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IU critica la sentencia sobre desahucios y exige una reforma constitucional

Si el decreto andaluz antidesahucios no cabe en la Constitución, señalan, la Carta Magna "es el problema" para la "salvación de las personas".

La federación de izquierdas entiende "muy grave" la decisión del Tribunal Constitucional, que marca "un antes y un después".

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El Tribunal Constitucional anula la ley andaluza antidesahucios

El Tribunal Constitucional anula la ley andaluza antidesahucios

El portavoz de la Izquierda Plural, José Luis Centella, ha criticado la sentencia del Tribunal Constitucional que ha anulado algunos aspectos del decreto andaluz antidesahucios y ha apostado por una reforma de la Constitución para que deje de ser un "problema" y proteja a las personas.

Si el decreto no cabe en la Constitución, el texto constitucional "es el problema para miles de personas que veían en este decreto una tabla de salvación", ha denunciado.

En una rueda de prensa tras la Junta de Portavoces del Congreso, ha calificado de "muy grave" la sentencia porque puede marcar "un antes y un después" y supone que el Tribunal Constitucional (TC) ha hecho un "dique" para evitar la "salvación de las personas".

"Siempre hemos defendido un proceso constituyente, pero ahora lo hacemos desde la indignación", ha insistido.

En esta misma línea, el portavoz de ICV, Joan Coscubiela, ha recordado que la Constitución recoge el derecho a una vivienda y exige que la propiedad privada tenga un uso social, por lo que si la Constitución no cumple su uso social se está incumpliendo la Carta Magna.

"El Gobierno central ni come ni deja comer", ha denunciado Coscubiela, que cree que el Gobierno debería ser el primer garante de la Constitución, pero en su lugar lo que hace es impedir que otras administraciones como la Junta de Andalucía lo haga".

El Tribunal Constitucional ha aceptado el recurso del Gobierno de Mariano Rajoy contra la ley andaluza antidesahucios, que preveía la expropiación de viviendas vacías en manos de los bancos, y ha anulado los aspectos de esta norma que considera que invaden competencias exclusivas del Ejecutivo central.

El pleno del tribunal de garantías anula así parcialmente el decreto-ley andaluz, dado que considera que la expropiación de dichas viviendas invade la competencia exclusiva del Estado en materia de "coordinación de la planificación general de la actividad económica".

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