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La Fiscalía Superior de Andalucía ve “lamentable” la “pasividad de la Administración” con los menores víctimas de trata
En su memoria de 2016, consultada por Europa Press, la Fiscalía Superior hace hincapié en el hecho de que “no hay recursos en Andalucía” para menores víctimas de trata, pero sí en otras comunidades autónomas que sin embargo son “reacias a admitir menores” de otras regionales españolas.
Se expone en este sentido situaciones como las registradas en Córdoba, donde se da dado cuenta por Cruz Roja de la situación de vulnerabilidad por riesgo por trata de tan solo dos menores, hijos de posibles víctimas, frente a las diez del año anterior; un descenso en el que, según el Ministerio Público, ha influido “la ineficacia de las medidas de protección acordadas y la nueva regulación de las situaciones de riesgo y de desamparo”.
Junto a ello, se lamenta que menores víctimas de trata no sean atendidos en recursos especializados, sino en centros de protección ordinarios, donde “claramente” los profesionales “no saben abordar esta compleja problemática”.
En la memoria de la Fiscalía Superior se expone que durante 2016 se ha producido un “aumento considerable” en la entrada de menores extranjeros no acompañados (Menas) en territorio andaluz y, en particular, en la ciudad de Melilla, donde también han llegado un gran número de menores refugiados.
En este sentido, en la ciudad de Granada se incoaron por ejemplo 327 expedientes para la determinación provisional de la edad, debido a la “entrada masiva” de menores por la costa granadina.
La Fiscalía de Melilla habla de la incoación de 592 expedientes de determinación provisional de la edad, un 30 por ciento más que en el año 2015. De ellos, en 307 casos se ha determinado que eran menores.
La Fiscalía General del Estado obliga a realizar al menos visitas trimestrales a los centros de protección de acogida inmediata de Menores y a los de trastornos de conducta.
En general, en estos centros de protección de menores en Andalucía la Fiscalía no ha detectado “incidentes de interés” y entiende que se mantiene “un nivel aceptable tanto de las instalaciones como del personal y un trato adecuado a las circunstancias personales y necesidades de los menores”.
