La Junta de Andalucía no descarta ahora publicar la lista de subvenciones reclamadas
Primero lo anunció; luego lo retrasó; para a continuación decir que era imposible; y ahora, lo está planteando de nuevo. La Junta de Andalucía estudiará “fórmulas” para publicar alguna información sobre los beneficiarios de subvenciones para la formación a los que se les reclama su reintegro -en total ya van más de 17,4 millones de euros- por no haber justificado correctamente su uso. Lo ha expuesto el consejero de Presidencia, Manuel Jiménez Barrios, que respondía a una exigencia del coordinador regional de IU, Antonio Maíllo, para que se haga público el listado en pro de la transparencia y tal y como prometió el propio consejero de Educación, Cultura y Deporte, Luciano Alonso. “Los datos se publicarán pero tendrán las limitaciones que marque la ley”, ha dicho, pero ha rechazado que se vaya a hacer por las “presiones” de IU.
“Con el informe en la mano hay que tener cuidado”, ha precisado, en relación a la valoración de los Servicios Jurídicos de la Junta de Andalucía por el que se dio un paso atrás, pese a que en comisión parlamentaria se comprometió su publicación. vSe están estudiando algunas fórmulas para poder paliarlo“, ha repetido, convencido de que habrá noticias próximamente sobre este tema. ”El Gobierno de Andalucía no lo descarta, pero está intentando encontrar una fórmula que no vaya en contra de la propia ley“, ha remarcado, ”para que no dé pie a demandas posteriores“, tras lo que ha reconocido que ”por escrito“ han recibido ya avisos de beneficiarios -entre otros una carta de la Confederación de Empresarios de Andalucía (CEA)- que han advertido de que no están dispuestos a tolerar que se haga pública la lista.
Estatutos del Consejo de Transparencia y Protección de Datos
Estas afirmaciones las realizaba al término del Consejo de Gobierno en el que precisamente se ha conocido el borrador de los estatutos para el futuro Consejo de Transparencia y Protección de Datos, con el que comenzará a crearse la estructura para la puesta en marcha de la Ley de Transparencia, que entra en vigor a mitad de 2015. El consejero ha explicado que en breve se expondrá al público, con el fin de recabar la máxima participación. “Es un paso importante”, ha dicho, confiando en que entre en funcionamiento en el primer trimestre de 2015, una vez que los presupuestos autonómicos del próximo ejercicio ya recogen una partida de 60.000 euros para su puesta en marcha.
“Nace como una autoridad independiente (…). Contará con una persona al frente que será designada por el Parlamento de Andalucía por mayoría absoluta por cinco años no renovables”, ha expuesto, si bien ha deseado que se pueda trabajar para que se haga por dos tercios de los diputados.
El consejo deberá velar por el cumplimiento de la ley tanto en la publicidad activa como en la salvaguarda de los derechos recogidos. Tendrá un plazo máximo de 20 días para dar respuesta. Este órgano recibirá las denuncias de cualquier persona que vea lesionado su derecho, igual que podrá abrir también procedimientos de oficio. Su director tendrá consideración de alto cargo y será “una persona de reconocido prestigio” con una experiencia mínima de 15 años en tema de transparencia relacionada con la función pública. Tendrá entre sus funciones la de evaluar el cumplimiento de la ley y presentar un informe cada año sobre ello.
En paralelo, una comisión con 15 miembros, que no tendrán retribución pero sí cobrarán dietas por las sesiones a las que acudan, se encargará de asesorarle. Los miembros de la comisión saldrán de todos los agentes que han estado colaborando este tiempo en la redacción para hacer real la ley, como por ejemplo los representantes de consumidores, sindicatos, Defensor del Pueblo Andaluz, etcétera.
