La Fiscalía pide cárcel al exjefe de la Abogacía del Estado en Almería por el 'caso Tres Reyes'

La Fiscalía va solicitar penas que oscilan entre los tres años y once meses, y los nueve años de prisión para los siete procesados en el caso 'Tres Reyes', entre ellos el exjefe de la Abogacía del Estado en Almería Demetrio Carmona, a quienes acusa de integrar un grupo organizado que utilizaba presuntamente medio ilícitos para conseguir beneficios económicos de terceros, a quienes obligaban a realizar disposiciones patrimoniales a favor de miembros de este grupo.

El Ministerio Público atribuye a Carmona en el organigrama del grupo la función de “recopilar y proporcionar toda la información, tanto personal como económica” acerca de las personas de su ámbito de las que pretendían obtener los “desplazamientos patrimoniales en su beneficio” para que, de este modo, los otros miembros “demostrasen” ante estas personas “tener unos conocimientos” que achacaban a su “supuesto poder”.

En el escrito de calificación, al que tuvo acceso Europa Press, se imputa a los siete procesados la comisión de presuntos delitos de pertenencia a grupo criminal y tres supuestos delitos de extorsión en grado de tentativa aunque acusa a dos de ellos de sendos delitos de usurpación de funciones públicas y falsedad ya que se hacían pasar por “oficiales” de un “servicio de inteligencia del Estado” en algunas operaciones, una de ellas encaminada a hacerse “mediante engaño” con 128,4 millones de dinares iraquíes.

La fiscal indica para “contextualizar” los hechos que los acusados Demetrio Carmona, el abogado Rogelio V.R. y el empresario Ángel M.R. mantenían en 2012 una “estrecha relación de índole personal” en la que se incluían “intereses económicos comunes” y que, en agosto de ese año, a través de este último, contactaron con el resto de procesados.

Asegura que todos realizaban “los más diversos negocios” y detalla entre estos venta de bonos mexicanos anteriores a 1950; exportación de aceite a Rumanía; o a negocios inmobiliarios, hoteleros o de intermediación que, remarca, los dos abogados implicados “compatibilizaban” con su profesión.

Una vez reseñados los antecedentes, el Ministerio Público considera que los siete procesados decidieron constituir el grupo para, mediante la “utilización de medios ilícitos”, obtener beneficios económicos “obligando a terceros a realizar disposiciones patrimoniales a favor de alguno o algunos de ellos”. Presuntamente habrían acordado que tal beneficio se repartía entre todos.

Concreta que, entre estos medios, se incluyó el “aparentar” supuestamente “identidades que no les correspondían” como la de “miembros importantes” del CNI o de la CIA “pretendiendo intimidar con el poder que supuestamente esto les otorgaba” o la referencia a “influencias en ámbitos judiciales y policiales” con la intención, según subraya, de “menoscabar la voluntad de las personas con las que trataban ya que les anunciaban consecuencias negativas para su seguridad si no se avenían a sus requerimientos”.

La fiscal detalla asimismo la jerarquía del grupo, en cuya “jefatura” sitúa a José Antonio M.A. Un escalón por debajo coloca Ignacio Francisco F.B., quien junto al líder, se hacía pasar por oficial del Ejercito y miembro de “un Servicio de Inteligencia del Estado”. Al tiempo, apunta a un supuesto control interno del grupo que “ellos mismos denominaban Almería” y dice que Ángel M.R. “se encargaba de informar reservadamente” a la cúpula del posicionamiento de Demetrio Carmona y Rogelio V.R. para “tener controlado cualquier conato de disensión con sus instrucciones”.

DINARES IRAQUÍES

El Ministerio Público relata que el grupo ideó supuestamente un plan para “engañar” a un empresario almeriense que, según habría informado Carmona, tenía 128,4 millones de dinares iraquíes depositados en una empresa de seguridad y adquiridos en 1996. En este plan no habría participado José A.M., protagonista en otros dos casos relacionados con los empresarios con los que tendría “problemas económicos” el abogado del Estado.

