especial complejidad, en especial” estos cuatro primeros apartados y “particularmente” el quinto que establece dicha Ley, como es que la causa implique la realización de actuaciones en el extranjero, pues la investigación conllevará “una labor revisora y de análisis especialmente complejo”.
La Fiscalía explica que el nuevo artículo 324 de la Ley diseña un modelo de plazos de la instrucción “que exige el establecimiento por parte de la Fiscalía de unos mecanismos de control de los procedimientos más minuciosos que los existentes en la actualidad”, de manera que se fija un plazo general de duración de la instrucción de seis meses que se eleva a 18 cuando la instrucción sea declarada compleja, añadiendo que el sistema de prórrogas de hasta 18 meses adicionales “es aplicable exclusivamente a instrucciones complejas”.
PRÓRROGA
En este sentido, pone de manifiesto que, “tanto en las causas ordinarias como en las complejas, es posible fijar un nuevo plazo máximo para la finalización de la instrucción cuya extensión temporal no está limitada por la nueva disposición legal”, y en este punto explica que la declaración de complejidad “debe ser solicitada por el Ministerio Fiscal en cualquier momento antes de la expiración del plazo general de los seis meses”.
De este modo, el propio instructor “puede dar traslado al Ministerio Fiscal para que se pronuncie sobre si procede declarar compleja la instrucción”, mientras que “tampoco existe obstáculo alguno para que si las circunstancias que justifican la declaración de complejidad de la instrucción, la prórroga o la fijación de plazo máximo son apreciadas 'ab initio', pueda declararse la complejidad, acordarse la prórroga o fijarse el plazo máximo desde el momento en que consten las mismas, sin necesidad de agotar los plazos legales”.
Recientemente, el juez de Instrucción número 16 de Sevilla, Juan Gutiérrez Casillas, declaró como causas de “especial complejidad” las diez piezas separadas en las que se encuentra dividido el caso Invercaria, que acumula ya 153 tomos y más de 62.200 folios, además de otros tantos legajos de documentación e investigación.
DIVISIÓN
La juez María Núñez, en un auto dictado el pasado 21 de diciembre, dividió en nueve piezas la 'macrocausa' de los cursos de formación, tres de las cuales versarán sobre los entramados empresariales vinculados al exconsejero de Hacienda de la Junta Ángel Ojeda y a otras dos personas, mientras que cuatro de las piezas se centrarán en otros tantos consorcios públicos de formación de la Junta, como son Ciomijas, Formades, Forman y CTI.
De igual modo, la instructora dividió el caso en una octava pieza vinculada a la Fundación Andaluza Fondo de Formación y Empleo (Faffe), mientras que la novena y última pieza se centrará en el Servicio Andaluz de Empleo (SAE), lo que está relacionado con la operación 'Barrado' desarrollada el pasado mes de marzo por la Guardia Civil y dirigida por la juez Mercedes Alaya.
En relación con la operación 'Barrado' en la que fueron detenidos nueve delegados y exdelegados provinciales de Empleo, la juez Alaya acusó a la Junta de crear una “red de clientelismo político”, ya que desde la Consejería de Empleo se impartirían “órdenes” a las distintas delegaciones provinciales de Empleo para que no se controlara el dinero destinado a la formación.
Hay que recordar que la juez Núñez, en un auto dictado el día 30 de julio, ya acordó dividir en piezas separadas el caso de los expedientes de regulación de empleo (ERE) fraudulentos, a lo que se había opuesto reiteradamente la anterior titular, Mercedes Alaya.
