La Junta insiste en la “necesaria” participación del Estado para prestar el servicio jurídico penitenciario

El consejero de Justicia e Interior de la Junta, Emilio de Llera, ha asegurado que la participación del Gobierno del Estado “es necesaria” para reanudar con plena garantía legal el servicio de orientación y asistencia jurídica penitenciaria (Soapj), suspendido desde hace un año “debido a la negativa” del Ministerio del Interior a firmar el convenio que permite a la Junta prestar esta asistencia letrada complementaria a la población reclusa de Andalucía.

En comisión parlamentaria, De Llera ha señalado que la Junta continúa sin recibir comunicación oficial por parte del Ministerio sobre la propuesta de renovación del convenio planteada por la Consejería y, en consecuencia, sobre la continuidad del servicio.

En este sentido, el titular de Justicia ha manifestado que la Consejería no puede seguir financiando un servicio que se ofrece en centros gestionados por otra Administración sin contar con su preceptiva autorización. “La pelota está por tanto en el tejado del Ministerio y no en el de la Junta”, ha apostillado.

Según ha explicado el consejero, el convenio pendiente de firma es necesario porque regula una serie de trámites indispensables que son competencias de Instituciones Penitenciarias como son la participación de los centros penitenciarios en la certificación de las asistencias, el acceso al expediente disciplinario de los internos o el control de los horarios y días de prestación del servicio, así como el listado de los letrados que accedían al centro para ofrecer este servicio, entre otras obligaciones imprescindibles para la prestación de este servicio.

Al hilo de ello, De Llera ha subrayado que el convenio con el Ministerio del Interior “es fundamental” para dar cobertura legal al servicio, ya que sólo con la autorización del Gobierno del Estado se puede acceder a la información y expedientes de los reclusos para prestar la asistencia de manera adecuada y con todas las garantías legales.

A pesar de “la falta de respuesta” por parte del Ministerio del Interior, el responsable de Justicia e Interior de la Junta ha puesto de manifiesto que la población reclusa “no está desasistida a pesar de la suspensión del servicio”, ya que el Estado de Derecho pone a disposición de los presos a los juristas de los equipos técnicos y los servicios sociales de cada una de las prisiones.

El servicio jurídico penitenciario que pretende seguir prestando la Junta es un recurso complementario que venía a ampliar la atención que en materia de asistencia jurídica se viene ofreciendo por parte de los centros penitenciarios, cuyos servicios garantizan actualmente los derechos de los reclusos y dan cobertura a sus necesidades.

La Junta resalta que la propuesta de ampliación del convenio para continuar prestando el servicio la tiene en su poder el Ministerio del Interior desde noviembre de 2011 firmada tanto por el Gobierno andaluz como por el propio Consejo Andaluz de Colegios de Abogados.

La Consejería de Justicia e Interior se vio obligada a suspender el servicio al no tener la autorización del Ministerio y la cobertura legal para su prestación, a pesar de que la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias había destacado en varias ocasiones los resultados positivos que ofrecía dicha asistencia.

El consejero ha asegurado que “no es legal prestar este servicio con un convenio bilateral firmado sólo con los colegios de abogados, ya que la participación del Ministerio es una exigencia planteada incluso por el Defensor del Pueblo Andaluz”.

Además, ha recordado que hay otras comunidades autonómas en las que no se presta este servicio, como Galicia, La Rioja y la Comunidad Valenciana, igual que ocurre en el resto del territorio nacional donde las competencias de justicia son del Estado.