Diez propuestas de la Junta de Andalucía para el nuevo modelo de financiación

La Junta de Andalucía considera que en el informe de la comisión de expertos impulsada por el Gobierno de España para la revisión del modelo de financiación de las comunidades autónomas (CCAA) se relega el concepto de equidad; que el problema del equilibrio vertical y, por tanto, de la suficiencia del sistema, “merecería una aproximación más precisa”; y que la corresponsabilidad fiscal “no se ha interpretado adecuadamente”.

Lo recoge en la la valoración del informe del grupo de expertos creada tras la Conferencia de Presidentes del 17 de enero de 2017 y que ha sido remitida este viernes a la comisión técnica del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF). Las CCAA tenían hasta el 24 de noviembre para enviar sus valoraciones sobre dicho informe y sus propuestas sobre ciertos aspectos del proceso de revisión. Siendo Andalucía el territorio más poblado y uno de los peor financiados con el modelo en vigor, sus aportaciones son claves para este debate una y otra vez pospuesto.

En la valoración hay referencias expresas a la cuestión del cupo vasco y la aportación navarra, para los que la Junta de Andalucía cree necesario un “recálculo”, cuya negociación bilateral “continúa manteniéndose en la esfera competencial estatal”. Pero mientras llega el “momento oportuno” para ello insiste en que la canalización de la aportación de las CCAA forales a la nivelación territorial se instrumentaría a través de la intermediación de la Administración General del Estado (AGE) desde el inicio de la vigencia del nuevo modelo. Esto contradice en parte lo defendido hasta el momento por el Gobierno de Andalucía de que la situación de los territorios forales debería estar incluida en el marco de revisión del nuevo modelo para todas las CCAA.

La Junta de Andalucía parte del criterio comúnmente compartido de que el nuevo modelo debe basarse en cinco principios: solidaridad, suficiencia, equidad, transparencia, corresponsabilidad fiscal y garantía de acceso de los ciudadanos a los servicios públicos en función del coste de los mismos. Con esta base, en dicho documento elaborado por la Consejería de Hacienda y Administración Pública y consultado por eldiario.es/andalucia, hay 10 claras propuestas para emprender la reforma del modelo.

En primer lugar, la Junta de Andalucía rechaza del informe de los expertos la “preeminencia del criterio de capacidad fiscal frente al principio de equidad”. Porque considera que esta propuesta “sólo garantiza la no alteración de la ordenación de las CCAA por capacidad fiscal”, consideración que no recibe el cumplimiento de los principios legalmente establecidos “en el bloque de la constitucionalidad”, como es la equidad, que precisamente es la primera propuesta de la Junta de Andalucía.

En segundo lugar, se reitera el convencimiento de la Junta de Andalucía de que la armonización fiscal es una condición necesaria para que cualquier modelo de este tipo funcione. En esta armonización fiscal entra que desde el Gobierno de España se fije un mínimo exento sobre el impuesto de sucesiones y donaciones, por poner un ejemplo. En cuanto a fiscalidad medioambiental, el Gobierno de Susana Díaz insiste en que se deben sentar las base de estos impuestos unificando criterios.

Igualmente, se muestra conforme con la propuesta realizada por los expertos para abordar un nuevo cálculo para el cupo vasco y la aportación navarra para que “el reconocimiento de sus derechos forales no se traduzca en privilegios financieros injustificados”. Ve clave tres aspectos para ello: evaluar el coste de las competencias ejercidas por la AGE en los territorios forales; valorar de forma “correcta” cómo impactan en el déficit público del Gobierno de España; y “afinar con más precisión las liquidaciones por IVA en adquisiciones intracomunitarias” entre los mismos y la hacienda estatal.

Por otro lado, Andalucía entiende que para evitar o reducir la elevada litigiosidad en materia de regulación de tributos propios por las CCAA, la AGE debe establecer “unos límites claramente determinados” que garanticen el ejercicio coordinado de las competencias normativas por parte de los territorios en un espacio fiscal que no pueda ser invadido por otros entes.

Pese a que la Junta de Andalucía “podría asumir provisionalmente la utilización de la población ajustada [en función de las posibilidades de que por su edad sea destinataria de un servicio público]con pequeños retoques como indicador de referencia para las necesidades de gasto”, como proponen los expertos, cree que hay que cambiarlo. En concreto, valora la posibilidad de asumir como indicador de referencia, a efectos de las necesidades de gasto, tanto en servicios públicos fundamentales como del resto, la población de derecho.

Sobre los Fondos de Compensación Interterritorial, que precisamente permiten corregir las diferencias entre unos y otros, considera necesario incrementar esta partida “significativamente” y con una base de cálculo que le otorgue “estabilidad”, como el el PIB per cápita regional cuando sea inferior en un 100% a la media nacional, con lo que se derogaría la regulación en la que no está explicitado el criterio. De hecho, en estos momentos son las leyes de los Presupuestos Generales del Estado (PGE) de cada año las que otorgan la condición de beneficiaria, “con la subsiguiente inseguridad jurídica que ello conlleva”.

