Paralizado el desahucio de una vivienda pública previsto este miércoles
El desahucio previsto para este miércoles de Natividad Ibáñez y su hija de 12 años de una vivienda del parque público de la Junta de Andalucía en Granada ha sido suspendido después de que aproximadamente 200 personas, entre vecinos, colectivos y partidos se apostaran a las puertas del edificio desde primera hora. No se han registrado incidentes pero la presión ha podido y la familia continúa en su casa.
El desahucio fue ordenado por el Juzgado de Instrucción 3 de Granada después de que la expareja de la mujer, adjudicatario de la vivienda, renunciara a la misma pero no pudiera devolver las llaves porque se habían quedado en la misma Natividad Ibáñez y la hija de los dos. La Agencia de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía (AVRA), adscrita a la Consejería de Fomento y Vivienda, le ofreció tres alternativas de alojamiento a la mujer a la espera de que le fuera adjudicada una vivienda en alquiler social cuando le tocara en la lista de demandantes.
Pero ella las rechazó todas porque se le ofrecieron dos alojamientos provisionales, compartidos y en otros barrios o 900 euros en concepto de emergencia social para que alquilara en el mercado libre unos tres meses, que es lo que se calcula que tardará en ser adjudicataria. Todas estas medidas han sido consideradas inadmisibles por la afectada, quien, por un lado, no quiere desarraigar a su hija del barrio en el que está escolarizada y, por otro, no encontraba la manera de mudarse por sus medios con 900 euros para tres meses.
La Junta de Andalucía insiste en que la ocupación de este inmueble, en el 36 de la calle Casería de Aguirre, es “irregular” y su expulsión, avalada por el juzgado, se debe a la política de recuperar vivienda pública en esta situación para otorgarla en función de la lista de demandantes y en función de los requisitos. Desde Stop Desahucios, sin embargo, uno de sus abogados, Pepe Iglesias, defiende que el derecho sobre la VPO fuera subrogado del padre a la hija, cosa que no ha aceptado AVRA porque la pareja no estaba casada, lo que para el letrado es “inaudito”.
De todas maneras, desde AVRA no se consideraban responsables del desalojo, porque lo inició el adjudicatario y porque la mujer no paga renta alguna, entre otras cosas porque no es la titular del inmueble “y porque en este tiempo de ocupación ilegal no ha mostrado ninguna disposición a hacer frente” a la cuota. Eso sí, se trata de una mujer que cuenta con informes de los Servicios Sociales Comunitarios que avalan su situación de riesgo de exclusión social, dado que apenas viven las dos del ingreso mínimo de solidaridad que ofrece la Junta de Andalucía.
De momento, sin que la Junta de Andalucía haya ofrecido garantías de que se renuncia definitivamente, lo cierto es que este miércoles en la Zona Norte de Granada, uno de esos barrios olvidados de la comunidad autónoma, eran muchos los que celebraban que Natividad Ibáñez y su cría se quedan.
