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Lo que el Banco de España dice de la banca pública de Andalucía

No cuestiona su creación pero expone los criterios que deberá cumplir para que tramite la petición de su licencia en el Banco Central Europeo, que es en última instancia el que le daría luz verde

También subraya que "conviene hacer una reflexión sobre el objetivo que se pretende, muy especialmente a la luz de la reciente experiencia vivida con motivo de la crisis de las cajas de ahorros"

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Banco de España. EFE

El Banco de España no ha rechazado el  anteproyecto de ley de la banca pública que hace poco más de un año aprobó el entonces Gobierno de Andalucía integrado por el PSOE-A e IU, pero sí impone unas exigencias que pueden llevar a que se caiga la tentación de convertir lo que se presentaba como un banco en un organismo para gestionar los fondos reembolsables de la Junta de Andalucía, en torno a 1.500 millones de euros por ejercicio, o sea, como hace ahora la agencia IDEA pero con otro nombre: Entidad de Crédito de Andalucía (ECA).

Las apreciaciones hechas por la institución se resumen en cinco conclusiones que desarrollamos un poco a continuación: la propuesta debe complementarse con una referencia al mecanismo único de supervisión (MUS); hay que revisar las competencias atribuidas a la ECA para no ingerir en las que corresponden al propio Banco de España; es necesario hacer compatibles los fondos que quiere gestionar con la ley; debe establecer los procedimientos adecuados para proteger los intereses de sus depositantes; y tiene que respetar el deber del secreto bancario.

Con este marco, lo que se haga dependerá de la voluntad política del PSOE-A, que nunca ha compartido el empeño de IU porque fuera un banco propiamente dicho y sólo lo aceptó porque era una condición de sus entonces socios para aprobar los presupuestos autonómicos del presente ejercicio. Es más, los dos anteproyectos fueron aprobados por el Consejo de Gobierno el mismo día.

En este contexto, IU ha insistido este miércoles -toda vez que ya ha tenido acceso al informe con las alegaciones del Banco de España que le ha facilitado  la Consejería de Hacienda y Administración Pública- que su contenido permite continuar avanzando en el proyecto como estaba previsto y sólo hay que incorporar algunos cambios, que en su opinión, no pasarían por renunciar a la ficha bancaria. En este sentido, el portavoz parlamentario de IU, Antonio Maíllo, ha insistido en que "el Banco de España no cuestiona" la idea, por lo que ha pedido que la Junta de Andalucía "no ralencite" el debate.

El PSOE-A, por su parte, ha insistido en que está a la espera del proyecto de ley que prepara el Gobierno de Andalucía conforme a estas apreciaciones y, de hecho, figura en los presupuestos autonómicos -como ya lo hizo en los del presente ejercicio para nada- con una partida de 18 millones de euros para su constitución. La propia consejera del ramo, María Jesús Montero, lo presentaba en comisión parlamentaria hace unas semanas como uno de los compromisos legislativos de su departamento para 2016. De todas maneras, no ha querido el portavoz parlamentario del PSOE-A, Mario Jiménez, mojarse con que si se pedirá o no que tenga ficha bancaria, a la espera de ver qué resulta de la interpretación del informe del Banco de España.

Tampoco lo hizo este martes el vicepresidente de Andalucía, Manuel Jiménez Barrios, cuando anunció el posicionamiento contrario del Consejo de Gobierno a la toma en consideración de la proposición de ley de IU que recupera íntegramente el anteproyecto de ley del año pasado. Lo cual no quiere decir que no se vaya a debatir, porque probablemente la Mesa de la Cámara le dé vía libre para que sea así en el próximo pleno, si bien con el voto en contra del PSOE-A a la espera de incluir las modificaciones, y la misma postura por parte de C's, que reniega de este instrumento, no será posible tramitar la proposición de ley de IU y habrá que esperar a que la Consejería de Hacienda y Administración Pública complete el proyecto de ley.

En su resolución, de tres folios y medio, el Banco de España no oculta tampoco que "conviene hacer una reflexión sobre el objetivo que se pretende, muy especialmente a la luz de la reciente experiencia vivida con motivo de la crisis de las cajas de ahorros en nuestro país", precisamente uno de los miedos del PSOE-A en toda esta negociación y la baza del PP-A -antes- y C's -ahora- para oponerse a la fórmula. La institución recuerda que precisamente la raíz de dicha crisis stuvo en "problemas de propiedad y gobernanza", lo que apartó su gestión de la "profesionalidad y el buen gobierno" que se le exige a una entidad bancaria.

