La Junta dice que el ERE de Egmasa fue “una medida excepcional” justificada “por su carácter social”

El portavoz del Gobierno andaluz, Miguel Ángel Vázquez, ha querido aclarar este viernes que el expediente de regulación de empleo (ERE) que se realizó en 2003 en la Empresa de Gestión Medioambiental (Egmasa) de la Junta “no se debió, ni mucho menos, a ningún tipo de circunstancia económica” sino por razones de carácter social, ya que con él se intentó dar solución “a un grupo de trabajadores mayores de 61 años que trabajaban de bomberos forestales en especiales condiciones de peligrosidad y fatigosidad”.

Así lo ha dicho al ser preguntado por los periodistas, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, por el hecho de que la Intervención General del Estado haya trasladado a la juez que investiga el caso de los ERE irregulares, Mercedes Alaya, información sobre este ERE de Egmasa para el pago de la indemnización por despido a los 349 trabajadores afectados.

Vázquez ha defendido que “fue una medida excepcional pero perfectamente justificada” precisamente por el carácter social de la misma, ya que pretendía dar una solución a este grupo de trabajadores mayores de 61 años y cuyas condiciones de trabajo en la lucha contra incendios eran peligrosas.

Además, y tras recordar que esta es “una medida que ahora se está poniendo en marcha en toda España” para los bomberos forestales, ha precisado igualmente que Egmasa “era una empresa pública de la Junta y que nunca las subvenciones a entidades del sector público se someten al principio de concurrencia”. “Ni ahora ni nunca”, ha remachado.

El portavoz del Gobierno, que ha dicho pronunciarse sobre este aspecto con “prudencia” al carecer la Junta de la información que la Intervención General del Estado ha trasladado a Alaya, también ha explicado que Egmasa estaba sometida a un “control financiero permanente” y que, por lo tanto, la Junta “conocía perfectamente el estado de las cuentas de esta sociedad y Egmasa aportó su parte correspondiente al ERE”. De ahí, que haya insistido en que “el ERE no se debió a ningún tipo de circunstancia económica” sino social.

Por su parte, el presidente del PP andaluz, Juanma Moreno, ha lamentado este viernes que no hay empresa pública de la Junta de Andalucía que “no esté salpicada por ningún escándalo”, tras conocerse que el Gobierno regional dio unos 21,6 millones de euros a la Empresa de Gestión Medioambiental (Egmasa), “prescindiendo del procedimiento legal”, según la Intervención General del Estado.

En una visita al Parque Joyero de Córdoba, Moreno ha comentado que le preocupa “enormemente” la marca Andalucía, porque “cada día está más dañada”, dado que, según apunta, desde que es presidente de los populares andaluces “no hay ni una sola semana en la que no hayan salpicado los casos de corrupción en Andalucía”.

Así, el dirigente del PP señala que esta situación le preocupa, “porque en términos de credibilidad de las instituciones, para la gestión y para el atractivo de la financiación es claramente negativo”.

Al respecto, critica que “al final no se fiscaliza ni se controla desde el Gobierno autonómico”, donde, agrega, “se han saltado absolutamente todos los procedimientos”, de manera que, a su juicio, “alguien en un gobierno democrático debería de dar alguna respuesta y responder políticamente a las acusaciones que son de alto calado y muy graves”.

De este modo, insiste en “la necesidad de que se acometa de una vez por todas” una reforma del sector público andaluz, que tiene que “tener más controles para evitar que nadie se salte, como se saltan a la torera, todos y cada unos de los procedimientos administrativos de los que dispone el ordenamiento jurídico y administrativo”.