En materia de estabilidad presupuestaria y financiera, propone explorar posibilidades de salida a los mercados de deuda pública a través de emisiones conjuntas de varias CCAA o incluso con la AGE. También matiza que si en algún momento se optase por la propuesta basada en la condonación de la deuda pública, Andalucía consideraría adecuado un mecanismo generalizable a todas las CCAA, tomando como criterio la insuficiencia financiera global sufrida por toda ellas y ponderando los esfuerzos previos de consolidación fiscal y gasto.

También considera que el informe de la comisión de expertos “deja a la decisión política” la fijación de las necesidades de gasto en servicios públicos fundamentales. “No se tiene un punto de partida básico sobre el que instrumentar la forma en la que se financie el estado del bienestar”, subraya. En ausencia de una metodología para la cuantificación, Andalucía cree que el nuevo modelo debe proporcionar el gasto observado en los servicios públicos fundamentales (sanidad, educación y servicios sociales). Eso sí, matiza que el nivel de gasto en su prestación “se sitúa, tras años de duros ajustes, en un mínimo que hay que elevar”.

Dado que el informe de los expertos incluye un especial sobre gasto sanitario, por la importancia de este servicio público fundamental, Andalucía se inclina por la utilización de la evolución del PIB como una referencia de mínimos para la evolución de los recursos que dan cobertura a dichas necesidades. También insiste en la necesidad de calcular el gasto no asociándolo a la población de más edad como la más probable usuaria de este servicio público porque la evolución del sistema ha hecho que en estos momentos primen cuestiones relacionadas con la prevención y la detección precoz de dolencias.

También cree clave considerar en el modelo la dependencia, porque “cuanto más integrado se encuentre en el marco general de la financiación, mayores cotas de autonomía financiera se alcanzarán por parte de las CCAA”.

Otras consideraciones

Por otro lado, la Junta de Andalucía cree que el diagnóstico del modelo en vigor hecho por los expertos “adolece de ciertas limitaciones a la hora de proponer soluciones a los actuales problemas”. Es más, “sólo puede dar por válidos los resultados del sistema para 2014” porque cree que no ofrece una imagen “fiel” del impacto del modelo en vigor en Andalucía, comunidad autónoma que calcula calcula de los ejercicios liquidados (2009-2015) un déficit de 5.522 millones de euros en total.

Pese a que critica cuestiones como que en el informe los ejemplos numéricos no son suficientemente ilustrativos y en ocasiones se utilizan datos no oficiales, reconoce que la composición de la comisión de expertos diseñada por la AGE y el cronograma de trabajo adoptado han impedido un trabajo “en condiciones óptimas”.

Tampoco comparte el departamento encabezado por la consejera María Jesús Montero la estructura del modelo propuesto, que “rompe con los vigentes desde 1986 hasta hoy”. En todos éstos se determinan las necesidades de gasto de cada territorio para hacer frente a sus competencias y, posteriormente, se asignan los recursos para financiarlas. De forma que las que no cubren sus necesidades con el régimen de cesión de tributos establecido perciben una transferencia de la AGE. En el caso contrario, cuando es superior a sus necesidades, hay una transferencia hacia la AGE.

El propuesto vira hacia un sistema de capacidad fiscal, y “deja para la discusión política la decisión sobre qué porcentaje de las necesidades de gasto” de cada territorio según su población va a quedar garantizado a través del Fondo Básico de Financiación (FBF) y cuál no. Ello “conllevaría una sobrefinanciación en las de capacidad fiscal mayor a sus necesidades y a una insuficiencia en las que su recaudación no cubra las necesidades”.

De este modo, pese a que los expertos también proponen un Fondo de Nivelación Vertical para evitar esto, “se producen insuficiencias que no son asumibles por Andalucía”. Es más, calcula que quedarían sobrefinanciadas Cataluña, Madrid y Baleares. Por ejemplo, el sistema que se propone no le garantiza a Andalucía la prestación de servicios públicos como la vivienda pero sí la financiación de las competencias lingüísticas en comunidades autónomas con una segunda lengua o la policía autonómica, “competencia no homogénea”.

La propuesta de los expertos de reservar un 32% del IRPF a las CCAA tampoco gusta en el Gobierno de Susana Díaz, dado que establecerá diferencias con las comunidades autónomas de rentas más altas, especialmente Madrid. “Dejar en manos de las CCAA un 32% del rendimiento del IRPF en sus respectivos territorios sin que se devuelva a la AGE el sobrante con respecto a sus necesidades provoca un fraccionamiento del sistema tributario y una importante limitación de la solidaridad interterritorial que se ejerce en España a través de este impuesto”.

Por último, se precisa que introducir en la reforma del modelo “un debate de notable contenido ideológico como es la posible introducción de mecanismos de copago se encuentra fuera de lugar”. Y, por encima de todo, porque “puede suponer una serie amenaza a la equidad en el acceso a los servicios públicos, dado el carácter regresivo de una medida de esta naturaleza”.

Tras enviar este dictamen, la Junta de Andalucía recuerda que espera que el Gobierno de España haga “lo comprometido” y ponga sobre la mesa una propuesta y a su vez valore el informe del grupo de expertos.