Aprobado un decreto para agilizar la provisión de peritos, traductores y asistentes lingüísticos en la Justicia

El Consejo de Gobierno ha aprobado este martes un decreto que establece medidas “para agilizar la puesta a disposición de los órganos judiciales y el ministerio fiscal”, de peritos, traductores e intérpretes con cargo a la Junta de Andalucía. Sin embargo, desde la oposición se ha llamado la atención sobre el hecho de que esto le permitirá nombrar a dedo a los peritos en causas en las que la administración sea parte.

En términos generales, la norma regula el procedimiento de pago a los profesionales en el momento de la conclusión de sus trabajos, sin tener que esperar al pronunciamiento de la sentencia. Se reconoce así reglamentariamente una práctica que ya se viene realizando en Andalucía, a diferencia de lo establecido en la normativa estatal y en otras comunidades autónomas.

El decreto determina los supuestos en los que la administración autonómica debe sufragar los gastos de las pruebas periciales, traducciones e interpretaciones en los procedimientos judiciales.

La Junta de Andalucía asume el coste de las primeras cuando se reconoce el derecho a la asistencia jurídica gratuita del solicitante y cuando son acordadas de oficio por los tribunales o a instancia del fiscal. La norma excluye los servicios que realicen profesionales designados judicialmente a instancia de parte y a su costa.

En cuanto a las traducciones e interpretaciones, se incluyen las acordadas por los órganos judiciales o el ministerio público y también la asistencia lingüística solicitada por investigados, encausados, testigos y víctimas de delitos que no entiendan el castellano.

El nuevo reglamento prima la prestación del servicio por medio de recursos propios de la Junta de Andalucía y sus entidades instrumentales, recurriendo a profesionales privados de modo excepcional y garantizando la objetividad en su designación y el abono de las facturas.