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El BOE publica el concurso para ocupar la plaza que dejará vacante Alaya en su juzgado

El pasado 3 de marzo, la Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial aceptó la petición realizada por la juez Mercedes Alaya y acordó prorrogar el plazo de la toma de posesión de su plaza.

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El Boletín Oficial del Estado (BOE) ha publicado este lunes el concurso para cubrir, entre otras, la plaza que dejará vacante la juez Mercedes Alaya en el Juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla una vez se le ha adjudicado una de las nuevas plazas creadas en las secciones penales de la Audiencia Provincial.

De este modo, y según la información recogida por Europa Press, el BOE ha hecho público este lunes  el acuerdo de 3 de marzo de 2015 de la Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) por el que se convoca concurso para la provisión de determinados cargos judiciales entre miembros de la Carrera Judicial, con categoría de magistrado.

Los interesados en solicitar la plaza que deja vacante la juez Alaya cuentan ahora con un plazo de 15 días naturales para realizar dicha petición, y será el CGPJ el encargado de adjudicar las plazas teniendo en cuenta "el mejor puesto en el escalafón", han indicado las fuentes consultadas por Europa Press, que han estimado que la plaza podría estar ya adjudicada en el mes de mayo.

El pasado día 3 de marzo, la Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial aceptó la petición realizada por la juez Mercedes Alaya y acordó prorrogar el plazo de la toma de posesión de su plaza de magistrada en la Audiencia Provincial de Sevilla hasta que un nuevo titular se incorpore al Juzgado de Instrucción número 6.

A partir de la llegada de su sustituto, la juez únicamente podría acudir a la figura de la comisión de servicios para continuar con la instrucción de sus causas, si bien dicha comisión no puede ser solicitada por ella, sino que debería convocarse por el TSJA y estaría abierta a más solicitantes.

La juez Mercedes Alaya, cabe recordarlo, instruye varias 'macrocausas', como el caso de los expedientes de regulación de empleo (ERE) irregulares, con más de 250 imputados, los cursos de formación o la operación 'Madeja'.

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