Fiscalía y Junta coinciden en pedir a Alaya que no duplique la investigación sobre empresas públicas

La Junta de Andalucía y la Fiscalía Anticorrupción están de acuerdo en el caso de los ERE. Al menos en el punto de solicitar a Mercedes Alaya que no duplique una investigación que ya está siendo instruída en otro juzgado. El Gobierno andaluz ha recurrido directamente a la Audiencia y el Ministerio Público ha pedido antes una aclaración a la jueza. Ambos aseguran que la información adicional sobre empresas públicas para determinar si ha habido “paralelismo” con la actuación de la agencia IDEA, encargada de tramitar las ayudas públicas que se investigan, ya está abierta en el Juzgado de Instrucción 16, encargado del llamado 'caso Invercaria'.

Tanto el escrito de la Fiscalía conocido este viernes como el recurso de apelaicón de la Junta, a los que ha tenido acceso eldiario andalucía, son bastante similares en su argumentación. Coinciden, casi textualmente, en apuntar que los informes solicitados por la jueza sobre empresas públicas como Extenda, Egmasa, Epdasa, Giasa o la RTVA  “son ya objeto de investigación” en el otro juzgado, al que le corresponde “la competencia para la práctica de las diligencias acordadas” por Alaya, explica la Fiscalía.

De hecho, hace un par de meses trascendió que la Fiscalía Anticorrupción había pedido al juez del 'caso Invercaria', que abrió en noviembre de 2013 nueve causas para investigar si se hizo un uso inadecuado de las transferencias de financiación en otras tantas empresas públicas de la Junta, solicitó igualmente a la Intervención General más información para ampliar la investigación.

Así lo hace constar la Fiscalía en su escrito de este viernes, donde solicita una “aclaración” para “delimitar el objeto y finalidad de la diligencia” de la jueza, al margen de reconocer que el contenido de los informes adicionales “puede ser de utilidad” en el caso de los ERE. Pero añade: “La investigación per se de los ilícitos que pudiesen constituir en relación a cada una de las singulares entidades reseñadas son ya objeto de investigación por el Juzgado de Instrucción nº 16 de Sevilla”.

La Junta, por su parte, en el escrito enviado hace unos días, advierte a la jueza de que “mediante la 'ampliación de la investigación' ya en otras ocasiones han sido desgajadas piezas de la presente causa” y de que “en el presente caso, ya hemos puesto de manifiesto la existencia de diligencias previas tramitadas en el Juzgado de Instrucción núm. 16 de Sevilla”.

Los letrados de la Junta apuntan que el auto de Alaya “supone una investigación prospectiva, que ha dado lugar a la construcción de una causa general prohibida por la ley contra la Junta de Andalucía”, señalando que “los requerimientos efectuados exceden de la competencia” del juzgado de Alaya y advirtiendo de “la dilación del procedimiento y la posibilidad de prescripción de aquellos delitos”.

Lo que ha reclamado la jueza a la Consejería de Hacienda de la Junta son los “expedientes íntegros, tal y como fueron remitidos por la Intervención General de la Junta de Andalucía, de las propuestas de acuerdo de Consejo de Gobierno relativos a los programas de control financiero permanente de las empresas públicas de la Junta relativos a los años 2005, 2006 y 2007”, con sus respectivos anexos, memorias y modificaciones.

Al hilo de ello, la jueza pidió a la Intervención General los informes adicionales “que se hubiesen realizado en Extenda, Egmasa, Epdasa, Giasa, RTVA y Tursama o en cualquier otra empresa pública”, todo ello “a fin de determinar el paralelismo entre lo acontecido en la agencia IDEA con lo ocurrido en estas otras empresas públicas”.