El proyecto de Ley Audiovisual de Andalucía supera el debate de totalidad ante el Pleno del Parlamento

El proyecto de Ley Audiovisual de Andalucía, que establece una regulación integral de este sector estratégico para la economía, la cohesión social y la proyección cultural de la comunidad, ha superado este miércoles el debate de totalidad ante el Pleno del Parlamento, con lo que a partir de ahora seguirá su tramitación en comisión parlamentaria.

El vicepresidente de la Junta y consejero de Presidencia, Administración Local y Memoria Democrática, Manuel Jiménez Barrios, ha expuesto ante el Pleno del Parlamento el contenido del proyecto de ley, que incorpora medidas para asegurar la defensa del servicio público de forma que no puedan producirse privatizaciones ni externalizaciones, así como también refuerza la lucha contra las emisiones ilegales.

La futura norma cubrirá aspectos insuficientemente desarrollados por la legislación estatal básica en vigor desde 2010 (la Ley General de la Comunicación Audiovisual), sobre todo en lo relativo a la ampliación de los derechos de los usuarios, la protección de los menores, la participación de la ciudadanía, el control de las emisiones ilegales y reforzamiento de las sanciones, según Jiménez Barrios, quien ha indicado que se trata de un buen proyecto de ley, consensuado y participado, que será “vanguardia” en España.

Por su parte, el diputado del PP-A Guillermo García de Longoria ha criticado la “demora” de esta ley, porque llega tarde para un sector que está padeciendo una importante crisis. Ha indicado que no debe ser una norma “meramente de sanciones”, sino un claro punto de encuentro para solucionar problemas. ha recalcado que el proyecto de ley es “imperfecto y deficiente” porque no es lo suficientemente útil para el sector.

El parlamentario de Podemos Jesús Romero ha pedido al Gobierno andaluz que despliegue todas sus competencias en materia audiovisual para hacer frente a la “agresión” que supuso la ley estatal del 2010. Ha considerado que el proyecto de ley tiene una amplia “posibilidad de mejora” y ha abogado por apostar y defina las obligaciones del sector privado y apueste por el desarrollo del sector público.

La diputada de Ciudadanos Isabel Albás ha indicado con el debate parlamentario de esta ley se abre la oportunidad de que Andalucía cuente con una norma que mire al futuro y que realmente ponga en valor a la industria audiovisual y a las productoras, garantizando la pluralidad y el respeto a los valores y la legalidad vigente.

El diputado de IULV-CA José Antonio Castro se ha felicitado por que, por fin, este proyecto de ley se esté tramitando en el Parlamento, porque se ha tardado varios años en que llegara. Ha confiado en que durante la tramitación parlamentaria de la ley el PSOE-A no utilice el “rodillo” y tenga en cuenta enmiendas de los demás partidos porque hay sectores del ámbito audiovisual que han quedado “defraudados” con la norma.

La diputada del PSOE-A Olga Manzano ha defendido el contenido de la ley y ha apostado por que haya consenso en su tramitación.

CONTENIDO DE LA LEY

Respecto a los derechos, el proyecto de ley amplía su catálogo considerando a los usuarios no sólo como destinatarios de los servicios sino como parte integrante de la comunicación audiovisual. En este sentido, establece medidas para mejorar el acceso de la ciudadanía a los medios y el adecuado reflejo de la diversidad política, cultural y social de la comunidad.

También impone obligaciones concretas a administraciones y medios de comunicación para la protección de los menores en sus derechos al honor, la identidad y la imagen, además de garantizar el conocimiento de los contenidos de los servicios de televisión y sus horarios de emisión con una antelación suficiente.

Con el fin de facilitar la implicación de la sociedad, el proyecto recoge la creación del Consejo de Participación Audiovisual de Andalucía, que estará integrado por representantes de la ciudadanía y de los agentes del sector y funcionará como garante de los derechos de la población en relación con la comunicación audiovisual.

La futura ley afectará a todos los prestadores de servicios en este ámbito, incluyendo los privados, los públicos locales y el autonómico. Por primera vez en España, también se reconocerá y se dará cobertura legal a los que surgen en los ámbitos de las universidades y los centros docentes públicos, así como a los comunitarios sin ánimo de lucro. Con la definición de las condiciones de prestación, la gestión de sus licencias y el control y supervisión de su funcionamiento, el proyecto alcanza así la regulación integral de todos los ámbitos del sector.

En relación con el apoyo a la actividad económica y empresarial audiovisual, se establecen las bases de un sistema de incentivos y ayudas a la financiación para respaldar proyectos de creación, producción, distribución, exhibición y promoción exterior.

En cuanto al régimen disciplinario, el proyecto tipifica nuevas infracciones y sanciones (que irán desde los 10.000 a los 200.000 euros) para los casos de incumplimiento de esta colaboración y también para quienes realizan comunicaciones comerciales con prestadores del servicio sin licencia. El texto actualiza las cuantías previstas en la ley básica para hacerlas más acordes con la realidad y dimensión del sector audiovisual en Andalucía.