Andalucía refuerza el sistema de dependencia con un plan para atender a 234.000 andaluces en 2017

El Consejo de Gobierno ha aprobado este martes un plan para mitigar los efectos de los “recortes” del Ejecutivo central en materia de dependencia, avanzar en la atención de las personas sin prestación reconocida y reducir los tiempos de respuesta. La nueva estrategia, de carácter anual y con un presupuesto de 25 millones de euros, permitirá atender en Andalucía a más de 234.000 personas en situación de dependencia a finales de este año, frente a las 183.000 que había hasta el pasado 31 de enero.

En la rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo de Gobierno, la consejera de Igualdad y Políticas Sociales, María José Sánchez Rubio, ha explicado que el plan aprobado hoy, que tiene una duración prevista de un año aunque algunas de las medidas se prolongarán en el tiempo porque son cambio normativos que seguirán en vigor, tiene como objetivo avanzar en la atención a las personas en situación de dependencia que no tengan prestación reconocida y agilizar el trámite de acceso.

Según ha agregado, el objetivo es incorporar al sistema en este año a más de 76.400 personas, que en este momento tienen reconocido el derecho, pero no están incorporadas al sistema.

En relación con la agilización de los trámites, la consejera ha explicado que esto exige un cambio normativo que persiguirá agilizar el itinerario de los expedientes, que suelen estar sujetos actualmente a un camino muy “tortuoso”.

Ha manifestado que la ley contempla actualmente seis meses y que la Junta quiere ser rigurosa, como mínimo, con el tiempo de la ley y además establecer situaciones donde “podamos agilizar esos meses en función de la situación de la persona”. Según ha añadido, se trataría de dos caminos: de un lado los que entrarían por el acceso “normal, dentro del parámetro de tiempo que establece la ley” y de otro lado, establecer un camino para que, en función de la situación en la que se encuentre la persona, anticipar su entrada al sistema.

CONTENIDO DEL PLAN

El plan cuenta con tres bloques de medidas, referentes a agilización de procedimientos, ampliación de supuestos de excepcionalidad y mejora de la atención a las personas con dependencia moderada.

En el primero de estos ámbitos, el plan refuerza la colaboración con la Federación Andaluza de Municipios y Provincias (FAMP) para mejorar y agilizar la respuesta en los procesos de reconocimiento de la situación de dependencia y del derecho a las prestaciones, dado que los ayuntamientos son la puerta de entrada al sistema a través de los servicios sociales comunitarios.

El segundo de los bloques amplía y define los nuevos supuestos de excepcionalidad en el acceso a la prestación económica para el cuidado en el entorno familiar y el apoyo a cuidadores no profesionales. Se incorporan así los menores de 21 años en etapa escolar; las personas con enfermedad mental que permanecen con la familia, y aquellas con necesidades especiales para las que el servicio de ayuda a domicilio o de centro de día resultan insuficientes y para las que la atención residencial se desaconseja por los servicios sociales comunitarios.

Finalmente, el plan avanza en la incorporación al sistema de las personas con dependencia moderada reconocida. De este modo, se reforzarán las medidas comprometidas en el I Plan Andaluz de Promoción de la Autonomía Personal y Prevención de la Dependencia 2016-2020, y se ampliará la utilización de la red de Centros de Participación Activa de la Junta.

Entre otras acciones, destaca el reconocimiento del Servicio de Teleasistencia Avanzada como la prestación principal, en lugar de complementaria como hasta ahora, para las personas con dependencia moderada. Esta ayuda permite la detección de situaciones de riesgo mediante el uso de dispositivos periféricos en el hogar; facilita la atención fuera del domicilio con elementos móviles y de localización; favorece la actuación de los servicios de urgencias y emergencias sanitarias, y tramita con mayor agilidad las citas médicas y consejos sanitarios a través de la integración en la plataforma de asistencia del 061 y Salud Responde.

Según ha expuesto Sánchez Rubio, los recortes de la administración central en materia de dependencia han provocado que Andalucía deje de recibir 508 millones de euros desde 2012, a los que se suman otros 16 por el pago de la teleasistencia avanzada. Este dinero, según ha apuntado, hubiese permitido la atención de 105.000 personas más.

En el conjunto de España, según la consejera, las restricciones han supuesto la pérdida de 2.800 millones, así como la eliminación de la cotización a la Seguridad Social de las personas cuidadoras en el entorno familiar. Ha indicado que ello provoca grandes desequilibrios en las finanzas de las comunidades, obligadas a asumir la mayor parte del esfuerzo para evitar que el sistema de atención a la dependencia sea incapaz de cumplir los fines para los que fue creado en 2006.

En este sentido, ha expuesto que el plan aprobado hoy trata de contrarrestar “los recortes” llevados a cabo por el Ejecutivo central en los últimos años.

La consejera ha indicado que actualmente la Junta financia el 78 por ciento de la inversión total asociada a esta prestación, en contra del compromiso de cofinanciación al 50 por ciento que marca la Ley de Dependencia.

Según ha recordado, en el presupuesto autonómico de este ejercicio se consignan 1.181 millones de euros, un 2,5 por ciento más que en 2016, para el desarrollo de esta norma, cantidad similar a la que el Gobierno destina para toda España (1.250 millones). El compromiso de la Administración andaluza es que el incremento continúe hasta alcanzar el 10 por ciento acumulado a lo largo de la legislatura.

Asimismo, la consejera ha señalado que la aportación económica de la Junta ha permitido garantizar la estabilidad de 45.500 empleos desde la implantación del sistema (18.000 de ellos correspondientes a la ayuda a domicilio). Durante los diez años de desarrollo de la Ley de Dependencia, la Junta ha invertido más de 10.000 millones de euros en la atención de 371.600 personas, que se han beneficiado de 488.300 prestaciones.