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Griñán y Zarrías piden anular la apertura del juicio de los ERE por una maniobra 'in extremis' del PP

Sus defensas alegan que el juez ha incluido el delito de asociación ilícita en el auto a pesar de que nunca se les ha investigado por ello

"No se puede tolerar que una de las acusaciones, aunque sea la del PP, se permita incluir hechos nuevos”, alega el abogado de Zarrías

Aducen que no han podido defenderse durante la instrucción de una acusación que no pesaba contra ellos

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Las defensas de José Antonio Griñán y Gaspar Zarrías han presentado un escrito ante el Juzgado que investiga el caso de los ERE solicitando que se anule la apertura de juicio oral, dictada el pasado 3 de noviembre, porque en ella se incluye el delito de asociación ilícita contra su cliente y otros acusados. Este delito no fue objeto de la investigación y solo se ha incluido a petición del Partido Popular en el citado momento procesal, sin que los acusados hayan tenido derecho a defenderse de la misma en fase de instrucción, alegan los letrados. “No se puede tolerar que una de las acusaciones, aunque sea la del Partido Popular, se permita incluir en la acusación hechos nuevos”, dice el incidente de nulidad presentado por Gonzalo Martínez Fresneda, en representación de Zarrías.

Los dos exdirigentes del PSOE andaluz comenzaron a ser investigados judicialmente por un delito continuado de prevaricación, de acuerdo al auto dictado hace ahora un año. El caso ha pasado desde entonces del Tribunal Supremo, donde fue instruido por la condición de aforados de los imputados, al Juzgado número 39 de Sevilla, cuando los mismos renunciaron a sus actas de diputados. En todo este tiempo, alegan las defensas, no se les ha informado en ningún momento que la investigación se haya ampliado porque hayan surgido indicios de que los políticos formaran parte de “un grupo o asociación constituida con el fin de cometer delitos”.

Así aparecía, sin embargo, en el escrito de acusación del Partido Popular y así lo incluyó el juez instructor el auto de apertura de juicio oral. Pero, como alegan las defensas, antes no se había practicado ninguna diligencia “con el fin de constatar la estructura, jerarquía, cadena de mando, miembros o fines de la supuesta asociación” para desviar el dinero de las partidas de los ERE.

“De haberse cumplido la Ley y haber sido informados que pesaba contra el encausado esta imputación, hubiéramos solicitado en instrucción la práctica de pruebas en descargo; hubiéramos argumentado la inexistencia del delito, solicitado el archivo de tal imputación y, finalmente, hubiéramos recurrido el auto de prosecución en este particular”, alega el abogado de Zarrías.

El abogado de José Antonio Griñán, José María Mohedano, califica como "fabulado" el delito de asociación ilícita y considera una "acusación sorpresiva" la realizada por el PP y recogida por el magistrado de refuerzo del juzgado, Álvaro Martín, en la pieza de los ERE conocida como la del procedimiento específico, que afecta a 26 exaltos cargos andaluces.

En esta causa, la Fiscalía pide seis años de prisión y 30 de inhabilitación para Griñán por un delito continuado de malversación y otro de prevaricación, una pena superior a la de su antecesor en el cargo, Manuel Chaves, por su actuación cuando fue consejero de Hacienda.  Para Chaves, la Fiscalía pide diez años de inhabilitación por un delito de prevaricación.

Tras el informe de la Fiscalía, Manos Limpias se adhirió a sus peticiones de cárcel y la Junta de Andalucía, que está personada como acusación particular, pidió el archivo de la causa.

El PP de Andalucía, que asumió la petición de la Fiscalía, solicitó además dos años de cárcel y doce años de inhabilitación contra Chaves y Griñán al considerar que ambos y los otros 24 encausados cometieron un delito de "asociación ilícita". EFE

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