IU cuestiona a la Junta por las medidas para solventar la salida de 800 monitores de centros docentes

El Grupo de IULV-CA en el Parlamento de Andalucía ha elevado una pregunta al Consejo de Gobierno andaluz con ruego de respuesta oral en la que pregunta a la Junta por el cambio de criterio producido en la selección del personal monitor de administración y qué medidas prevé adoptar la Consejería para poner solución a este conflicto.

Con ello, la diputada Marina Segura, en una pregunta a la que ha tenido acceso Europa Press, se refiere a la situación de más de 800 trabajadores que han desempeñado labores de monitor de administración en centros públicos docentes de la comunidad autónoma andaluza durante ocho años, subcontratados por empresas privadas adjudicatarias del Servicio de Apoyo y Asistencia a la Gestión Académica y Económica de los Centros Públicos de Infantil y Primaria dependientes de la Consejería de Educación de la Junta de Andalucía.

Y es que estas personas han recibido comunicación de despido de los servicios de planificación de las delegaciones provinciales correspondientes, efectivo a partir del 10 de noviembre.

Los trabajadores han sido informados de que la función pública se haría cargo del servicio administrativo y se procedería a una selección de personal mediante una oferta de empleo en la que la experiencia fuese el criterio determinante y la titulación específica un valor añadido.

Sin embargo, según IU, la práctica ha sido la exigencia de una titulación muy específica, “incluso que no existía cuando este servicio comenzó”, y que deja fuera a “prácticamente toda la plantilla”. Por ello, Segura insta a la Junta a aclarar la futura actuación en este sentido.

A este respecto, el portavoz de Administración Pública del Grupo de IULV-CA en la Cámara autonómica, Ignacio García, considera conveniente “reinterpretar” el acuerdo entre sindicatos y Gobierno andaluz para dar la posibilidad a quienes han estado al frente de las tareas de acceder a la convocatoria de la plaza.

“SE HA MIRADO PARA OTRO LADO”

En un comunicado, la federación de izquierdas ha expuesto que las finalizaciones de los contratos de las trabajadoras administrativas de colegios públicos son “inminentes” y supondrán, a final de mes, la salida de las trabajadoras en toda Andalucía. Por ello, la Junta lanzará un plan de choque de empleo por un año natural, siendo el Servicio Andaluz de Empleo (SAE) el responsable del proceso de selección.

El problema que se plantea tiene que ver con la titulación que, según el convenio firmado entre Junta y sindicatos, se precisa para acceder al proceso de titulación específica, la de Técnico Superior en Animación Sociocultural o bien Técnico Superior en Administración y Finanzas. Otras titulaciones inferiores, superiores o equivalentes no sirven, “lo que dejaría a quienes han estado desarrollando estas tareas desde hace ocho años como empleados de empresas subcontratadas, sin poder acceder a la oferta de la plaza”, ha indicado.

“Con estos requisitos, la mayoría de las trabajadoras que han estado en los colegios en los últimos ocho años se queda fuera”, ha señalado García, también portavoz en materia de Hacienda de IULV-CA en el Parlamento andaluz, que pone como ejemplo la ciudad de Cádiz donde, en concreto, sólo cumplirían estos requisitos cuatro de 92 trabajadores.

Para el parlamentario, el problema reside en que durante los ocho años que el servicio ha estado externalizado con empresas privadas el pliego de condiciones pedía que se contratara a FP2, bachillerato o equivalentes; sin embargo, “las empresas siempre han contratado al personal como auxiliares administrativos (FP1), a media jornada y sin importar la titulación que tuvieran, sin ningún tipo de control de los contratos”. “Durante ocho años se ha mirado para otro lado”, ha lamentado.

Si el acuerdo entre Administración Pública y los sindicatos que fija que las titulaciones requeridas para el puesto de monitor escolar se mantiene “inflexible”, en el proceso de contratación que van a abrir “se dejaría fuera a estos trabajadores”. “Esto hace necesario un acuerdo de interpretación excepcional del convenio entre sindicatos y administración pública; dicho acuerdo pasaría por permitir la titulación genérica 'Grupo 3' para que entren en el proceso de selección en el SAE una gran parte de las afectadas”, subraya García, que reconoce que esta vía “es complicada”, aunque le consta que “aún así los sindicatos se han puesto a estudiarla”.

Para el diputado de IU, “lo importante es encontrar una solución que haga posible conciliar los derechos de unos trabajadores que han prestado satisfactoriamente un servicio a la administración en condiciones de precariedad y explotación, y por debajo de los costes normales del servicio, con la racionalidad de cubrir las plazas de la administración pública con las titulaciones, formación y experiencia adecuadas”.