Con la “finalidad de hacerse con los dinares” o “de obtener un beneficio económico por la intermediación en una supuesta venta de estos”, en diciembre de 2012 el exjefe de la Abogacía del Estado habría gestionado una primera cita con la víctima, “quien aceptó por venir la propuesta de la persona de Demetrio a quien conocía personal y profesionalmente”.

Tras varias citas con Carmona, Rogelio V.R., Ángel M.R. Ignacio Francisco F.B. y el acusado Luis Miguel G.G., pusieron en “escena el engaño” y le contaron al empresario que pertenecían a “importante grupo del gobierno con poder para gestionar la venta en Estados Unidos, único país autorizado para esta operación”, le pidieron un poder notarial a favor de Ángel M.R. y dieron indicaciones sobre cómo abrir una cuenta en Suiza.

Sin embargo, según la fiscal, la víctima “no se ajustó a las indicaciones” e intentó “obtener información por su cuenta”, por lo que los acusados, “sospechando que su mecanismo engañoso podía no estar funcionando”, optaron por que entraran en juego José Antonio M.A. e Ignacio Francisco F.B., quienes se presentaron en enero de 2013 ante é “con placas de identificación aparentando ser oficiales del ejercito”.

“Le dijeron que la tenencia de dinares era ilegal, que no estaba ya en prisión por deferencia al señor Carmona y que, o renunciaba a la mmercancíay les entregaba 200.000 euros en metálico en una horas, o procedían a su detención inmediata no sin antes advertirle de que el teléfono estaba intervenido y de que sólo debía telefonear a Demetrio”.

El Ministerio Público sostiene que la presunta víctima les dijo que accedía a “volver al plan marcado” pero tras esto llamó al exjefe de la Abogacía del Estado, quien le “confirmó que las personas con quienes se había entrevistado eran quien decían ser, lo que aumentó su temor y le llevó a denunciar los hechos, no entregando cantidad alguna”.

SUPUESTA EXTORSIÓN A DOS EMPRESARIOS

El escrito de acusación hace también alusión a dos supuestos intentos de extorsión a dos empresarios con los que “mantenía problemas económicos realmente” Demetrio Carmona y en los que habría intervenido presuntamente el acusado José A.M. “en representación del propio Carmona” con métodos “agresivos y violentos”.

Su modo de operar, según la fiscal, que sostiene que el abogado del Estado “estaba presente y era partícipe”, era decir que “tenía capacidad de, con una sola llamada, meterles en la cárcel, que contaba con información privilegiada y que conocía datos del dinero que tenían las familias”. También decía supuestamente que era de “la CASA, expresión con la que se conoce vulgarmente al CNI”.

En uno de los casos pidió sucesivamente 25.000 euros, seis millones de euros y que “determinadas acciones de la sociedad se pusieran a nombre de quien él indicase” mientras que, en el otro caso, exigió “cuatro millones de euros en concepto de daños y perjuicio a Demetrio Carmona” mientras “exhibía que tenía poder en las decisiones judiciales y que la querella contra ellos interpuesta por el abogado del Estado podía terminar de una forma u otra”, lo que llevó al empresario a “contratar un servicio de seguridad”.

El Ministerio Público relata, asimismo, que los acusados José Antonio M.A. e Ignacio Francisco F.B. recibían supuestamente dinero en efectivo de un empresario cuya mercantil estaba expedientada por la Inspección Trabajo. Así, sostiene que el primero se habría presentado ante el inspector que tramitaba un expediente y exhibiendo “placas del CNI con la leyenda agente de la autoridad, del Estado Mayor del Ejercito, Sección Contraespionaje y una supuesta querella contra él”, le habría pedido información aunque no consta que el funcionario aceptase ningún tipo de acuerdo al margen de la ley.