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La Junta de Andalucía pisa el acelerador: aprobado el proyecto de Ley de Emprendimiento

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LAFE: Ley Andaluza de Fomento del Emprendimiento. El Consejo de Gobierno ha aprobado este lunes un proyecto de ley que llevaba dos años esperando y que supondrá el nacimiento de un sistema para coordinar las políticas de la Junta de Andalucía destinadas a garantizar el derecho a poner en marcha un proyecto empresarial en igualdad de oportunidades. Para ello, recoge una cartera de 15 servicios específicos. El anteproyecto fue aprobado hace casi año y medio.

El consejero de Economía y Conocimiento, Antonio Ramírez de Arellano, ha explicado que “Andalucía será la primera comunidad autónoma con un sistema público integral para emprender”. Entre sus principales novedades, ha destacado los servicios dirigidos a conectar emprendedores e investigación, los destinados a impulsar proyectos empresariales nacidos en el seno de las universidades y que cuenten con un gran potencial innovador y el acceso a financiación.

La ley persigue varios objetivos: aumentar los niveles de competitividad de las nuevas empresas, potenciar la incorporación de la innovación uniendo conocimiento y emprendimiento, incrementar los índices de supervivencia de las iniciativas empresariales y fomentar las vocaciones emprendedoras.

En cuanto a la cartera de servicios, entre los 15 existentes destacan por su novedad los dirigidos al denominado “emprendimiento de nuevas oportunidades”. También llamado de segunda oportunidad, va destinado a personas que han tenido experiencias fallidas anteriores. El asesoramiento a mujeres, el enfocado a jóvenes menores de 35 años y el específicamente orientado a ideas surgidas en universidades, tanto por parte de estudiantes como de investigadores o profesores, son los más novedosos.

La nueva legislación hace hincapié en dos modelos de emprendimiento a los que les dedica un apartado específico: el mundo rural y la economía social. En el primero, con el que se persigue eliminar desigualdades territoriales, se contempla la realización de un estudio para la clarificación de zonas rurales para la detección de necesidades específicas en cada área y que serán la base para crear microprogramas para emprender en estos territorios. De hecho, se creará el Estatuto de la Persona Emprendedora Rural.

El segundo modelo es el emprendimiento en el ámbito de la economía social, con especial mención al cooperativismo, donde se pretende potenciar la innovación, diversificar actividades, elevar los niveles de formación y atraer al sector iniciativas con altos niveles de cualificación, entre otros.

El instrumento organizativo para poner esta ley en marcha será el Plan General de Emprendimiento, que deberá estar listo en el plazo de un año y será la herramienta básica de planificación, coordinación y ejecución de acciones. El documento tendrá carácter cuatrienal, estará consensuado con los agentes económicos y sociales y en él se definirán las prioridades de acción, los programas específicos sectoriales así como los objetivos a alcanzar e indicadores de seguimiento que permitirán su evaluación.

Otra de las iniciativas destacadas de la LAFE es la creación del Programa Andaluz de Formación para Emprender, un plan que será diseñado con la colaboración de las consejerías competentes en la materia. Junto con ello, el nuevo marco regulador asegurará la continuidad de los programas de fomento y difusión de la cultura emprendedora que actualmente se llevan a cabo.

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