El CGPJ archiva la queja del PSOE-A contra Alaya y le remite al juzgado para cuestionarla
El órgano de gobierno de los jueces no observa infracción disciplinaria en la actuación de Mercedes Alaya. El PSOE-A elevó el pasado octubre una queja a los superiores de la jueza (el Consejo General del Poder Judicial) porque entendió que en su interrogatorio a Teodoro Montes, antiguo jefe del departamento de gestión de la Formación Profesional Ocupacional (FPO) de la Junta en Sevilla, Alaya “intentó vincular sin fundamento alguno” el caso del presunto fraude con los fondos de formación a una supuesta financiación del partido.
Según informan a eldiario.es/Andalucía fuentes del CGPJ, la Unidad de Atención Ciudadana del Poder Judicial, dependiente del Promotor de la Acción Disciplinaria, ha observado que se trata de un asunto puramente jurisdiccional en el que no se aprecia materia disciplinaria por parte de la jueza sobre la que pronunciarse. En ese sentido, las fuentes explican que el CGPJ entiende que la forma adecuada para combatir la actuación de Alaya sería a través de la vía de recursos en el ámbito estrictamente judicial, por lo que ha procedido al archivo de la queja, que ya ha sido notificada al PSOE-A.
El partido no está personado en esta causa, por lo que no puede recurrir, pero el CGPJ no entra en esa cuestión y simplemente se limita a comunicar que no aprecia infracción disciplinaria en la jueza.
En la queja elevada al Poder Judicial, los socialistas andaluces denunciaban que en el sumario del caso de los cursos de formación “no figura ninguna denuncia ni tan siquiera una alusión” a la presunta financiación a la que se refirió Alaya, “salvo la que la jueza desliza en su pregunta al testigo Teodoro Montes, que en su respuesta dijo que no podía contestar dicha pregunta”.
Alaya preguntó en concreto al extrabajador de la Junta, que en agosto de 2012 denunció ante la Guardia Civil “graves irregularidades” en la concesión de cursos y que es ahora testigo protegido, si la extinta Fundación Andaluza Fondo de Formación y el Empleo (Faffe) “financiaba al PSOE con cargo a los fondos que recibía” de la Administración. Al tener conocimiento de aquella pregunta a través de los medios, el PSOE-A emitió rápidamente un comunicado en el que decía que el interrogatorio de la jueza encerraba “una insinuación carente de todo fundamento y acarrea un daño grave e injustificado a la reputación e imagen pública del partido”. El partido expuso que esa cuestión de la jueza da a entender que se desarrolla una investigación sobre financiación ilegal del PSOE-A “que no existe”.
El testigo Montes vertió duras acusaciones contra el reparto de subvenciones por parte de la Junta durante cinco días de declaraciones ante Alaya. El exjefe del departamento de gestión de FPO reconoció en sus últimas intervenciones ante la jueza que otro juez le imputó por falsedad en relación con un curso de formación y que fue el propio juzgado dirigido por Alaya el que le instó a denunciar los hechos en la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil.
