Un juez de Jaén sentencia que la prestación de la dependencia es competencia municipal

El Ayuntamiento de Jaén es la administración competente para prestar la Atención a la Dependencia. Eso es lo que ha decidido el titular del juzgado número 3 de lo Contencioso Administrativo de Jaén al revocar el decreto de alcaldía por el que el Consistorio renunciaba a mantener esta prestación por el retraso de la Junta en el pago de las mensualidades. Amparándose tanto en la Ley de Dependencia, como en las órdenes que la regulan en Andalucía como en varias sentencias del Tribunal Supremo, el juez señala que “el Ayuntamiento de Jaén no pude abandonar las funciones que legalmente le corresponden en la prestación del servicio ni en base al retraso por parte la Junta de Andalucía de la obligación de pago ni por cualquier otra causa.”

De este modo, condena al Consistorio a pagar las costas judiciales –una suma, por determinar, que debe fijar un perito- que se derivan de este proceso y a mantener un servicio al que no puede renunciar porque, al hacerlo, “incumple su más básica y elemental razón de ser, falta al cumplimiento de las obligaciones que le impone la normativa vigente y deja totalmente desprotegidos y en precario a los ciudadanos que demandan y necesitan esa protección social”, explica el documento judicial.

La lectura del alcalde de Jáen, José Enrique Fernández de Moya (PP) no considera que una condena el hecho de que el Ayuntamiento tenga que pagar las costas judiciales ni interpreta que la revocación del auto que dictó a finales de 2013 le reste razón. Todo lo contrario. Se ha mostrado “muy satisfecho” por lo que considera un “varapalo judicial” a la Junta.

Para Fernández de Moya lo importante es que la sentencia señala que la denuncia del convenio “se presentó en tiempo y forma”. De lo que deduce que el juez ha dicho a la Junta “siéntese ya a negociar con el Ayuntamiento de Jaén”. Fernández de Moya no ha ahorrado calificativos. Desde “severísimo correctivo” a “bofetada judicial” que ha repartido a partes iguales entre la Junta, Susana Díaz, el PSOE e Izquierda Unida. Todo para pasar de puntillas sobre un hecho: que debe pagar las costas judiciales por un procedimiento que asegura no haber perdido. Este extremo para el alcalde de un ayuntamiento asfixiado económicamente es algo que “no tiene la mayor relevancia” y que se refiere exclusivamente al “ámbito procesal”. 

En la setencia el juez argumenta que, según la Ley de Dependencia, es “necesario el compromiso de todos los poderes públicos” para mantener la prestación y que “el servicio de ayuda a domicilio es de titularidad pública y su organización es competencia de las corporaciones locales de Andalucía, que podrán gestionarlo de forma directa o indirecta. Un aspecto que para Fernández de Moya pierde fuerza ante el reconocimiento de que la competencia es exclusiva de la Junta de Andalucía.

Recurso

Contra la decisión judicial cabe recurso pero el Ayuntamiento no la recurrirá. “¿Cómo voy a recurrir?”, se ha interrogado el alcalde para volver a insistir en que el fallo judicial “da la razón” al Ayuntamiento “de la A a la Z”, en la medida que reconocer que su denuncia llegó a tiempo, que la Junta le debe dinero y que señala que cabe renegociar el acuerdo. Por eso, este martes ha dirigido un escrito a al consejera de Igualdad, Salud y Politicas Sociales para instalarla a esa negociación. Si la Junta no acepta pedirá “la ejecución inmediata de la sentencia”. 

Mientras tanto, para las trabajadoras la decisión judicial viene a poner de manifiesto que todo el conflicto responde a “una pataleta del alcalde”, señalaba María del Carmen García, presidenta del comité de empresa de Multiservicios Jabalcuz, prestataria de la Ayuda a Domicilio. Por su parte, les “tranquiliza” una decisión judicial que, por otra parte no les ha sorprendido.

La tensión entre la Junta y el Ayuntamiento a cuenta de la dependencia no sólo acabó en los tribunales el 23 de enero de 2014. También ha provocado demoras en los pagos de las nóminas de las empleadas ya que el retraso de la Administración autonómica se ha traducido en demoras del Ayuntamiento con la empresa. Las trabajadoras llegaron a convocar huelga indefinida en dos ocasiones durante 2014. En octubre pasado se cerró la última crisis. Desde entonces, según García, cobran sus salarios con cierta regularidad aunque el Ayuntamiento mantiene una deuda que ronda los 2,5 millones de euros con la empresa. También se ha ampliado el número de horas de atención y se han realizado algunas contrataciones, por lo que el servicio lo integran ahora mismo alrededor de 180 auxiliares.

Satisfacción

La Junta de Andalucía ha sido moderada en su valoración. Se ha limitado a subrayar la “satisfacción” de la consejera de Igualdad, Salud y Políticas Sociales, María José Sánchez Rubio, por la sentencia. Ha lamentado el “grave perjuicio” que el conflicto ha generado a más de 400 usuarios, así como la “incertidumbre y preocupación” que les ocasionó. El secretario general del PSOE, Francisco Reyes, ha sido menos comedido al exigir al alcalde que “pida perdón a los ciudadanos, los dependientes y sus familias porque el tiempo que les hizo sufrir no se lo merecían”.

En esa misma línea se ha expresado el candidato socialista a la alcaldía, Manuel Fernández, quien ha matenido una reunión con los representantes de las trabajadoras y el propietario de Multiservicios Jabalcuz. Fernández ha pedido al alcalde que, al igual que envió una carta a los enfermos anunciándoles la renuncia al servicio, que ahora remita otra pidiendoles perdón y adjuntando la sentencia. También ha señalado que “el decreto era una infamia y la sentencia del juzgado lo ha confirmado”.