La Junta dará a conocer los bancos que no informen de sus VPO vacías

El plazo de un mes para que la banca informara a la Junta de su parque de VPO vacías expiró el lunes. Ese era el marco temporal que marcaba el decreto-ley andaluz de función social de la vivienda, el decreto antidesahucios (aprobado el 11 de abril), pero algunas entidades financieras no están siendo todo lo colaboradoras que cabría esperar. El Ejecutivo andaluz no quiere perder ni un minuto en exigir el cumplimiento de esta norma, pero también persigue que el resultado final sea óptimo. Esperará quince días más. Si no cumplen, habrá que presionar y llegado el caso no tendrá problema en dar el nombre de las entidades que se resisten.

Según fuentes de la Consejería de Fomento y Vivienda, estas dos semanas extra no son ningún periodo de gracia. Es un margen de garantía suficiente para que llegue la documentación de las entidades financieras, ya que algunas tienen sede en otros puntos del país y pueden haber dado salida a sus documentos justo antes de que acabara el plazo. Pero hay algunas que ya se sabe que no están por la labor.

De todas formas, el portavoz del Ejecutivo, Miguel Ángel Vázquez, tras la reunión semanal del Consejo de Gobierno, explicó que antes de que se aprobara este decreto, la Consejería ya venía trabajando con el sector financiero para tener un censo de viviendas protegidas vacías y sacarlas al mercado del alquiler. Concretamente, desde el último trimestre de 2012, venía requiriendo información a los bancos sobre su parque inmobiliario protegido deshabitado, por lo que el decreto no les habría pillado tan de sorpresa. Por eso, transcurrido ahora el periodo reglamentario, si dentro de quince días no hay respuestas, advirtió de que “no tendrán ningún problema en dar los nombres”. “No es colaborar con el Gobierno, sino que se trata de dar una solución a las personas que lo están pasando mal”, apostilló.

La advertencia de Vázquez rebaja un poco el nivel de presión respecto a lo que marca el propio decreto: la sanción. El texto deja claro que los bancos, y también las sociedades inmobiliarias, deben colaborar con la Consejería de Fomento para sacar esas viviendas al mercado del alquiler, porque de lo contrario se podrán imponer multas. En este caso, “negarse a suministrar datos a la Administración u obstruir o no facilitar las funciones de información, control o inspección”, es decir, “obstrucción”, se considera una falta leve, y la sanción oscilará entre los 1.000 y los 3.000 euros como máximo (la falta muy grave puede llegar hasta los 9.000). Quedan fuera de cualquier sanción los propietarios particulares de viviendas vacías. A estos se les incentivará con rebajas fiscales, ayudas y garantías contra los impagos de los inquilinos.

Tras pedir información sobre las VPO, el siguiente paso que dará la Consejería de Fomento es la aprobación de un reglamento para inspeccionar todo el parque inmobiliario que está desocupado en la comunidad, para proceder a su salida al mercado del alquiler.

El volumen de viviendas vacías en Andalucía es de 700.000 a un millón de inmuebles (un 20% de las viviendas existentes), y entre 350.000 y 500.000 pertenecen a personas jurídicas, según datos de la Consejería. El dinero que se recaude irá destinado a financiar políticas para promover el derecho a la vivienda.

De la polémica vía postal o electrónica del Gobierno central y la UE sobre este decreto, Vázquez dejó clara la disposición de la Junta al “diálogo y la colaboración”, pero “sin intermediarios”. Calificó de “lamentable” el “uso partidista” que, a su juicio, ha hecho Moncloa de una solicitud de información de Bruselas, al convertirla en dudas sobre su viabilidad. Algo que, por otro lado, se desmontó ayer, después de que el portavoz de Asuntos Económicos de la Comisión, Simon O'Connor, negase el envío de ninguna misiva a Moncloa cuestionando el alcance de la iniciativa de la Junta.

Vázquez consideró que la raíz de esta “mentira” del Ejecutivo central está en que “en su fuero interno” quiere recurrir esta medida ante el Tribunal Constitucional, pero sería “tremendamente impopular”, y por eso busca subterfugios como el de esta supuesta comunicación de Bruselas, aprovechando la visita “rutinaria” de la Troika.

A cuenta de este rifirrafe, está habiendo conversaciones entre los gobiernos central y autonómico, aunque no supo precisar resultado alguno, y advirtió de que este tipo de episodios no van a alterar el “ritmo” del desarrollo reglamentario ni la aplicación de este decreto.