La fiscal superior defiende la independencia del Ministerio Público para asumir la instrucción de macrocausas como los ERE

La fiscal superior de Andalucía, Ana Tárrago, ha defendido la “independencia” del Ministerio Público para poder asumir la instrucción de “cualquier procedimiento”, incluidas macrocausas como la de los ERE, y ha opinado que, en general, debe haber más controles administrativos y más límites en la gestión del dinero público para evitar que se active “la maquinaria judicial” para asuntos que se pueden resolver en un estadio previo.

En una entrevista concedida a Europa Press, Tárrago afirma que la “neutralidad” de la Fiscalía en la justicia está garantizada porque se “sujeta a la legalidad” y ha hecho hincapié en el trabajo desempeñado por la Fiscalía Anticorrupción desde su puesta en funcionamiento, que “ha conseguido sentencias e instrucciones con unas garantías y unos éxitos de forma inédita en este país”.

Ha recordado que los fiscales anticorrupción de Sevilla dependen directamente del Fiscal Jefe Anticorrupción y de la Fiscalía General del Estado, y es precisamente “esta dependencia jerárquica y la unidad de criterio”, ha dicho, las que garantizan una “independencia y autonomía plena”.

De hecho, considera que existe una “falta de voluntad política” para otorgar la instrucción de las causas a los fiscales“, a pesar de que agilizaría la justicia, como ya ocurre en la jurisdicción de menores, donde ella ha trabajado durante once años, y aboga por poner en marcha las reformas legales que permitan llevarlo a cabo.

La fiscal superior de Andalucía reconoce que la corrupción es una materia delictiva que le “preocupa” por el “daño que hace a una sociedad democrática”. “Que veas que no se controlan las decisiones administrativas (...), el dinero público es tan delicado que debe haber más controles administrativos, más límites en su gestión; es un tema que deben organizar los políticos”, ha sostenido.

Entiende que cuando este tipo de asuntos llegan al Juzgado es porque los filtros anteriores han fallado, tanto la gestión política como la administrativa, y se muestra crítica con que se ponga en marcha la maquinaria judicial cuando se ha podido responder en un estadio previo.

“Si se ve que un procedimiento no funciona, ha de modificarse; la gente no puede excusarse en que desconoce que se hacía de esta manera u otra (...) en la gestión de todos los organismos tiene que haber un responsable de esa gestión siempre y eso debería ser decisión política”, ha defendido.