Anticorrupción pide a la juez Núñez que declare compleja la investigación de las sobrecomisiones de los ERE

La Fiscalía Anticorrupción ha solicitado a la juez María Núñez Bolaños, que investiga el caso de los expedientes de regulación de empleo (ERE) fraudulentos, que declare de especial complejidad la pieza separada por las sobrecomisiones pagadas en las pólizas de prejubilaciones, donde están siendo investigadas un total de 15 personas.

En un escrito elevado al Juzgado, al que ha tenido acceso Europa Press, el Ministerio Público pide la declaración de la causa como de instrucción compleja “al estimar razonablemente que la investigación no podrá completarse en el plazo mínimo estipulado de seis meses”, por lo que solicita fijar “un nuevo plazo de instrucción inicial de 18 meses”.

Y es que, en caso de que esta pieza separada se declare de especial complejidad, el Juzgado podría disponer de 18 meses más para finalizar la instrucción en virtud de la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal que fija los plazos de la instrucción para las causas sencillas y complejas.

La Fiscalía recuerda que la pieza separada de las sobrecomisiones, abierta por la juez el 8 de junio pasado, tiene por objeto la investigación de las sobrecomisiones recibidas por las mediadoras con ocasión de las pólizas de renta colectiva suscritas y sufragadas con fondos públicos desde la Dirección General de Empleo a través de la agencia IDEA y con cargo a la partida presupuestaria conocida como 31L.

Anticorrupción se ha pronunciado de este modo después de que, mediante una providencia fechada el día 10 de octubre y a la que ha tenido acceso Europa Press, la magistrada de Instrucción número 6 de Sevilla le diera traslado junto al resto de partes personadas en esta pieza separada “para que aleguen lo que a su derecho convengan sobre la declaración de la presente causa como de instrucción compleja”.

Dentro de esta pieza separada, abierta el pasado mes de junio, están siendo investigados por presuntos delitos de prevaricación y malversación de caudales públicos, entre otros, el ex director general de Trabajo y Seguridad Social Francisco Javier Guerrero y el 'conseguidor' de los ERE y exsindicalista de UGT Juan Lanzas.

En relación a la pieza de las sobrecomisiones, la magistrada investiga “hechos relativos a la determinación o fijación de la prima de la póliza y porcentaje de comisión, bien de forma directa o bien indirecta, y luego su reparto a pesar de todo ello presuntamente ilícito”.

A su juicio, “las sobrecomisiones derivarían del hecho puesto de manifiesto en el estudio de las pólizas de rentas y de capital --no sólo en ayudas sociolaborales sino encubriendo ayudas directas a empresas (Aglomerados Morell), pagos de compromisos asumidos (FCC y Cespa) o directamente pagos de deudas previas de empresas (comercial Dhul)-- de importes de primas pagados por la Junta de Andalucía”.

En este sentido, la juez asevera que éstos últimos pagos de importes de primas por la Junta serían “muy al parecer superiores al precio de mercado de éstas”, puesto que “era la cuantificación de la prima el instrumento mediante el cual la mayoría de los agentes que intervienen en el proceso se garantizarían una participación presuntamente ilícita en el reparto de los fondos de la Junta”.

La juez incluye además en esta pieza “como penalmente responsables” al ex delegado de Empleo en Sevilla Antonio Rivas, al cuñado de Lanzas, Ismael Sierra, y a los extrabajadores de Vitalia Jesús Bordallo y Antonio Albarracín.

Igualmente, en esta pieza son investigados Antonio Garrido Santoyo, exsecretario de Política Municipal del PSOE en Baeza (Jaén), exsecretario de Administración de UGT en Sevilla e 'intruso' en el ERE de 2007 de Mercasevilla; el dueño de Uniter, José González Mata, o los presuntos 'testaferros' Eduardo Leal del Real y Juan Francisco Algarín.

La pieza también afecta a Damián Jiménez Rueda, que fue secretario provincial de Alimentación de CCOO en Jaén entre 1996 y 2004 y cuya esposa fue incluida como 'intrusa' en el ERE de Dhul; Luis Javier García de los Reyes, exdirigente de la UGT en Jaén cuya esposa fue incluida en la póliza de prejubilaciones de Hitemasa; un abogado; Mariano Martínez Fernández, antiguo trabajador de Hijos de Andrés Molina y “posible conocido de Lanzas”, y Beatriz Núñez.

La magistrada no cifra en el auto el posible importe pagado por la Junta por esos sobrecostes, si bien la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones cuantificó en 66.155.573,51 euros las sobrecomisiones que se pagaron por encima de la media de mercado en las pólizas de prejubilaciones vinculadas a los ERE financiados por la Administración autonómica.