Despedidos tras formar un sindicato en una empresa de ambulancias
Cinco trabajadores de una empresa de transporte sanitario de Huelva, Autoamtax, han planteado una demanda que hará que los tribunales decidan si su despido es procedente. Debería ser una demanda más que afectaría a los trabajadores en esta época de crisis, aunque en este caso se da un importante matiz: los despedidos son todos los miembros del recién creado sindicato de técnicos de emergencias sanitarias (Fstes). Y se ha producido nada más formarse la sección sindical de esta federación en la sede de esta empresa en Huelva.
Un “atentado contra la libertad sindical”, como denuncia a eldiario.es/andalucia uno de los afectados, Fernando Jesús Díaz, que asegura que el despido ha afectado a cinco de los 60 trabajadores de la empresa. “Nos fue comunicado nada más empezar a trabajar con el sindicato, con la coincidencia de que todos los despedidos somos los que formamos parte de esta central en la empresa”, relata. De hecho, sostienen los afectados que el despido intentaba que el sindicato no llegase a trabajar activamente.
En su opinión, la empresa ha incumplido de forma sistemática el convenio colectivo del sector, por lo que decidieron poner en marcha un sindicato que los representase, porque, entre otras cosas, tenían que trabajar 160 horas mensuales, pero están haciendo 264. Sin embargo, cuando el sindicato se puso en marcha, los trabajadores que forman parte del mismo recibieron una carta de despido, en la que la empresa argumenta, según el documento, que se procede a echarlos “por causas económicas y productivas que obligan a la amortización del puesto de trabajo que vienen desempeñando”.
La empresa, que se mantiene mediante un convenio con la Junta de Andalucía expone en el documento citado que el dinero destinado a la misma se ha ido reduciendo por la crisis, con cifras como la facturación en 2011 (7.614.327.43 euros) comparándola con la de 2013 (6.806.205.82), y explicando que se prevé de nuevo un resultado de pérdidas en 2014.
Sin embargo, los trabajadores no creen esta versión, y sostienen que el convenio con la Junta de Andalucía garantiza la supervivencia de la empresa, por lo que han considerado que se trata de “un despido en venganza a crear el sindicato y saber que iba a vigilar las condiciones laborales”. La defensa de los empleados es que sólo una empresa viable seguiría recibiendo puntualmente el dinero de la Junta de Andalucía para seguir trabajando.
“Vulneración de los derechos fundamentales”
No sólo han recurrido el despido en las formas, sino que consideran escasa la indemnización ofertada, de 8.793,10 euros en total, al haber aplicado en su máxima expresión la actual reforma laboral. La demanda que van a presentar los trabajadores ante los tribunales ordinarios señala que en estos despidos se ha producido “una violación de derechos fundamentales”, como sostiene desde el despacho de abogados que asesora a los afectados Rubén Uroz. Para él, no hay dudas de que se trata de una venganza hacia los trabajadores y una forma de impedir que trabajen en temas sindicales, hasta el punto de que les envió “un burofax para informarles de que el jueves a las 17.00 horas los trabajadores se reunían para constituir la sección sindical, y dos horas antes fueron avisados de que eran despedidos”. Los despedidos, en todos los casos, coinciden con los que iban a reunirse esa tarde para formar el sindicato.
Se une a ello, según culmina, que cuando los trabajadores acudieron a la oficina “les dijeron que aunque firmasen el despido no tenían derecho a una copia de la carta”, por lo que entiende que “es algo que roza el absurdo, y que será en los tribunales donde se dilucide”.
