La Junta de Andalucía atribuye a su “voluntarismo” los problemas en las subvenciones a autónomos
La Junta de Andalucía ha atribuido las deficiencias denunciadas este viernes en un informe de la Cámara de Cuentas en las subvenciones para autónomos a una situación muy concreta que urgía responder a un crecimiento imparable del desempleo en la comunidad autónoma desde 2007, con el Plan de Fomento y Consolidación del Trabajo Autónomo, que se derogó en 2011, entre otras cosas para adaptarlo a un “nuevo contexto” y por los problemas que se habían detectado. Entre esos problemas están los citados por la Cámara de Cuentas, pero también otros como las “avalanchas” de gente en convocatorias puntuales que no respondían a las expectativas de todos. “Cuando hay mucho voluntarismo, obviamente las cosas no se hacen todas perfectamente (...) pero debemos tener ambición para solucionar los problemas de Andalucía”.
En estos términos se ha expresado el secretario general de Economía, Gaspar Llanes, quien ha comparecido junto al director general de Autónomos y Planificación Económica, Ignacio Pozuelo, para interpretar el informe. De hecho, ha enfatizado que la Junta de Andalucía desplegó todos los mecanismos para hacer frente a una situación “muy compleja”, porque entre 2007 y 2010 -el año de concesión, mediante 15 órdenes, de los fondos que han sido fiscalizados- se pasó de una tasa de paro del 13,8% al 27,8%.
“Es fácil hacer valoraciones injustas sin contextualizar el periodo”, ha insistido, no sin antes subrayar que la Junta de Andalucía muestra todo su “respeto” por el trabajo de la Cámara de Cuentas. Pero a partir de ahí ha hecho algunas precisiones, como por ejemplo hablar de “exceptuaciones” donde el órgano dice “exoneraciones”, porque “no se está librando a nadie de la obligación de justificar”. Las últimas de estas exceptuaciones -donde conforme a la ley se permite otorgar subvenciones nuevas a beneficiarios que todavía no han completado la justificación de otras previas- corresponden a diciembre de 2012. Desde entonces, el compromiso es limitar esta fórmula y, como marca la ley, que excepcional y no habitual.
Igualmente, ha garantizado que, pese a que la Cámara de Cuentas alerta del riesgo de que prescriban los expedientes -y que en caso de que los beneficiaros debieran devolver las subvenciones no tendrían la obligación de hacerlo- no va ha ocurrir. Sí ha ocurrido con 429 expedientes. Suponen, según ha recalcado, el 0,9% del total de algo más de 356,5 millones de euros concedidos, o sea 3,2 millones de euros que se dan por perdidos.
De este modo, Gaspar Llanes ha garantizado “que ningún expediente más va a prescribir”. Para ello ha expuesto que desde mediados de 2014 hay un plan de choque en marcha para agilizar las tramitaciones. Y ha dado cifras: de los 15.522 pendientes de justificar -de un total que ronda los 48.000- que tenían sobre la mesa entonces, se han verificado 3.065. Para esta tarea, calcula que se emplearán dos años. Y ha dicho también que la Junta de Andalucía ha activado todos los mecanismos para “agilizar” la tramitación y “cumplir las recomendaciones” de la Cámara de Cuentas desde antes de que se conociera este informe.
En este sentido, “dada la falta de recursos humanos para hacer frente a este gran volumen de expedientes pendientes de comprobar las justificaciones que fueron aportadas por los autónomos” se optó por el citado plan de choque con un equipo de 20 funcionarios. “El trabajo de este grupo y los medios materiales implantados por la consejería han impedido e impedirán que desde la recepción de los expedientes se hayan producido prescripciones de los mismos”, ha informado. En este punto conviene matizar que no quiere decir que haya que hacer devoluciones masivas a las arcas públicas de estos incentivos, porque la mayoría de los beneficiarios completa correctamente la obligación de justificar su destino, pese a que la Junta de Andalucía no lo verifique en plazo. Y también que, aunque el plazo para que prescriban es de cuatro años, se puede ampliar porque en el proceso se van emitiendo notificaciones de uno y otro lado que mantienen vivo el expediente.
En la misma línea, ha insistido en que “de ese elevado volumen de ayudas, la Cámara de Cuentas no detecta irregularidades, ni valora negativamente la pertinencia, eficacia o eficiencia” de las mismas. “Es más dos de cada tres ayudas están justificadas (...) y la Cámara de Cuentas lo que realiza son recomendaciones de mejoras administrativas que asumimos plenamente”, ha continuado.
Este marco se derogó en 2011
Cabe recordar que hace tres años se aprobó la Ley 15/2011, de 23 de diciembre, de Promoción del Trabajo Autónomo que derogó el plan fiscalizado ahora por la Cámara de Cuentas. Del mismo modo, en 2012 se creó la nueva Dirección General de Autónomos [y desde 2013 también de Planificación Económica] adscrita a la Secretaría General de Economía, con la misión de coordinar todas las políticas de promoción de este colectivo.
Ese mismo año se anularon las bases reguladoras de las ayudas existentes, con el objetivo de propiciar la concurrencia competitiva en todos los procesos. De hecho, hay que subrayar que en su informe la Cámara de Cuentas observa que dos de cada tres subvenciones se concedían sin concurrencia competitiva, es decir, con criterios muy amplios donde se entregaban por orden de llegada. El objetivo ahora es “priorizar” las subvenciones, en palabras de Gaspar Llanes, por ejemplo con criterios que favorezcan a determinados colectivos o sectores en los que se quiera reforzar el emprendimiento.
En este sentido, en 2013 se aprobó el Decreto Ley 8/2013, de 28 de mayo, de Medidas de Creación de Empleo y Fomento del Emprendimiento que regula una nueva convocatoria de ayudas por concurrencia competitiva. “Respecto a la nueva convocatoria por concurrencia competitiva del ejercicio 2013 la Cámara de Cuentas no realiza consideraciones”, ha subrayado. En el último ejercicio se han destinado en este tipo de ayudas 19,8 millones de euros.