Igualmente, recuerda que desde el 4 de noviembre de 2014, la supervisión de las entidades bancarias en la UE corresponde, en el marco del citado MUS, al Banco Central Europeo (BCE) y a las autoridades nacionales competentes, en el caso de nuestro país, el Banco de España. Por ello, este avisa de que las competencias que el anteproyecto de ley atribuía a la Consejería de Hacienda y Administración Pública para la ECA son en realidad suyas.

Pero no será el Banco de España el que conceda la ficha bancaria, como el propio organismo recuerda en este informe. De este modo, apunta que su papel consiste en recibir la solicitud de licencia, comprobar si se ajusta a la legislación vigente y en su caso proponer al BCE "un proyecto de decisión con su evaluación y recomendaciones". Luego, la decisión es del BCE.

Por ello, el Banco de España da una serie de pistas a la Junta de Andalucía de qué va a exigirle para elevar su propuesta hasta el BCE, que son los puntos mencionandos previamente pero más desarrollados:

  1. Primero, que clarifique su función de "gestión de los fondos sin personalidad jurídica", pues "no queda claro el alcance" de la misma. Éstos son masas patrimoniales con un fin específico gestionados por un órgano de la administración, como por ejemplo, subvenciones o pensiones. Por ello, el Banco de España exige que aclare el alcance de dicha gestión porque si no, la ECA estaría asumiendo más que la labor de un banco, "una función pública".
  2. En segundo lugar, hay dos aspectos del anteproyecto de ley relativos a su estructura que no casan con la ley, según el Banco de España. En concreto, "la participación ciudadana y/o representación de los agentes sociales en el gobierno corporativo de la entidad de crédito" y la existencia de "una comisión de control", que califica de "elemento extraño en el gobierno de la una sociedad anónima como órgano de evaluación".
  3. El tercer aspecto se refiere a la exigencia de una gestión "eficiente y prudente de los pasivos de los clientes" con la que se garantice su reembolso y no se perturbe la estabilidad financiera. Igualmente, insiste en que la misma no debe verse "mermada" por la imposición de criterios de inversión ajenos a estos principios.
  4. En cuarto lugar, el Banco de España se fijará en que la ECA haya contrastado que las "otras fuentes de financiación" propuestas no se consideran ayudas públicas que "distorsionen la competencia", en el marco de los artículos 107 y 108 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea.
  5. Por último, el Banco de España estará pendiente de que se atienden "otras cuestiones", y cita el caso del desembolso de los 18 millones de euros fijados como "capital social mínimo", así como el "deber de preservar el secreto bancario de todas sus operaciones".

El "no" del PP-A y C's y el "posiblemente" de Podemos

Ya se ha dicho que por aritmética parlamentaria no va a salir la proposición de ley de IU sobre la banca pública, lo cual asume la coalición de izquierdas, consciente de que es oportuno asumir estas consideraciones del Banco de España, si bien su objetivo es acelerar la puesta en marcha del instrumento que para esta fuerza es "prioritario" para el "cambio de modelo productivo" que propugna. Otra cosa es si saldrá adelante el proyecto de ley que en el primer semestre del año quiere tener el Gobierno de Andalucía.

Lo apoyará, lógicamente el PSOE-A (47 diputados) e IU (5) hará lo propio si no se distorsiona el carácter de la ECA. Mientras, C’s (9) ha dicho que no van a respaldar la ECA en los términos contenidos en el anterproyecto ni tampoco en un proyecto de ley que se le parezca, porque no entra en sus parámetros. Otro tanto ocurre en el PP-A (33). Con el rechazo de estos dos grupos no sería suficiente para tumbar la norma que salga si están de acuerdo el PSOE-A e IU y Podemos (15), que en este caso tampoco descarta apostar por esta fórmula. Su posicionamiento por el momento es que es "posible" que lo respalden cuando se conozca, claro. De todas maneras esperarán a que próximamente se vea, en primer lugar, la proposición de ley de IU encaminada a no prosperar.

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