La Fiscalía de Sevilla pide un año de cárcel para el activista que irrumpió en un acto de Rajoy

La Fiscalía de Sevilla ha solicitado un año de cárcel y una multa de 360 euros para el activista Lagarder Danciu, protagonista de diferentes acciones para las personas sin hogar, por presuntos delitos de atentado a la autoridad y de lesiones. Según el Ministerio Público, se habría “opuesto a la actuación policial” relativa al desmantelamiento del asentamiento ilegal instalado en 2015 en el paseo de Juan Carlos I, propinando “varias patadas” a uno de los agentes.

Lagarder Danciu, por cierto, protagonizó después la conocida irrupción en un acto político celebrado a finales de mayo de este año por el PP en el madrileño parque del Retiro, con la presencia del candidato del PP a la reelección como presidente del Gobierno, Mariano Rajoy.

En el escrito de la Fiscalía, firmado el pasado 25 de abril y recogido por Europa Press, el Ministerio Público rememora el desmantelamiento acometido el 21 de octubre de 2015 por la Policía Local de Sevilla sobre el asentamiento “ilegal” de personas instalado en el paseo de Juan Carlos I, denominado “campamento diginidad” por las personas que allí habitaban, en demanda de un giro en las políticas sociales. Reclamaban, entre otras cosas, “el derecho a un cobijo digno para las más de 800 personas sin hogar de la ciudad que llevan décadas sufriendo el maltrato institucional”, según los promotores de la acampada.

Dicho despliegue de la Policía Local, según las hemerotecas, estuvo acompañado de un equipo de los servicios sociales municipales y de la Unidad Municipal de Intervención en Emergencias Sociales (Umies), así como de un dispositivo de limpieza.

“Problemas de seguridad”

El Ayuntamiento defendía la necesidad de desmantelar el asentamiento para prevenir “problemas de seguridad y salubridad”, ofreciendo a todos los afectados, un total de 16 personas, alojamiento en el centro municipal de acogida hasta el mes de febrero de 2016. La Plataforma Ciudadana por la Democracia y la Transparencia, promotora de esta denominada “acampada dignidad”, denunciaba de su lado que los afectados no fueron avisados del desalojo y sólo se les dio “15 minutos” para recoger sus pertenencias, sin permitir la retirada de objetos que no pudiesen ser llevados por sus manos.

El asunto es que durante el desalojo, de cualquier modo, fue detenido el conocido activista Lagarder Danciu, quien según la Fiscalía “se opuso a la actuación policial colocándose en el centro de la calzada, con riesgo de ser atropellado por algún vehículo” e incluso habría “propinado varias patadas” a un gente de la Policía Local que intentaba “disuadirle”.

El Ministerio Público, en ese sentido, le atribuye “un delito de atentado a agente de la autoridad y un delito leve de lesiones”, reclamando para él, en la causa depositada en el Juzgado de lo Penal número cuatro de Sevilla, un año de cárcel, una multa de 360 euros y una indemnización de 150 euros en favor del agente supuestamente agredido.

Lagarder Danciu ha manifestado al respecto a Europa Press que no es ningún “delincuente” y que aquella noche estuvo marcada por la “rabia y la impotencia” ante la “impunidad” con la que, según dice, fue “arrasado” el campamento y su “proyecto de auto gestión.

“Rabia e impotencia”

Defiende que el despliegue policial acabó “arrasando” el campamento, que llevaba instalado “127 días como un proyecto de auto gestión y organización de las propias personas sin hogar”, en demanda además de un giro en las políticas sociales de la ciudad de Sevilla. “Todo aquello funcionaba muy bien”, ha defendido. Reclamaban, entre otras cosas, “el derecho a un cobijo digno para las más de 800 personas sin hogar de la ciudad que llevan décadas sufriendo el maltrato institucional”, según los promotores de la acampada.

“Estábamos durmiendo en las tiendas de campaña y la Policía llegó sobre las dos de la madrugada, acordonando el campamento. A mí me sacaron siete policías y me rodearon mientras desmantelaban el campamento”, ha recordado este activista, señalando la “rabia e impotencia” que sentía ante la “impunidad” con la que el campamento estaba siendo “arrasado”.

En ese sentido, ha explicado que logró zafarse de los agentes e invadió la calzada de la calle Torneo, gritando en demanda de auxilio, cuando finalmente los agentes le “pusieron contra el suelo” y le esposaron. “Era un momento de desesperación. Quieren hacernos pasar por delincuentes, pero no somos delincuentes”, ha dicho defendiendo la lucha “organizada” del colectivo de personas que habitaba el “campamento dignidad”.