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El Gobierno intenta tranquilizar a las organizaciones agrarias negociando el reparto de ayudas europeas al campo por comarcas

UPA pide al ministro que confirme que ese es el modelo que defenderá en la conferencia sectorial con las comunidades autónomas.

El reparto comarcal garantizaría a Andalucía los 2.000 millones de euros que reciben los agricultores en ayudas de la Unión Europea (UE).

El olivar, el algodón y el tomate industrial son los productos que más perderían con la 'tasa plana'.

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Reunión del Consejo del Aceite conh el director general de Producciones

Reunión del Consejo del Aceite con el director general de Producciones del Ministerio de Agricultura

Dos semanas después de que el ministro de Agricultura, Miguel Arias-Cañete, revolucionara al sector agrario andaluz proponiendo un "reparto nacional" de las ayudas europeas, el director general de Producciones y Mercados Agrarios, Carlos Cabanas, ha viajado a Jaén para tranquilizar a las organizaciones agrarias.

El ministro habló de garantizar que "todos los agricultores de un determinado cultivo reciban el mismo nivel de apoyo en todas las partes del territorio, y para que no haya distorsiones de las competencias". Eso hizo saltar las alarmas de las organizaciones que temían que, en el reparto final, Andalucía perdiera derechos a pesar de aportar una cuarta parte de la producción agraria nacional. Pero el director general ha explicado que están trabajando en "un modelo de aplicación" de los fondos comunitarios que "evite trasvases entre beneficiarios, cultivos y territorios".

Carlos Cabanas ha hablado de "mantener la foto fija" de las ayudas que reciben las comarcas. Esto es lo que han pedido las organizaciones agrarias andaluzas desde que comenzó a negociarse la reforma de la Política Agraria Común (PAC). La garantía de que cada comarca sigue recibiendo los mismos fondos que en la actualidad "elimina la tasa plana", ha matizado Cabanas, que era la propuesta inicial de la comisión.

Eso marcaría "movimientos mínimos" dentro las comarcas, lo que significaría, según la Unión de Pequeños Agricultores (UPA) que en nuestra comunidad autónoma las subvenciones se mantuvieran como en la actualidad. Pero para eso es necesario que Bruselas acepte un modelo de reparto interno, en cada Estado, que sea flexible. También que el modelo que ha esbozado el director general, sea el que se aplique finalmente. Eso evitaría una guerra entre comunidades autónomas, por el reparto de las ayudas, en la conferencia sectorial que se celebrará en julio, después de la aprobación del marco comunitario.

"Lo que ha dicho el director general, habríamos preferido que lo dijera el ministro", ha sentenciado el secretario general de UPA, Agustín Rodríguez. No duda del trabajo que se está realizando pero cree que la tranquilidad del sector depende de que "oficialmente, mediante un comunicado o una declaración en el Senado", lo que ha explicado el director general sea una postura definitiva.

El reparto comarcal garantizaría a Andalucía los cerca de 2.000 millones de euros que anualmente llegan en concepto de subvenciones al campo (1.600 millones en ayudas directas y otros 400 en programas de desarrollo rural). Una ayudas que principalmente reciben el olivar, el algodón y el tomate industrial. Por provincias, las más afectadas son Jaén, Córdoba, Granada, Sevilla y Cádiz. La propuesta inicial del ministro elevaba las pérdidas a 350 millones de euros anuales.

La Coordinadora de Organizaciones Agrarias y Ganaderas (COAG) ha salido satisfecha de la reunión pero ha recalcado que "estamos al principio del partido" y que espera que la posición del Ministerio sea firme para impedir que "en el último minuto, con tal de cerrar el acuerdo, perdamos derechos importantes".

ASAJA no ha realizado, de momento, valoraciones sobre esta reunión ni de la mantenida entre el director general de Producciones y Mercados Agrarios con el Consejo Provincial del Aceite. El presidente del consejo, y de la Diputación, Francisco Reyes, ha incidido que, además del mantenimiento de las ayudas directas, es indispensable que se establezcan mecanismo de control de mercado. "No puede ser que esta reforma de la PAC no toque, ni de cerca, lo que son instrumentos para que los agricultores reciban un precio justo", ha subrauyado. Las ayudas directas al campo suponen el 30 por ciento de la renta de los agricultores y el precio, el 70 por ciento restante.

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